Junts dilata el ‘sí’ a Aragonès para minar su autoridad

Ni la pandemia logra poner de acuerdo a los futuros socios. ERC y Junts per Catalunya están negociando desde las elecciones del 14-F la formación de Gobierno ante un electorado independentista cada día más perplejo y desencantado por la desconfianza mutua. Hasta el pasado viernes, las dos formaciones llevaban nueve días sin reunirse. La prisa de ERC contrasta con la lentitud de Junts. Es la penitencia política que imponen a su socio los de Carles Puigdemont. Los postconvergentes saben que están condenados a dar el sí a Pere Aragonès, pero se resisten. Así, desgastan al futuro president de una institución, la Generalitat, devaluada por los años en los que Quim Torra estuvo al frente.

Bastantes independentistas consultados comparten que el futuro Govern es un matrimonio de intereses condenado al fracaso. La ilusión de los primeros meses de noviazgo —hace ya un decenio de la irrupción del procés— ha dado paso al frío cálculo de una relación a la que muchos dan una duración máxima de dos años. “Será un Govern fallido”, dicen fuentes posconvergentes.

La victoria electoral de ERC dentro del campo independentista, por un solo diputado, ha sido pírrica. La táctica dilatoria de Junts busca mostrar a Puigdemont, el expresident buscado por la justicia, como el “propietario de la patente de la independencia”, mientras Aragonès queda como exponente de la “genética acomplejada de ERC” que en su papel de segundones del secesionismo han ido a rebufo en todo el procés. Si Convergència se consideraba propietaria de la Generalitat, Junts confirma con sus desplantes a Aragonès su convicción de que los republicanos son meros arrendatarios del Palau.

Los resultados electorales dieron a ERC la oportunidad de abrir el baile. Y lo hizo con toda una declaración de intenciones, mostrando sus preferencias por la CUP —con quienes llegaron a un acuerdo— y En Comú Podem, con los que no cerraron ningún pacto. Junts quedó postergada, tras una legislatura que no contribuyó precisamente a apuntalar la imagen de la institución autonómica.

Quim Torra llegó al cargo en mayo de 2018 y se presentó como “vicario” a la espera del regreso de Puigdemont. “Apretáis, y hacéis bien en apretar”, defendió a los Comités de la Defensa de la República (CDR) en el primer aniversario del 1-O. En enero de 2020 dijo que la situación con sus socios de Gobierno era insostenible y anunció unas elecciones que no convocó pero que llegaron el 14-F. Tras su inhabilitación por un delito de desobediencia, Torra concluyó que “uno de los obstáculos para lograr la independencia es la autonomía”. Con estos mimbres llega a la investidura Aragonès. Y los agentes sociales piden acabar con la falta de dirección política en la Generalitat.

El reto de Aragonès no será sencillo. A la pandemia y a la crisis económica se le suma la restitución del prestigio de la Generalitat, en mínimos históricos. El futuro presidente lo tiene claro, afirman los suyos. Deberá afrontar cómo gobernar con el partido de Puigdemont, al que desde las filas republicanas califican de “artefacto inestable”. Un sector de Junts es partidario de entrar en el Govern y así nombrar a los 250 cargos de confianza fundamentales para financiar a una formación que no cuenta con la complicidad empresarial que tenía Convergència y necesita estar en el poder para consolidarse.

En el otro extremo de Junts están quienes, en línea con la doctrina de Torra, consideran que es preferible repetir elecciones o quedarse en la oposición antes que continuar con “la sumisión al Estado”. Es ese sector que desde ERC aseguran que no se ha dado cuenta de que “las fantasías de octubre de 2017 ya se han evaporado”. Los republicanos acusan a Junts de no cerrar ningún acuerdo en la negociación. “Lo dejan todo abierto”, apuntan fuentes republicanas, “a la espera de la luz verde de Waterloo” (en referencia a la residencia de Puigdemont), mientras siguen desgastando la autoridad de Aragonès.

“ERC tiene músculo como partido, mientras que Junts depende de un liderazgo”, reconocen fuentes posconvergentes. En Esquerra hay quienes esperan que la negociación con el Gobierno central provoque cambios de alianzas. El pacto suscrito con la CUP supone que Aragonès deberá someterse en dos años a una moción de confianza. Entonces los republicanos podrían cambiar su política de acuerdos. Junts quiere atar corto a ERC tanto en la mesa de diálogo como en el Congreso y dar un papel de dirección política al Consell per la República de Puigdemont. ERC arguye que ha ganado las elecciones y no quiere subordinar su política al expresident.

Los republicanos cuentan en el Congreso con 13 diputados; Junts, con cuatro. Por ello desde ERC rechazan pactar una hoja de ruta conjunta que hipoteque su capacidad de maniobra en Madrid. Los de Puigdemont siguen con la operación de desgaste mientras se acerca la fecha límite para la investidura: 26 de mayo.