La batalla perdida de los payeses catalanes contra la plaga de jabalíes

Más allá de las imágenes curiosas que dejan los animales en sus atrevidas incursiones urbanas, la progresión de los jabalíes tiene un impacto directo en el sector agrícola. Los campos de cereales, las fincas de frutales y los viveros de plantaciones ya no le temen solo a la incertidumbre de la meteorología y a los estragos de un temporal. Los daños que causan los mamíferos salvajes son un quebradero de cabeza y suponen una losa para la supervivencia de explotaciones que andan renqueantes por culpa de las mermas de rendimiento y los costes al alza.

“Los jabalíes comprometen la viabilidad de aquellas explotaciones que arrasan porque el daño que causan no es soportable”, afirma Narcís Poch, coordinador del sindicato Unió de Pagesos en Girona. Es allí, en la zona norte, donde el jabalí tiene más presencia. “Está desbocado, la Administración no actuó en su momento y ahora se ha descontrolado”, afirma Poch.

En los puntos más conflictivos, como son los bosques de las Guilleries o las Gavarres, los censos más recientes del Departamento de Agricultura de la Generalitat contabilizan hasta 15 jabalíes por kilómetro cuadrado. “Una barbaridad”, insiste Poch. Según datos del Idescat, hay seis comarcas catalanas donde no se alcanza el umbral de 15 personas por kilómetro cuadrado.

El cuerpo de Agentes Rurales es el encargado de evaluar los daños que causa el jabalí en una explotación agrícola y, luego, de elaborar un informe que debería servir para que los técnicos de Agricultura, ahora englobados en el megadepartamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural autoricen a hacer batidas excepcionales. La estrategia está pensada para reducir la población de animales en los alrededores de aquellos campos y fincas intensamente colonizadas. “El proceso dura, como mínimo, una semana. Puede pasar que cuando lleguen los cazadores estén ya a 100 kilómetros”, critica Narcís Poch.

Un portavoz de los Agentes Rurales defiende que el cuerpo ha tomado medidas para atenuar el impacto devastador de los jabalíes. El año pasado, durante el confinamiento y con la caza recreativa paralizada, fueron los propios agentes rurales los que organizaron cacerías, bajo el argumento que la posible proliferación de los animales podría tener efectos sobre el suministro de alimentos y productos agrícolas. “No actuar podía desencadenar un problema grave para el sector primario”, manifiesta el citado portavoz. Las inspecciones de los Agentes Rurales por daños a explotaciones agrícolas se mantienen constantes desde hace años: 1.265 en 2018; 1.205 en 2019; 1.143 en 2020 y este año ya se acumulan 1.121. El protocolo fija qué medidas tomar y los pasos a seguir cuando se detecta sobreabundancia de alguna especie, pero en ocasiones la práctica no casa con la teoría. “Estamos hartos de ver cómo los Agentes Rurales hacen un informe favorable para una batida y, luego, Agricultura no la autoriza o, al revés”, señala Narcís Poch.

Falta de batidas

Además, para desplegar una batida hace falta contar con la colaboración de los cazadores que gestionan el coto de caza. Casi la totalidad de fincas agrícolas catalanas quedan integradas dentro de un coto, y solo los socios pueden disparar dentro de ese terreno. Pero, cazadores y payeses tienen intereses distintos. “Claro, hay veces que los cazadores, por el motivo que sea, pueden ser reacios a hacer una batida. Porque, al fin y al cabo, quien está sufriendo un perjuicio es el agricultor”, manifiesta Martí Gusó, propietario de una explotación agrícola en el Empordà y miembro del Consejo de Caza de Cataluña. “El payés lo ve de una manera y el cazador, de otra”, certifica Ramon Comes, agricultor del Segrià y responsable de Unió de Pagesos para los temas de fauna cinegética. “Además, con los cazadores pasa lo mismo que con los payeses, cada vez hay menos”, abunda. Comes pone de relieve que en la zona de Lleida el protagonista de la plaga es el conejo. “Roe la base del tronco de los frutales, la corteza, y mata al árbol porque corta el flujo de saba”, explica. “Plantar otro árbol y que empiece a producir supone esperar dos o tres años”, indica. Comes detalla que se han planteado distintas soluciones, pero con escaso calado. “Se habla de jaulas, de hilos eléctricos y hasta hay quien apuesta por la reintroducción del lince, pero lo que hace falta es facilitar la caza para la fauna cinegética”.

Martí Gusó defiende un planteamiento parecido: “La única solución para terminar con la abundancia de jabalíes es matarlos. Quizá habría que crear un grupo de cazadores profesionales y que cobrasen un tanto por cada cerdo abatido”, razona. Narcís Poch expone: “hay que entender que los propietarios de los cultivos tenemos que tener la manera de protegernos”. Cuando se le pregunta por posibles soluciones alternativas, responde claro: “¿Qué vas a hacer, vas a vallar todos los campos del país? Eso es una tontería”.