Crisis económica del coronavirus

La crisis de la covid dispara un 45% la fiscalización de la Inspección del Trabajo en Cataluña

El cuerpo impone sanciones por 35,8 millones de euros en 2020

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani.
El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani.Kike Rincón / Europa Press

La pandemia supuso el año pasado una buena dosis de trabajo extra para el cuerpo de funcionarios de la Inspección del Trabajo, que vio cómo se elevaba un 45% el número de expedientes de inspección, sobre todo al tener que revisar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados a raíz de los efectos económicos de la pandemia. El aumento de actividad se realizó sin aumento de la plantilla, compuesta por 173 efectivos entre inspectores, subinspectores y técnicos.

Además de la actividad extraordinaria forzada por la explosión de regulaciones de empleo (19.332), la crisis sanitaria del coronavirus forzó 2.622 actuaciones que, con 1.151 expedientes finalizados, ha acabado con 158 sanciones. El monto total de las multas alcanza los 425.000 euros. La mitad de esos procedimientos fueron denunciados por particulares, mientras que una cuarta parte llegó de la mano de los sindicatos. La mayor parte tenía como actividades afectadas las sanitarias y los servicios sociales (311), seguido por actividades administrativas.

El consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, ha definido el ejercicio pasado como un “año anormal y excepcional”, motivado por el aumento de carga de trabajo vinculado por la crisis pandémica. El cuerpo, a mitad de camino entre las competencias estatales y las autonómicas, no tiene datos sobre los problemas derivados del teletrabajo a causa de la normativa aplicable, según ha explicado la directora de la Inspección, Maria Luz Bataller.

En el conjunto de las sanciones del año, Inspección del Trabajo ha aprobado 10.350 propuestas de sanción, que se elevan a 35,8 millones de euros. La mayor parte tienen que ver con materia de relación laboral, básicamente el uso fraudulento de empleo temporal. Fruto de su fiscalización 11.147 personas lograron un cambio de contrato temporal a fijo, mientras que otros 2.160 lograron que se elevara el tiempo de jornada porque las empresas reconocían menos horas y menos impuestos y salarios que las reales. Asimismo se han regularizado 4.482 contratos de empleadas del hogar.

En materia de economía irregular, la Inspección levantó actas por un importe conjunto de 4,5 millones de euros por trabajadores que no habían sido dados de alta en la Seguridad Social y otros 9,2 millones por infracciones en la contratación de trabajadores extranjeros.

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