La fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Sandro Rosell por defraudar a Hacienda
El expresidente del Barça, que fue absuelto de organización criminal, está acusado ahora de evitar el pago de 230.591 euros en impuestos en 2012


La fiscalía ha pedido que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell sea condenado a dos años y nueve meses de cárcel por fraude fiscal. Rosell, que fue absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, está acusado ahora de defraudar 230.591 euros a Hacienda en el año 2012, mientras dirigía el club azulgrana. El fiscal solicita además que se imponga a Rosell una multa de 300.000 euros.
El escrito de acusación señala que Rosell desarrolló el grueso de su actividad profesional a través de una empresa llamada TOC que, en realidad, “carecía de estructura empresarial” para prestar los servicios. En 2012, según ha constatado la fiscalía, constaban como trabajadores cinco personas que realizaban labores de mantenimiento y limpieza en las oficinas y en una masía que es la segunda residencia de Rosell. El expresidente del Barça “se sirvió” de TOC para “obtener rentas que no declaró” en el IRPF. La empresa facturaba a clientes que, en realidad, recibían servicios del propio Rosell.
Según el relato de la fiscalía, Rosell dedujo como gastos más de 48.000 euros en facturas emitidas por la consultora KMPG por el asesoramiento sobre cuestiones de fiscalidad internacional, que no tenían relación con la actividad económica de la empresa. También se dedujo otros 1.500 euros de pagos con una tarjeta de crédito y que el fiscal de delitos económicos Pedro Castro tampoco considera justificados.
En junio de 2019, Rosell ingresó en las arcas públicas la cuota defraudada (los 230.591 euros) más los intereses, de ahí que la fiscalía aprecie la atenuante de reparación del daño y haya rebajado la petición de pena.
Rosell fue detenido en mayo de 2017 y permaneció 21 meses en prisión preventiva, acusado de ayudar a blanquear comisiones por la retransmisión de partidos de la selección brasileña de fútbol y por el contrato de esponsorización con Nike. La fiscalía pidió inicialmente seis años de cárcel, pero en el juicio rebajó la solicitud de pena. La Audiencia Nacional, sin embargo, concluyó que los delitos no habían sido probados y le absolvió.
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