Cataluña busca cómo prorrogar el toque de queda con el aval judicial tras el fin del estado de alarma

El fin del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo, implicará el fin del sustento legal de medidas como el toque de queda, y de ahí que Cataluña busque alternativas para mantener las restricciones por el coronavirus. El president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves en la sesión de control del Parlament que se trabaja en la modificación de la ley de Salud Pública para poder dar continuidad a las limitaciones, pero ha admitido que en algunos casos se necesitará el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“Tendremos las herramientas de control de la pandemia, aunque tengamos que pasar por la ratificación judicial”, ha asegurado Aragonès en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, respecto a cuál era su plan de actuación una vez decaiga el estado de alarma. “No podrá mantener el toque de queda, no podrá seguir con restricciones indiscriminadas a la restauración”, le ha espetado al president en funciones.

El dirigente de ERC ha respondido que muchas de las medidas adoptadas no dependen del estado de alarma, por ejemplo, los horarios de la restauración, y ha defendido su eficacia para lograr controlar la pandemia. Las reformas que plantea el Gobierno catalán pasan por modificar la ley de Salud Pública autonómica para fijar que en caso de pandemias o epidemias, “las autoridades sanitarias puedan adoptar medidas de limitación de actividad, el desplazamiento de personas y la prestación de servicios”.

Restringir la movilidad de las personas implica que se ve afectado un derecho fundamental y por eso es necesario que un juez dé su aval. De entrada, las medidas no podrían ser de gran alcance y tendrían que tener un ámbito geográfico y temporal muy específico. Según ha adelantado TV3, el próximo martes, el Consell Executiu —reunión del Gabinete— aprobará las nuevas reformas legales.

Las comunidades deberán recurrir necesariamente a los tribunales superiores de justicia para que avalen las medidas que afecten a derechos fundamentales. Fue ese el caso, por ejemplo, del confinamiento de la Conca de Òdena, en Barcelona, en el inicio de la pandemia. En virtud de su competencia en sanidad, las autonomías pueden adoptar medidas restrictivas en horarios nocturnos en restauración. La decisión, incluida la de un horario para el toque de queda, está en manos de los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aprobó la petición del Gobierno de Ximo Puig de aplicar un toque de queda, aunque después coincidió con el decreto del estado de alarma. El lehendakari Iñigo Urkullu, junto a otros gobiernos autonómicos, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prorrogue el estado de alarma más allá del 9 de mayo para evitar que las instituciones se queden a partir de esa fecha sin “capacidad operativa” ni “garantías jurídicas” para adoptar medidas sanitarias que hagan frente a la propagación del coronavirus.