DESAHUCIOS

Mimi, la madre con discapacidad que frenó unas semanas su desahucio

Es ocupa, tiene 45 años, una discapacidad del 87% y dos hijas. En septiembre está previsto que la saquen del piso donde vive en Barcelona

Mimi y Boira en el piso del que quieren desahuciarla
Mimi y Boira en el piso del que quieren desahuciarlaAlbert Garcia

“Es el tercer lanzamiento y serán los Mossos los que determinen si se le puede entregar el piso al propietario o no”. Así de contundente anunciaba este martes la comitiva judicial a los miembros del Sindicato de Inquilinos y del Grupo de Vivienda de Sants que la justicia ya había movido ficha para echar de un piso del número 29 de la calle Begur, de Sants, a Mimi (diminutivo de Noemí) Oset. Mimi tiene 45 años y una discapacidad del 87%. Vive desde 2019 en un piso ocupado junto con su compañero y sus dos hijas, una de ellas menor, ambas con discapacidad.

Una pareja de la policía autonómica se ha acercado este martes hasta el inmueble donde unos cincuenta activistas estaban concentrados en las puertas. El sargento de los Mossos ha sido rápido. Ha llamado a comisaría y ha alertado de que había mucha gente y que no sería posible llevar a cabo el desalojo. Esa llamada ha hecho ganar a Mimi y su familia unos días de margen. Aún así, antes que la comitiva del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona se fuera se ha aguado esa pequeña victoria: “El próximo lanzamiento será con fecha abierta”. Es decir, nadie sabrá ni a qué hora ni qué día vendrán los agentes a desahuciar a esta familia por lo que de esta forma será casi imposible que los activistas puedan concentrarse en las puertas de la vivienda, como han hecho este martes, y la expulsión será irreparable.

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Mimi mira la escena acompañada de su perra Boira. “Yo tengo una enfermedad autoinmune y Boira está entrenada para actuar si me ahogo por la noche, si me caigo… no puedo vivir sin ella”, informa. Sabe que solo ha ganado tiempo pero esas semanas se las debe a los activistas que, sin conocerla, se han acercado hasta el portal de su casa para frenar el desalojo. Coge un micrófono y agradece entre lágrimas: “Lo hemos parado pero me echarán en septiembre. Es complicado volver a encarar un cuarto lanzamiento porque en estas semanas a mi no me saldrá un piso de debajo de las piedras. Ahora necesito que las administraciones funcionen porque si no me echarán de verdad”, lamenta.

La historia de Mimi no es nueva. En marzo de 2019 ella y su compañero sentimental pasaban por una mala situación económica y de salud. El propietario del piso en el que vivían les subió el alquiler y les pedía 1.300 euros. La única opción que les quedó fue ocupar otro inmueble que llevaba varios años vacío. La empresa propietaria del piso en la calle Begur denunció la ocupación y el proceso judicial ha llevado a los señalamientos e intentos de desahucios actuales.

En el transcurso de esta ocupación, el compañero de Mimi, que se recuperó de una depresión, volvió a conseguir trabajo. Aún así, arrastra varios embargos y a penas ingresa 700 euros casa mes. Mimi no puede trabajar debido a su enfermedad y tiene una pequeña pensión de 356 euros. Marina es la hija mayor (22 años), también ha heredado la enfermedad de la madre, estudia y trabaja en un comedor escolar e Ingrid (9) es la hija menor que también está enferma y precisa de atención escolar.

La familia ha intentado un alquiler social con los propietarios del inmueble pero siempre se ha negado. Su situación es de alta vulnerabilidad. “El ayuntamiento ahora nos ofrece ir los cuatro a una residencia de estudiantes. Todos en una habitación sin cocina, sin baño y sin Boira que es un seguro de vida para mí”, advierte Mimi.

El Sindicato de Inquilinos lleva días exigiendo en las redes sociales a la Generalitat que no enviara los antidisturbios a desalojar a Mimi. Este martes no han acudido. “Ahora es el turno de las administraciones para ofrecer una alternativa habitacional a esta familia. Mimi está enferma y no puede vivir en una pensión. Tiene concedido un piso de emergencia habitacional pero pueden pasar casi dos años hasta que se lo entreguen. Hay que buscar una solución rápida”, admite Úrsula, del sindicato de inquilinas.

El Consistorio admite que se ha acreditado la situación de extrema vulnerabilidad de la familia para que se suspendiera el desahucio que tampoco ha servido. Mimi ha ganado unas semanas de margen. En septiembre los Mossos la echarán del piso. Ahora es el turno de encontrar una nueva vivienda para comenzar su segunda oportunidad.

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