El Govern y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña topan por el protocolo sobre desahucios

El protocolo que establece cómo proceder ante los desahucios en Cataluña, vigente desde 2013, no se reformará por ahora. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado abordar cambios que buscaban más colaboración entre instituciones y una mayor implicación de los servicios sociales en los lanzamientos. El presidente del tribunal, Jesús Barrientos, considera que la normativa estatal sobre vivienda está ahora en “constante reforma y evolución”, por lo que no es oportuno abordar la firma de un nuevo protocolo. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha pedido una reunión para abordar el tema. La decisión del TSJC, que el diputado anticapitalista Xavier Pellicer ha revelado durante la sesión de control de este miércoles en el Parlament, ha abierto un nuevo frente entre el Govern y los anticapitalistas ad portas de la negociación presupuestaria.

La revisión del texto, para que no asistieran agentes antidisturbios de los Mossos a los lanzamientos, fue una de las exigencias de la CUP para invertir al president Pere Aragonès y la formación entiende ahora que el anuncio del TSCJ incumple el compromiso del Govern, lo que complica la negociación de los presupuestos. En mayo pasado, sin embargo, la actuación de la policía en un desahucio en el Poble Sec provocó malestar en las filas de la CUP. “¿Estará al lado de la fiscalía, de los bancos y de los especuladores o de los manifestantes y las familias”, ha criticado Pellicer en su turno de interpelación a al president Pere Aragonès. El anticapitalista ha criticado que el Govern no haya comunicado la intención del TSCJ de no modificar el protocolo, un acuerdo de la presidencia del TSJC fechado el pasado día 4, hace tres semanas.

“La pelota está en el tejado del TSJC y apelo a la responsabilidad y a la sensibilidad de mejora en el protocolo”, ha respondido Aragonès. El documento objeto de controversia data de 2013, cuando las consecuencias de la crisis económica se hacían notar con especial intensidad en la vivienda. Diversas instituciones (el TSJC, la Generalitat, las diputaciones, las asociaciones de municipios y los colegios profesionales) firmaron un texto que detalla una serie de supuestos y pasos a seguir para llevar a cabo los desahucios con las máximas garantías.

En enero de este año, la comisión de seguimiento de ese protocolo se reunió por primera vez y llegó a tres conclusiones básicas: incluir a los departamentos de Interior y Asuntos Sociales, “potenciar la cooperación institucional” para que la información circule más fluida y ofrecer “más información” a los afectados sobre las ayudas que pueden percibir en caso de perder la vivienda.

La moratoria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar los desahucios de personas vulnerables -y sus sucesivas prórrogas- aconsejan aplazar la reforma, concluye ahora el TSJC. Barrientos recuerda que la posibilidad de suspender desahucios se ha “prorrogado sucesivamente” y asegura que “no es descabellado pensar” que pueda prorrogarse de nuevo. “Se considera prudente no avanzar en la redacción de un nuevo texto y estar a las normas vigentes” sin perjuicio, añade el acuerdo firmado por el presidente del TSJC, de “seguir colaborando con los servicios sociales y demás entidades implicadas”.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, fuentes del área de Vivienda han lamentado “no haber sido convocadas a ninguna reunión de trabajo para avanzar en la modificación del protocolo”. “Hemos pedido en reiteradas ocasiones a la Generalitat y el TSJC sentarnos y hablar para modificar circuitos y protocolos y poder intervenir desde el comienzo”, indican y señalan que la unidad municipal que interviene en los casos de desahucio “sabe como trabajar en la mediación y ahorrando sufrimiento y angustia a las familias”. Las mismas fuentes han exigido además a la Generalitat “que ponga más recursos, personal y dinero y aporte pisos a la mesa de emergencia, informa Clara Blanchar.

El consistorio barcelonés, mientras, sigue pendiente también de la revisión del protocolo que firmó el ex alcalde Xavier Trias en 2013 con el TSJC y los colegios de abogados y procuradores, y que contemplaba la presencia de servicios sociales para atender a la comitiva judicial. Los profesionales de los servicios sociales defienden que su presencia solo sería válida si pudieran atender a las familias desahuciadas y darles alternativas en caso de que se materialicen los lanzamientos.