Los catalanes destinan de media un 36,6% de su sueldo al alquiler
El CTESC pide en un informe aumentar el gasto para vivienda hasta un 1% del PIB


En plena pandemia, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los problemas más grandes que sufre Cataluña, y un informe presentado este jueves por el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) lo certifica. Los catalanes destinan de media un 36,6% de su sueldo al alquiler, y, en el caso del Área Metropolitana de Barcelona, más de un tercio de los arrendatarios le destinan un 40% de sus ingresos o más. El CTESC reclama más inversión pública en viviendas, hasta alcanzar el 1% del PIB, y aumentar el parque público de viviendas, que actualmente solo representa el 2%.
El informe “El derecho a la vivienda en Cataluña” arroja datos demoledores sobre el difícil acceso a la vivienda y sobre la evolución de los últimos años. De 2014 a 2020, el precio de compra ha incrementado un 28,9% en el conjunto de Cataluña, mientras que el de alquiler ha subido un 36,1%. Las rentas familiares, por su parte, han perdido 10 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2006. “Si no hacemos nada, la dinámica de mercado lleva a esto, continuará creciendo. El informe plantea que conviene hacer cosas; entre ellas, habilitar un parque público de vivienda para frenar esta evolución de precios”, ha advertido el ponente del estudio, José Martín Vives.
La creciente diferencia entre los salarios y el precio a pagar por acceder a una vivienda se ha agudizado por la pandemia. Según el informe, entre 2015 y 2019 la cantidad de sueldos anuales necesaria para comprar un piso pasó de 6,9 a 7,8. En 2020 se ha acelerado, y ya son necesarios 8,5 años de salario para comprar una vivienda.
La principal propuesta del CTESC es ampliar el parque público. Actualmente, el porcentaje de hogares con alquiler social es del 2% sobre el total de viviendas en Cataluña, muy por debajo con respecto a otros países de la Unión Europea, como Holanda, donde es del 30%, o Francia, con un 16,8%. El organismo insta a las administraciones a construir 25.000 viviendas protegidas al año, hasta llegar al 15% de viviendas destinadas a políticas sociales en un periodo de 20 años.
Para ello, consideran que hay que aumentar el gasto público hasta el 1% del PIB, aprovechando los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. El presidente del CTESC, Toni Mora, ha criticado que el presupuesto destinado a políticas de vivienda ha caído a la mitad en la última década.
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