Lledoners: una isla para los presos del ‘procés’

La llegada de los presos del procés en el verano de 2018 alteró la paz de Lledoners, una cárcel levantada sobre campos de cultivo en el corazón de Cataluña que es emblema del modelo penitenciario catalán: proximidad entre preso y funcionario, acento en la rehabilitación. Inaugurada por el president José Montilla, lo más emocionante había ocurrido una Navidad ya lejana: Los internos se plantaron una hora en el patio porque los recortes les habían dejado sin lote: turrón, barquillos y un zumo.

Cuando el Gobierno accedió a trasladar a los presos del procés -entonces en prisión provisional a la espera de juicio- a Cataluña, la Generalitat ubicó a los siete varones en Lledoners. No fue una elección azarosa. A 70 kilómetros de Barcelona y resguardada por la montaña de Montserrat, es una cárcel de tamaño medio (con capacidad para menos de 800 presos), poco saturada, escasamente conflictiva y moderna, modelo de las que vinieron después. “Es una ciudad amurallada, pero una ciudad, pensada para poder pasear sin sentirse agobiado”, explican Mercè Torras y Jordi Fabré, sus arquitectos. El complejo está dividido por una “calle Mayor” en dos partes: a un lado los equipamientos (piscina, gimnasio, escuela de adultos, talleres, enfermería); al otro, los ocho módulos, en forma de U, cada uno con sus servicios (biblioteca, economato, talleres, comedor) para hacer vida independiente.

En el Módulo 2, una isla dentro de otra isla que alberga a unos 80 presos, los dirigentes independentistas ocuparon celdas individuales con inodoro, ducha, interfono para emergencias, una estantería, un espejo y luz natural. Con excepciones forzadas por la covid, allí vivieron hasta que, el pasado junio, el Gobierno les indultó. “Los funcionarios y los presos, con los que siempre tuvimos un trato excelente, deben de respirar ya tranquilos sin nosotros”, ironiza el exconsejero de Interior Joaquim Forn en la presentación del libro Cambalache, escrito por su abogado, Javier Melero. Este le visitó cada semana y preparó con él el juicio en una amplia sala compartida por otros reos y letrados, un sistema poco habitual pero que fue autorizado por el juez Pablo Llarena y por la dirección del centro.

En estos tres años, Lledoners y sus moradores han vivido una agitación nunca vista, siendo tal vez la cárcel más fotografiada de España. Las manifestaciones independentistas en los terrenos que rodean la cárcel para exigir la libertad de los “presos políticos”; las polémicas por el supuesto trato privilegiado a los reos, siempre negado por ellos, por sus abogados, por el Departamento de Justicia y, las más de las veces, por funcionarios y sindicatos de prisiones; las idas y venidas a Madrid con motivo de la vista oral en el Tribunal Supremo; las salidas y entradas por la concesión de terceros grados que eran anulados por la justicia. “Hemos estado siempre en el foco, y eso es duro”, cuenta un funcionario con diez años de experiencia en el recinto.

Lledoners ha sido un lugar expuesto. Las visitas (de abogados, pero sobre todo de autoridades) han sido frecuentes. Justicia se vio forzada a ampliar el equipo de funcionarios destinado a comunicaciones. Las televisiones también accedieron al centro para entrevistar a los presos. La primera vez fue en enero de 2020, tras la sentencia del Supremo a penas de entre nueve y 13 años de prisión. El exconsejero Raül Romeva aplaudió la relación con la dirección y los funcionarios y reivindicó la igualdad de derechos con los otros internos. “Tenemos el mismo trato que ellos en la celda, comemos lo mismo, hacemos las mismas colas, los mismos registros. Hablar de privilegios cuando estás privado de libertad es inhumano”, denunció.

Pero Lledoners ha sido también un búnker. Justicia, que durante ese periodo estuvo en manos de Ester Capella, de ERC -el partido del exvicepresidente Oriol Junqueras- ha intentado preservar al máximo la privacidad del Módulo 2. En 2018, tras la llegada de los presos, vetó a los funcionarios el acceso a sus fichas penitenciarias y abrió una investigación a quienes trataron de hacerlo. Un funcionario puede consultar la ficha de un preso (donde constan sus datos personales, huellas, historial de comportamiento, salidas, comunicaciones que recibe) si está en su cárcel. Justicia sostiene que esos expedientes “contienen datos personales” y que existen “antecedentes de acceso inadecuado”.

A los sindicatos se les trató de mantener lejos del Módulo 2, lo que no impidió las filtraciones de “jefes de servicio”, aseguran fuentes penitenciarias, que denunciaron entre otras cosas que el presentador Risto Mejide se había saltado en una ocasión la cola de espera y había accedido sin pasar por el recinto de seguridad. El equipo de Mejide lo negó. La presión sobre los funcionarios era intensa. “Todo el mundo se sentía observado y analizado, porque por cualquier cosa podía haber una gran repercusión mediática”, opina uno de ellos. “Se fiscalizó nuestra labor para evitar filtraciones y para que según qué personas no consultasen cierta información”, denuncia.

Filias y fobias

Los funcionarios de oficina tuvieron que incluir una nueva casilla en el programa informático porque no existía una para el delito de sedición. “Algunos lo pasamos especialmente mal. Creíamos que no debían estar allí. Otros se alegraron”, explica un funcionario que admite sus simpatías hacia los presos del procés. Muchos de los trabajadores de Lledoners proceden de la Cataluña central y de Lleida, donde el independentismo es hegemónico. Este funcionario atribuye a “mandos intermedios” la difusión de rumores como que el exconsejero Raül Romeva recibía clases de natación personalizadas, que se celebró una fiesta de cumpleaños para Jordi Sànchez con bebidas y pasteles o que el exconsejero Forn recibió un regalo de la dirección.

Justicia niega cualquier vulneración del reglamento penitenciario. “No ha habido ningún tipo de privilegio. Han recibido un trato igual que el resto de los internos”, explica una portavoz. Los sindicatos atribuyen cierta flexibilidad en el trato más a la idiosincrasia de Lledoners, donde ese ambiente es la tónica habitual. Pero siempre dentro de las normas. La huelga de hambre previa al juicio que llevaron a cabo cuatro internos (Jordi Sànchez, Quim Forn, Jordi Turull y Josep Rull) durante tres semanas, en diciembre de 2018, desató todo tipo de comentarios. Se les acusó de tomar “batidos energéticos”. Lo niega tajantemente el médico Jaume Padrós, que llevó personalmente el control sobre ellos. “Decidieron hacer una huelga de hambre con agua. Tomaban agua con azúcar, sodio y bicarbonato, además de la vitamina B12, que es esencial para evitar daños a largo plazo”, dice Padrós, que niega que haber entrado en la cárcel para atenderlos sea un privilegio. No es su primera vez. Hace décadas, atendió a otros presos especiales de la histórica cárcel Modelo de Barcelona, ya cerrada: los insumisos del servicio militar.

Cronología

2018

Julio. Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, traslada a Cataluña a los presos del procés desde las cárceles madrileñas, donde permanecen en prisión provisional a la espera de juicio.

Agosto. A lo largo del verano se suceden las concentraciones frente a los centros penitenciarios de ANC, Òmnium y partidos independentistas, que exigen la libertad de los presos. Coincidiendo con el primer aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, el expresidente catalán Quim Torra celebra un mitin frente a Lledoners.

Septiembre. El Departamento de Justicia blinda el acceso a las fichas penitenciarias de los nueve políticos encarcelados para evitar filtraciones sobre visitas o datos personales y abre una investigación a funcionarios que han accedido a esos datos. El grupo catalán Mishima, que apoya públicamente a los presos, ofrece un concierto en Lledoners.

Diciembre. Cuatro de los presos independentistas (Jordi Sànchez, Quim Forn, Jordi Turull y Josep Rull) inician una huelga de hambre que durará tres semanas para protestar por el bloqueo del Tribunal Constitucional a sus recursos. El primer día de la huelga, difunden una fotografía de grupo desde el interior de Lledoners.

2019

Febrero. Los presos son trasladados a Madrid para el inicio del juicio en el Tribunal Supremo, que se alargará cuatro meses.

Junio. Tras el fin del juicio por el procés en el Tribunal Supremo, los nueve presos independentistas llegan de nuevo a las cárceles catalanas desde Soto del Real (Madrid). Susana Gracia es nombrada nueva directora de Lledoners.

Octubre. El Tribunal Supremo dicta la sentencia contra los presos del procés y les impone penas de nueve a 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación.

2020

Enero. Por primera vez, una cámara de televisión (de TV3) entra en la prisión de Lledoners para entrevistar a Raül Romeva. Tras la sentencia, con los presos ya asentados en la cárcel, el Departamento de Justicia permitió selectivamente el acceso a medios de comunicación audiovisual.

Febrero. La Generalitat empieza a conceder el artículo 100.2 del reglamento a los presos, lo que les permite salir de prisión para trabajar, cuidar a familiares y participar en actividades sociales. El primero en disfrutar de ese régimen de vida más flexible es Jordi Cuixart.

Julio. La Generalitat avala el tercer grado acordado por las juntas de tratamiento de las cárceles. Los presos abandonan Lledoners, adonde solo tendrán que regresar para dormir. La decisión irrita a la Fiscalía, que la recurre al considerarla precipitada, y abre una nueva batalla jurídica y política.

Diciembre. El Tribunal Supremo, después de un largo periplo judicial, tumba el régimen de semilibertad concedido por el Govern al considerarlo prematuro. Los presos vuelven a ingresar en segundo grado.

2021

Enero. Pese a la decisión del Supremo, la Generalitat vuelve a conceder el tercer grado a los presos, que abandonan la cárcel el primer día de la campaña para las elecciones autonómicas del 14-F.

Marzo. Los presos regresan a la cárcel después de que un juez tumbe, una vez más, el tercer grado de la Generalitat. La posibilidad de un indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez va tomando forma.

Junio. El Gobierno indulta a los presos, lo que permite a los presos abandonar definitivamente Lledoners y quedar en libertad.