Cargos y partidos

Hay muchos motivos para llegar a un acuerdo de gobierno, al menos medio millar. En Cataluña hay unos 500 cargos públicos cuyos nombramientos dependen del Govern: consellers, secretarios generales, directores generales, delegados, asesores o directivos de empresas o agencias públicas. Suponen más de 50 millones de euros en sueldos, pero su importancia real es muy superior, pues un director general —yo lo fui— tiene una capacidad de gestión considerable y una influencia innegable en los sectores público y privado sobre los cuales proyecta su actividad —en mi caso fueron las asociaciones y las fundaciones catalanas. Muchos creemos que habría que profesionalizar la gestión pública mucho más de lo que ya lo está. Una medida obvia sería que las direcciones generales de los departamentos estuvieran ocupadas por funcionarios seleccionados por concurso de méritos. Ocurre en países como Italia, una nación sobre la que a veces se dice que funciona sola, a pesar de la inestabilidad de sus gobiernos. Funcionar lo hace, pero no sola: sus funcionarios no dependen del gobierno de turno porque gestionan niveles equivalentes a los de nuestras direcciones generales.

Ningún partido político catalán tiene interés sincero en limitar su poder sobre las administraciones públicas

Esto mismo también lo ha propuesto recientemente el Institut Ostrom Catalunya (www.institutostrom.org), un think tank progresista integrado, junto con casi otros 500 de similar buen nivel, en Atlas Network (www.atlasnetwork.org). Ostrom lo ha hecho en un manifiesto muy sensato titulado Per la professionalització de la dirección pública (http://professionalitzem.cat). Sus promotores, 30 hombres y (solo) 4 mujeres, quieren alinear a Cataluña con los mejores sistemas de servicios públicos del mundo. Es un objetivo teóricamente sencillo de conseguir: a diferencia de una reforma electoral, subir un escalón o dos en la profesionalización de la dirección pública solo exige un cambio legal. Casi se consiguió en 2015 con el proyecto de ley de ordenación del sistema de dirección pública profesional de la Generalitat de Catalunya, pero no cuajó y el proyecto se malogró. Y es que, en realidad, ningún partido político catalán tiene interés sincero en limitar su poder sobre las administraciones públicas. Ninguno.

Francia es el país que tradicionalmente modela nuestras formas peninsulares de hacer las cosas. Tiene más de cinco millones y medio de funcionarios públicos que se rigen por un mismo estatuto general, aunque hay dos grandes regímenes propios para los magistrados y los militares. Es un sistema muy centralizado, pero funciona secularmente bien. El Banco Mundial publica anualmente un índice de efectividad de los gobiernos y en él se puntúa a Francia con 1,38, a España con 1, y a Portugal con 1,15 (¡atención!); arriba se sitúan esperablemente los países escandinavos, con puntuaciones superiores a 1,80; Estados Unidos y Gran Bretaña se acercan, pero no llegan, a 1,50. Como el índice se construye para Estados, no hay uno para Cataluña, aunque no es osado suponer que se acerca al español. La pregunta es si lo iguala o lo supera. Mi intuición es que supera a bastantes comunidades autónomas, pero que no iguala a los grandes cuerpos de la Administración Central del Estado. A la Generalitat de hoy y ahora le queda pequeña la estructura constitucional y legal de las comunidades autónomas establecida por la Constitución, pero le viene grande la ambición de convertirse en un Estado. El hiato puede irse cubriendo con seriedad y derecho administrativo bien trabado. El refuerzo de la profesionalización de la Administración catalana sería un paso en la buena dirección: antes que un Estado ideal podemos exigir una Administración realmente fuerte, competente e independiente de la política, sujeta solo a la ley y al derecho.

Nadie en su sano juicio se plantea cambiar de gerente en el hospital Vall d’Hebrón a cada cambio de gobierno

En Cataluña, una entidad pública de referencia es, entre muchas otras, el Hospital Universitari Vall d’Hebron, situado al pie de la Sierra de Collserola. Con un equipo de 7.000 profesionales, 1.146 camas, 45 quirófanos y un presupuesto anual de 563 millones de euros, cubre todas las especialidades y es puntero en una veintena de ellas. Sus médicos residentes provienen, casi mitad y mitad, de Cataluña y del resto del Estado. Es una organización digna de ser destacada. Pero nadie en su sano juicio se plantea que, a cada cambio de gobierno en Cataluña, tocara poder cambiar a su gerente o a su director asistencial. Y esto, que nos parece natural en una organización hospitalaria como la mencionada, también debería serlo en el tejido de las direcciones generales que estructuran nuestra Administración. Así son las reformas profundas.

Pablo Salvador Coderch Catedrático emérito de derecho civil Universitat Pompeu Fabra