La justicia decidirá sobre la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña

La justicia decidirá sobre la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña, que ha sido suspendida por la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudia una petición de dos sindicatos (Jupol y Jucil) para que el Departamento de Salud “reanude” el plan de vacunación contra el coronavirus. Los sindicatos consideran que, a diferencia de lo que ocurre con los Mossos d’Esquadra, Salud ha excluido a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en la comunidad, lo que supone un “agravio comparativo” y un “trato desigual” que les “pone en peligro”.

Jupol y Jucil habían solicitado medidas llamadas “cautelarísimas” —en las que ni siquiera se escuchan los argumentos de la parte contraria— para vacunar a los policías y guardias civiles de inmediato. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha rechazado esa petición porque, en su opinión, los sindicatos no han alegado suficientes razones de “urgencia”. El tribunal, sin embargo, ha abierto un procedimiento de medidas cautelares y decidirá, por lo tanto, sobre la petición de los sindicatos. Los magistrados —que en los procedimientos contenciosos actúan como “tramitadores”— han dado traslado al Departamento de Salud y a la Fiscalía para que hagan las alegaciones que consideren oportunas. Les da hasta el próximo lunes a mediodía para contestar.

Con los argumentos de todas las partes sobre la mesa, el tribunal tomará una decisión: si ordena, de forma provisional, anular la decisión de la Generalitat de paralizar el plan de vacunación a los funcionarios policiales. O si, por el contrario, considera que la decisión se ajusta a derecho y no ve motivos para hacerlo. El sindicato de Policía SUP también presentó una denuncia en marzo ante el TSJC pidiendo de forma cautelarísima que se les vacunase. En este caso, el tribunal no admitió a trámite la demanda sin hacer ninguna gestión más, tal y como indican desde el sindicato. En la actualidad en Cataluña no se vacuna por grupos esenciales sino por grupos de edad.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en el senado el martes que el Gobierno central se hará cargo de la vacunación de los policías y los guardias destinados en Cataluña y acusó a la Generalitat de ser la única comunidad que no los está vacunando. Ambas administraciones se culpan mutuamente de la situación que ha provocado que solo un 10% de los cerca de 7.000 guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña hayan sido vacunados. Darias aseguró que la media en España es del 60%, aunque Sanidad no ha desglosado el porcentaje de agentes vacunado por comunidades autónomas. En el caso de los Mossos d’Esquadra, más de 8.000 agentes de los 17.000 que tienen el cuerpo ya han sido inmunizados, según datos sindicales, y la cifra aumentaría hasta 11.000 si se incluyesen a todos los que fueron convocados en la primera fase de vacunación a colectivos esenciales, donde se llamó a los menores de 55 años.

La Generalitat empezó a vacunar a los policías y a los guardias con un mes de retraso respecto a los Mossos. Inicialmente, las dos administraciones cerraron filas y alegaron que había sido un poco más complicado logísticamente organizarlo. Pero tras el anuncio de Darias, la Delegación del Gobierno en Cataluña reprochó a la Generalitat no haberlo hecho antes, y detalló todas las gestiones llevadas a cabo para lograrlo. Según fuentes de la Delegación, el 10 de febrero, cuando comenzó a vacunarse a los mossos, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, solicitó al Departamento de Interior información de cuándo se empezaría a inmunizar a guardias civiles y policía nacional, y este le contestó que se reunirían el día 15 con un representante para iniciar los trámites. Sin embargo, y siempre según el relato de voces de la Delegación, no fue hasta el 4 de marzo, 23 días después de empezar con los mossos, cuando se reunieron con Interior y Salud para afinar el dispositivo, informa Jessica Mouzo.

La Generalitat, por su parte, acusó a su vez a la Delegación de no facilitar los listados de las personas que debían inmunizar y de complicar logísticamente la manera de hacerlo. Sobre este último extremo, fuentes de la Delegación aseguran que ya en la reunión del 4 de marzo, cuando el Departamento de Salud reclamó que se organizasen en grupos grandes, se preparó un dispositivo para vacunar a los 7.000 policías y guardias en siete grupos.

La vacunación a guardias y policías empezó finalmente el 11 de marzo con todos los agentes menores de 55 años, pero el 8 de abril se suspendió, cuando se decidió que la vacuna de Astrazeneca, que era la que se les estaba inyectando, solo se podía administrar a personas de entre 60 y 69 años. A partir de entonces, solo los funcionarios de entre 60 y 65 años podían ser vacunados. El Ministerio de Sanidad asegura que en cuanto se reanude la vacunación de los colectivos esenciales, serán los propios guardias y policías con titulación de sanitarios quienes vacunarán en Cataluña a sus compañeros.

En su recurso, los sindicatos Jupol y Juicil consideran que el Gobierno catalán ha vulnerado derechos fundamentales de la persona. El escrito recuerda que, en diciembre de 2020 —antes de que empezaran a suministrarse las primeras dosis de la vacuna— se publicó la estrategia de vacunación frente a la covid-19, que contemplaba a los policías como personas con “trabajos esenciales”. El Ministerio del Interior anunció, en febrero, que tras vacunar a los mayores de 80 años sería el turno de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Los sindicatos consideran que es una decisión “totalmente arbitraria”, “caprichosa”, “sin sentido” y “contraria a derecho” el hecho de que no se les haya vacunado, que deja en situación de “desprotección” a los agentes. Una crítica a la que se suman desde otros sindicatos policiales, como el SUP. Por parte de la Guardia Civil, la asociación AUGC ha anunciado hoy que presentará una denuncia contra el Departamento de Salud catalán por no vacunar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “poniendo en riesgo, no solo a las familias de este colectivo, sino también a la ciudadanía en general”.