La Generalitat busca nuevos traspasos tras diez años de sequía

En poco más de una semana, el próximo 2 de agosto, el Ejecutivo central y el catalán reactivarán la comisión bilateral. Se trata de un foro que también tienen otras comunidades, y en las cuales ambos Gobiernos discuten temas del más alto nivel, como traspaso de competencias, incumplimientos en inversiones o conflictos legales. Esta será la décima reunión (desde 2007) de un órgano que se sacó del congelador con la llegada del PSOE a La Moncloa en 2018, tras la moción de censura al PP. Antes de eso, había que remontarse hasta 2011 para encontrar la última reunión. El órdago independentista pero también la apuesta no descentralizadora del PP frenaron ese tipo de foros.

Fue precisamente en julio de 2011 cuando los Ejecutivos que presidían entonces el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el convergente Artur Mas, respectivamente, sellaron la última transferencia de competencias para Cataluña. La Generalitat asumió en ese momento la inspección de trabajo. Ese mismo año (y con una actualización en 2020) se traspasaron varios juzgados. Después ha transcurrido una década sin ningún desarrollo, pese a que varias competencias estaban en el tintero. De ahí que en el orden del día de la reunión de agosto, en el que trabajan los equipos de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, se aborden nuevos traspasos.

Ambas partes, por ejemplo, tienen claro que la competencia en las becas universitarias pasará a la Generalitat. En su discurso de investidura, Sánchez se refirió al tema, algo que también hizo Rodríguez en la entrevista concedida el pasado viernes a EL PAIS. El Gobierno catalán lleva años pidiendo poder organizar de manera directa la política de esas ayudas (una competencia que, por ejemplo, tiene el País Vasco), pues ahora solo puede gestionarlas. Varias sentencias judiciales del Tribunal Constitucional apoyan la reclamación catalana para poder, entre otras cosas, decidir los tramos de renta o las cuantías de unas becas que año tras año soliviantan a la comunidad educativa.

En la Generalitat no cayó muy bien el cambio de titular en Política Territorial, pues los trabajos previos ya se habían realizado con el equipo del entonces ministro Miquel Iceta. Con tal de <acelerar el encuentro del 2 de agosto, Vilagrà aceptó relajar el orden del día, relegando otros traspasos pendientes de más trabajos.

La lista es larga e incluye, por ejemplo, la transferencia en formación sanitaria especializada (la gestión del MIR), que permitiría la planificación de la oferta de plazas. La competencia en Salvamento Marítimo también la reclama Cataluña y otras comunidades (en el caso catalán, figura en el Estatut), pero esta se encuentra enredada por la interpretación jurídica y jurisdiccional sobre qué falta exactamente por traspasar. De momento, sigue en manos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sobre la mesa también estará la inversión en Rodalies, las cercanías catalanas. El Ejecutivo central anunció en diciembre del año pasado la puesta en marcha de un plan, con horizonte en 2030, que implicaría una inversión en todo el Estado de unos 6.300 millones de euros. La Generalitat siempre ha sido muy escéptica respecto a lo que llama irónicamente “lluvia de millones” y espera amarrar inversiones largamente reivindicadas desde el mundo municipal como el desdoblamiento de la línea que une a la capital catalana con Vic (que antes de la pandemia tenía siete millones de viajeros anuales). El Ejecutivo catalán también buscará cómo equilibrar el dinero destinado a la dependencia (su aportación es mucho mayor a la del Estado) o la gestión del ingreso mínimo vital.

Ley audiovisual

La nueva Ley audiovisual que prepara el Gobierno es un tema que augura mucho debate. Vilagrà, en una entrevista al digital El Nacional, aseguró ayer que se trata de una norma “que pretende proteger el castellano y, en cambio, no prevé la protección ni ninguna cuota lingüística para el catalán”. El pasado 22 de junio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones anunció que “seguramente” someterá de nuevo a consulta el texto.

Según la estadística de Política Territorial, Cataluña es de lejos la comunidad con más traspasos (190), seguida por Andalucía (155) y Galicia (154). Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el País Vasco es la autonomía que más nuevas transferencias competenciales logró (9), llegando así a un total de 116. Valencia ha añadido dos y Navarra, una.