Las víctimas olvidadas de los atentados de Barcelona y Cambrils: “Aún espero una llamada”

Virginia López ha pisado tres veces La Rambla desde los atentados del 17-A. “Es parte de la terapia”, dice. Camina por el paseo y, cuando llega al mosaico de Joan Miró —el lugar donde paró la furgoneta homicida de Younes Abouyaaqoub— se toma una fotografía mientras cierra el puño como señal de que está fuerte, enérgica: de que sigue viva. La tarde del 17 de agosto de 2017, una amiga escocesa a la que enseñaba las perlas de la arquitectura de Barcelona entró en un quiosco de flores. “Me gritó: ¡Una furgoneta! Iba a girarme pero no tuve tiempo de nada. La furgoneta chocó contra el quiosco. Un ruido como una bomba, horrible. Me quedé bloqueada. Luego salimos corriendo”.

Virginia, 45 años, figura como víctima número 131 en la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a los tres procesados por los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y centenares de heridos. Sobre las víctimas, es una resolución sin precedentes, coinciden asociaciones y abogados que han participado en las grandes causas por terrorismo en España. El tribunal afirma que han sido las “grandes olvidadas” en esta historia y reprocha a los investigadores su labor deficiente: no fueron sistemáticos, lo que impidió conocer el “verdadero número” de heridos; no dieron a todos los afectados la oportunidad de personarse en el procedimiento; no fueron exhaustivos con los informes forenses sobre las lesiones.

De ese olvido colectivo —reforzado por el hecho de que muchas víctimas del 17-A fueron turistas extranjeros— se siente parte Virginia. “Lo han hecho fatal. Hemos vivido un atentado, debe haber reparación y reconocimiento”, sostiene con la voz entrecortada: cada nuevo capítulo del 17-A (ahora, la sentencia) le hace volar mentalmente a aquella soleada tarde de verano de hace cuatro años.

Virginia fue atendida en el ambulatorio. Sus heridas físicas no fueron graves: “Contusión en cara anterior de la rodilla derecha con eritema, erosión y edema”, recoge la sentencia. Se marchó a trabajar una temporada a Escocia. Allí, coincidiendo con el primer aniversario del mayor atentado yihadista en España tras el 11-M, leyó sobre el abandono de otros en su misma situación. Y supo de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT) dirigida por Robert Manrique, un superviviente del atentado de Hipercor.

El despacho de Manrique es un pequeño museo: conserva las cintas de casete con la grabación del juicio por la matanza de ETA en los grandes almacenes de Hipercor en 1987. También parece la sala de un estratega militar: junto a la pared hay un mapa con chinchetas de colores que sitúan e identifican a las víctimas del 17-A. “El trabajo de la administración era buscarlas, pero hemos tenido que hacerlo nosotros”, afirma. La oficina para atender a afectados de La Rambla, denuncia, apenas estuvo abierta unas semanas.

A Virginia, como a tantos otros, se le pasó el plazo de un año que concede el Ministerio del Interior para reclamar la condición de víctima del terrorismo. “Las víctimas no tenemos por qué conocer los plazos y nadie nos informa. Estamos en casa con nuestros miedos, desconcertadas”, cuenta. La sentencia ha revertido en parte esa situación. Con ella, puede exigir la indemnización que le corresponde y los derechos que conlleva la condición de víctima.

Iolanda Ortiz, de 47 años, vive a cuatro kilómetros de Ripoll, donde se fraguó la célula yihadista. Pero la tarde del 17 de agosto estaba en La Rambla con su familia. “La furgoneta pasó a un metro. Si no llego a tirar de la camiseta a mi hijo, se lo lleva por delante”. Al contrario que Virginia, solo se atrevió a volver a La Rambla el año pasado, y acompañada de la psicóloga de la UAVAT. “Nos sugirió comer en el mercado de la Boqueria, para crear recuerdos nuevos de ese lugar”. Iolanda y su familia llegaron a pasar por el hospital de campaña montado en plaza de Catalunya, pero ni eso les sirvió para tener el reconocimiento de Interior. Pero lo peor para Iolanda, víctima 108 de la sentencia, es la falta de apoyo. “Hemos sufrido mucho. Y hemos echado de menos una llamada. Las víctimas hemos estado completamente abandonadas, olvidadas”.

La Audiencia Nacional afirma que ha intentado “paliar” esa anomalía con una sentencia que amplía a más de 300 el número de heridos en los distintos escenarios de los ataques (La Rambla, el paseo marítimo de Cambrils, la urbanización de Alcanar), incluidos los que han sufrido daño psicológico. Los magistrados añaden que, aunque no han podido condenar por los homicidios a los autores materiales (fallecidos), las víctimas tienen “derecho a conocer la verdad” y a que se reconozca el “dolor y el daño, casi siempre irreparable” que se les ha infligido. Por eso, en el juicio se examinó todo y no solo las conductas de los tres procesados: Mohamed Houli (condenado a 53 años y medio de cárcel), Driss Oukabir (otros 46) y Said Ben Iazza (8).

La Fiscalía se defiende

Las críticas inéditas al juez instructor y a los Mossos por su escasa pericia con las víctimas no fue asumida como propia por la Fiscalía. En rueda de prensa, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, afirmó ayer que la sentencia da a las víctimas “el puesto de honor que merecen” y marca un “precedente” para que se les reconozca en casos en que no se puede juzgar a los autores materiales. La fiscal que lideró toda la investigación, Ana Noé, sí se sintió algo más aludida, pero defendió que las víctimas estuvieron presentes “desde el minuto uno” del procedimiento, y que se hicieron gestiones para pedir información a los hospitales. Noé admitió que fue complicado ofrecerles acciones porque muchas residían en el extranjero.

“No hay precedentes de un varapalo similar a un instructor por el trato a las víctimas. Lo venimos denunciando desde hace mucho, y por primera vez se ha puesto de manifiesto en una sentencia”, opina Antonio García, abogado de la Asociación 11-M, que ha participado en el juicio del 17-A. García explica que también la Fiscalía y el Ministerio del Interior tienen “enormes responsabilidades” en ese olvido. En línea con el tribunal, opina que la pieza de la investigación dedicada a las víctimas (la número 5) fue “un despropósito” y “una mera acumulación de informes sin clasificar, sin un mínimo rigor”. Todo lo contrario, dice, de lo que pasó en el 11-M.

El abogado cree que es una buena sentencia porque abre la vía para que ninguna víctima quede excluida. Virginia admite que es un paso adelante, pero no acaba de estar satisfecha. “A los tres procesados les considero tan culpables de las muertes como al que conducía la furgoneta”, dice. A Iolanda le importa menos el destino penitenciario de los yihadistas que el bienestar de su hijo, Iván, que ahora tiene 14 y sufre aún las secuelas de aquel día. “A veces, las cosas son más sencillas. Se trata de levantar el teléfono y preguntar: ‘¿Cómo está el niño?’ Aún espero una llamada”.

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Condenas por el 17-A | El JUICIO que no pudo ser