El debate sobre el traslado de La Ricarda enquista la discordia en torno a El Prat

La última semana de septiembre supone alcanzar la fecha tope fijada para que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2022-2026) aterrice en la mesa del consejo de ministros. El instrumento que marca la definición de las infraestructuras y servicios aeroportuarios debe aprobarse mañana y no incluirá la inversión de 1.700 millones que había previsto Aena en el aeropuerto de Barcelona, para alargar la pista de mar y construir una terminal satélite que permita alejar el fantasma de la saturación de la instalación. La ministra de Transportes Raquel Sánchez dio por liquidado el tema hace 15 días, cerrando la puerta a posibles especulaciones sobre una última negociación a contrarreloj y un posible acuerdo sobre la bocina.

La ministra sigue defendiendo que la propuesta consensuada inicialmente entre Estado y Generalitat era buena porque preveía “ampliar un 25%” la zona natural actual, dotando de protección especial un área de 1.100 hectáreas. Sin embargo, los súbitos recelos de una parte del Govern, aludiendo a la afectación que sufría la laguna de La Ricarda, rompieron el pacto alcanzado y dejaron en nada la millonaria inversión anunciada por Aena.

Las impugnaciones políticas han retroalimentado las desaprobaciones expresadas por entidades ecologistas y asociaciones vecinales. Sin atisbo de consenso sobre cómo encajar la obra en el entorno natural, y con el foco fijado sobre La Ricarda, se dificulta la posibilidad de poder alcanzar, ni que sea a medio plazo, un pacto de mínimos para desarrollar el aeropuerto, por mucho que el Gobierno, Aena y la Generalitat digan que es una prioridad potenciar las pistas de Barcelona como hub intercontinental.

Aena ha mantenido reiteradamente que la invasión de La Ricarda por alargar 500 metros la pista de mar se iba a compensar con la renaturalización de otros espacios del delta del Llobregat. Una medida que contempla la propia normativa medioambiental europea. En concreto, es el artículo 6 de la directiva sobre hábitats naturales el que abre la puerta a alterar una zona reconocida con el sello Red Natura 2000, como es el caso del humedal que rodea el aeropuerto. El texto de la norma alude a proyectos que entrañan “razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica”. La compañía, participada en un 51% por el Estado, defiende que su apuesta cumple con las exigencias de la Unión Europea en materia de compensación. Sin embargo, el argumento nunca ha convencido a los detractores del proyecto de ampliación. Y sigue sin convencer.

El Gobierno asume que no aprobará este martes la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto

Joan Pino, biólogo y director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), razona que “la laguna de La Ricarda es insustituible y no se puede compensar”. Defiende que el sistema hidrológico del delta del Llobregat “ya se alteró con la construcción de la tercera pista”, en 2004, y afirma que “las medidas compensatorias que entonces se propusieron no han pasado de ser un parche”. Considera que la teoría de reproducir el espacio afectado en otra zona cercana no se sostiene: “Es como si en un avión quitas un tornillo de un sitio y lo pones en otro lado, seguro que tiene afectaciones en el funcionamiento del aparato”, ejemplifica.

A la pregunta de si el impacto natural sería menor en el caso que el estiramiento de la pista se hiciera sin afectar la lámina de agua, el director del CREAF replica que “lo importante es el ecosistema en su conjunto, la laguna solo es la afloración del acuífero subterráneo del delta y cualquier alteración es un riesgo”. Sin querer entrar en si, técnicamente, sería útil para Aena una ampliación de la pista inferior a los 500 metros proyectados, Prieto indica que “la laguna no incluye solo la zona de agua visible, no es como un estanque artificial que tiene una dimensión concreta, sino que continúa por la marisma”.

“La Ricarda no es un zoo. Hay que entenderlo: es un espacio de biodiversidad, de migración de aves”, dice Mijoler, alcalde de El Prat

Lluís Mijoler, alcalde de El Prat, alerta que “La Ricarda no es un zoo, hay que entenderlo, es un espacio de biodiversidad, de migración de aves. Y las aves deciden donde van, no vamos a ser nosotros quien, de un día para otro y porque alguien hace un dibujito en un mapa, les mande donde tienen que ir”. El Consistorio de El Prat, gobernado por los comunes, se ha quedado solo en el rechazo a los planes para ganar tráfico aéreo. Solo Ada Colau desde el Ayuntamiento de Barcelona ha mostrado un rechazo frontal parecido. Las demás poblaciones que lindan con el aeropuerto, caso de Castelldefels, Viladecans o Gavà, gobernadas todas por el PSC, han ido modulando sus posiciones, hasta acabar aceptando una ampliación. Solo exigen, a cambio, que se blinden las pistas segregadas, una para aterrizar y otra para despegar, un rol operativo que limita la capacidad del aeropuerto pero que atenúa el impacto acústico sobre la vecindad porque aleja los aviones de los tejados.

Mijoler se ha mantenido firme al descartar las posibilidades de recrear las condiciones de La Ricarda en otra zona del delta del Llobregat. Recibió el espaldarazo de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), cuando en una visita a la Ricarda celebró el fiasco del proyecto de agrandamiento aeroportuario, al que calificó de “depredador” e “invasivo”. Más allá del rechazo político, el proyecto ha generado reproche social. Medio centenar de entidades proteccionistas convocaron un acto recientemente para denunciar que la ampliación del aeropuerto por La Ricarda implicaría un “desastre natural, agrícola y patrimonial”.