La Generalitat de Cataluña ultima su plan de protección para el delta del Llobregat casi tres décadas después

En los últimos meses, la protección ambiental del delta de Llobregat por la ampliación del aeropuerto de El Prat ha saltado a portadas de periódicos y ha rasgado las costuras entre los socios de los gobiernos de España, de la Generalitat y hasta del Ayuntamiento de Barcelona. La millonaria inversión de 1.700 millones, que el Gobierno retiró en septiembre tras meses de desavenencias, ha quedado en suspenso tras naufragar en la laguna de La Ricarda. El debate entre el desarrollo de infraestructuras y la protección ambiental ha explotado en 2021, pero la realidad es que este conflicto en la desembocadura del río más caudaloso de Barcelona viene de lejos.

Ya en 1994, cuando se pactó el desvío del caudal en el llamado Plan Delta, las administraciones se comprometieron negro sobre blanco, a través de un convenio de cooperación publicado en el BOE, a impulsar un plan de protección ambiental y de gestión específico para la zona. Pero casi 30 años después el plan sigue en suspense. Ahora, el Ejecutivo ultima su redacción para aprobarlo finalmente en esta legislatura, y lo promociona como uno de sus principales compromisos en materia ambiental en su plan de Govern. Aunque antes de aprobar el “plan de conservación y recuperación integral”, el Govern se apresura a tramitar la ampliación de las zonas de protección de aves para evitar una sanción de Bruselas.

La Comisión Europea (CE) abrió en febrero un procedimiento de infracción contra España por la desprotección del delta. La CE se centraba en el deterioro de las aves. El organismo envió una carta de emplazamiento por no haber adoptado “medidas suficientes” para frenar el deterioro del delta de Llobregat, provocado por la anterior expansión de 2008 del aeropuerto de Barcelona y del puerto. La Generalitat también fue interpelada, al ser la máxima responsable en urbanismo y en la protección de aves, mientras que el Estado fue advertido como gestor de las dos infraestructuras. Para no recibir una sanción de Bruselas, el anterior Govern de Quim Torra (Junts) aceleró los trámites para aprobar la ampliación de la zona de protección de aves y el histórico plan de gestión, ambos pendientes. En juego estaba evitar un dictamen motivado de la UE, el paso previo antes de que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero entre medias hubo elecciones autonómicas y un cambio de Govern y la consecuente creación de una nueva consejería: la de Acción Climática, en mayo, que asumió las competencias ambientales.

Antes de formarse el nuevo Govern, el entonces director General de Políticas Ambientales de la Generalitat, Ferran Miralles (Junts), adelantaba a EL PAÍS que el calendario electoral y las negociaciones iban a retrasar la nueva ampliación de las zonas de protección que comprometían a la comunidad ante Bruselas. Miralles aseguró entonces que la propuesta estaba prácticamente terminada, aunque faltaba acabar de consensuarla con ayuntamientos y sectores implicados, especialmente el agrícola.

Antoni Ferran (ERC) es ahora el director General de Políticas Ambientales de la Generalitat y define como “tensión histórica” la situación que ha vivido la zona en los últimos años. Al igual que su antecesor en el cargo, el nuevo director admite que el objetivo de la Generalitat es “dar cumplimiento a la carta de emplazamiento de la UE” para definir un nuevo mapa más amplío de protección de la avifauna. Explica que su tramitación se llevará a cabo “en un plazo de seis meses”. Sería el paso previo para que, casi de manera simultánea, se empezara a tramitar el plan de protección y gestión general de la zona, apuntan fuentes del Consorcio del delta de Llobregat, “Ahora, el objetivo es terminar de acordarlo”, dice Antoni Ferran. “La ampliación de la zona de protección de aves está trabajada. Toca retomar conversaciones”, añade el director general en referencia a las negociaciones previas con los ayuntamientos (Sant Boi, Gavà, Prat de Llobregat y Viladecans) y el sector agrícola. El director admite que el plan es un compromiso histórico que cabe resolver ya.

Fuentes del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y del Prat de Llobregat explican a EL PAÍS que las negociaciones para la ampliación y la tramitación del nuevo plan, sin embargo, están estancadas, y se quejan de falta de concreción. Fuentes del Consorcio del delta aseguran que el plan no puede retrasarse más.

Los agricultores, reacios

A efectos prácticos, un plan así, igual que el ya aprobado para otros parajes como Collserola o la Alta Garrotxa, es un reglamento que desarrolla la ley catalana de espacios naturales de 1985. Una de sus principales virtudes es que aglutinan en una misma norma los usos permitidos y las prohibiciones (como limitar la circulación de bicicletas, por ejemplo). Por lo que da más garantías de que prosperen sanciones y dota de herramientas más ágiles para limitar prácticas agresivas.

Los reglamentos también sirven para dotar de presupuesto, definir prohibiciones de paso, aumentar las sanciones a la caza furtiva, demoler viviendas ilegales o definir líneas de ayuda a propietarios para renaturalizar sus fincas (como en Collserola), entre otros. No suponen, sin embargo, un cambio en la recalificación de los terrenos (independientemente de que haya zonas agrícolas que pasen a ser sean declaradas como zona de protección de aves, estas podrán seguir dedicadas al cultivo). Aunque sí que pueden limitar prácticas agrícolas perjudiciales para los pájaros, como el uso de insecticidas. Esto último ha sido uno de los principales escollos para la elaboración del mapa, ya que buena parte del sector agrícola de la zona (representado por el mayoritario sindicato Unió de Pagesos) es reacia a la ampliación del mapa de protección de aves por miedo a las limitaciones en su actividad que pueda acabar acarreando.