Cien días de Govern de Aragonès entre la mochila del ‘procés’ y la voluntad de gestión pragmática

El Govern de Pere Aragonès enfila sus 100 días de existencia con la intención de pasar página del de Quim Torra. No son lo mismo aunque los mismos partidos gobiernen Cataluña desde 2012. Ahora bajo el liderazgo de una pragmática ERC se ha querido abrir una etapa que trata de poner en primer plano la gestión y evita poner plazos a la independencia. El diálogo con el Gobierno y la declarada voluntad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía se intercalan con las puñaladas políticas de Junts contra la negociación con Madrid. El Ejecutivo cumple su primer trimestre lastrado por la mochila de un decenio de procés, lo que le obliga a sazonar su voluntad de pragmatismo con la inevitable retórica patriótica.

Algo ha cambiado respecto al Ejecutivo de Torra. Pero poco más allá llega el consenso de partidos y organizaciones patronales y sociales. Donde unos ven señales esperanzadoras —como la ampliación del aeropuerto de El Prat y los Juegos Olímpicos de Invierno 2030—; otros observan poco interés por enderezar el rumbo de una sociedad en la que la economía crece (un 4,1% en el segundo trimestre) al tiempo que aumenta la pobreza (466.000 ciudadanos con privación material severa, según los datos de 2020).

Desde entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se juzga que se ha avanzado poco, por ejemplo, en el protocolo sobre la actuación policial de los Mossos en los desahucios. Cataluña, con 24 lanzamientos al día, lideró el primer trimestre de este año la lista en desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La PAH, en palabras de su portavoz Lucía Delgado, está a la espera de que en otoño el Parlament apruebe una proposición de ley para evitar que personas vulnerables se queden sin hogar y tengan oferta de alquiler social, en el caso de grandes tenedores. “El 31 de octubre acaba la moratoria de desahucios por la pandemia y podemos batir récords con 26.000 casos en Cataluña”, explica Delgado.

Para Xavier Puig, presidente de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), en el Govern hay muy buenas ideas, el problema es desarrollarlas. “Los mismos partidos llevan diez años al frente de Cataluña”, explica Puig, y “siempre estamos volviendo a la casilla de salida, tal como ha sucedido con el estudio económico para un plan estratégico de los servicios sociales”. “Igual ha ocurrido con la oficina técnica para abordar la Renta Básica Universal”, agrega Puig. Como ejemplo del divorcio entre palabras y hechos, desde que el procés comenzó no se ha revisado el Indicador de la Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo para otorgar las prestaciones sociales.

Aragonès se comprometió en su discurso de investidura a aprobar en sus primeros cien días de Gobierno un plan de choque social de 700 millones de euros. De momento no hay noticias al respecto, critican desde el PSC. El president también aseguró en el mismo discurso que elaboraría unos presupuestos que no se han hecho. En pocos días se abrirá la negociación para los de 2022. Jordi Casas, director del gabinete de presidencia de la organización empresarial Foment, ve ahí un punto de inflexión, pues marcarán las líneas generales del Ejecutivo. “Aparentemente hay más estabilidad, pero nos preocupa que en el tema de la ampliación del aeropuerto o el diálogo haya opiniones tan discrepantes”, afirma.

Para la patronal sería deseable que las cuentas abrieran un nuevo escenario con el PSC. Pero todas las fuentes políticas consultadas coinciden en que es poco probable que ERC cambie su política de alianzas con Junts y la CUP. Tanta diversidad ideológica permite afirmar al secretario general de CC OO de Cataluña, Javier Pacheco, que hay poco que esperar de los presupuestos. “Tienen margen para subir el tramo alto del IRPF, el impuesto de sucesiones o los impuestos verdes, pero no lo harán”, dice. Y remacha que no hay voluntad ni de revisar el IRSC ni de extender la Renta Garantizada de Ciudadanía, que solo alcanza a un tercio de la población más vulnerable. Con todo, ve más positiva la actitud de este Gobierno que la del anterior.

En el terreno político, en el PSC —la fuerza mayoritaria del Parlament— se muestran muy duros con Aragonès: es un presidente que no lidera. Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC, asegura que los 100 primeros días de la autotitulada Generalitat republicana “han sido decepcionantes”: “El de Aragonès es un Gobierno que veta en Cataluña el diálogo que pide al resto de España, pues se ha negado a establecer la mesa entre los partidos catalanes ignorando a la mitad no independentista de Cataluña”.

David Cid, portavoz del grupo En Comú Podem en el Parlament, considera que Aragonès está atrapado por proyectos propios del pasado, como la ampliación de El Prat o los Juegos de Invierno y constata la división sobre la estrategia independentista entre ERC y Junts, que se resistía a dar sus votos a Aragonès. En este sentido, el Govern nació con fórceps, tras tres meses de negociación y dos intentos fallidos de investidura.

No son pocos los que dentro del espacio neoconvergente le auguran corta vida al Ejecutivo. “Tres o cuatro reuniones [de la mesa de diálogo] evidenciarán que la vía que propone ERC no tiene salida”, aseguran fuentes de Junts. Los republicanos, sin embargo, están convencidos de su capacidad de supervivencia merced a que entre el PSOE y ellos se ha establecido un pacto no escrito de apoyo mutuo y que durante dos años —hasta las elecciones generales o la moción de confianza a la que se comprometió Aragonès— no habrá traiciones. Esas voces agregan que ello será así porque las dos formaciones se necesitan y apuntan que los desplantes de ERC al Gobierno son parte inevitable de los peajes del procés.