Un juez prima el criterio de la sanidad pública en las incapacidades

Un juez de Barcelona ha concluido que los informes de los profesionales de la sanidad pública merecen mayor “credibilidad, certeza y validez” que los emitidos por los médicos que evalúan a los pacientes para decidir si deben seguir de baja o si merecen una incapacidad. La sentencia, que concede la incapacidad permanente a Jaume Tormo —un camarero con una lesión en el nervio femoral— prima el seguimiento de la médico de cabecera sobre las conclusiones de la Subdirección General de Evaluaciones Médicas (SGAM), un órgano que acumula quejas por mal trato a los pacientes y su exceso de celo con las bajas laborales.

El SGAM, que depende del Departamento de Salud de la Generalitat, es una suerte de tribunal médico. Aunque no son vinculantes, los informes que emiten sus doctores son la base que emplea la Seguridad Social para tomar decisiones clave en la vida de un paciente. Por ejemplo, si puede seguir de baja o debe volver al trabajo. O si merece, por su dolencia, que se le reconozca una incapacidad laboral. En muchos ámbitos —incluida la sentencia del camarero— es más conocida por una de las muchas siglas que ha conocido: Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), que tiene su base de Barcelona en el antiguo hospital militar de la avenida Vallcarca.

Jorge Campmany dirige un despacho de abogados de Barcelona que pleitea contra las resoluciones de la Seguridad Social apoyadas en los informes del ICAM. Campmany señala que, según datos del Poder Judicial, cada año la justicia estima en torno a 20.000 incapacidades laborales permanentes que previamente, en fase administrativa, habían sido denegadas. En muchos casos, explica el abogado de Tormo, la clave para ganar los juicios es la que haya otros informes; muy especialmente, los emitidos por los médicos que están en la primera línea de batalla y que conocen la trayectoria del paciente.

Jaume Tormo está agradecido a su médico del ambulatorio de Pubilla Cases, en L’Hospitalet. En su informe dejó constancia de la “mala evolución” del hombre y del “dolor que presenta en forma de lumbalgia”, lo que le impide estar de pie demasiado tiempo o bajar escaleras. No puede, en fin, trabajar como camarero, un oficio que le ha ocupado la vida: empezó en el bar de sus padres a los 15 años y acabó en la cafetería de El Corte Inglés de la avenida Diagonal. En 2018, la aparición de unas arritmias le llevó a quirófano, donde un error en la intervención le perforó el nervio femoral y le sumió en una espiral de padecimiento físico y en un laberinto burocrático. Con la incapacidad concedida por el juzgado de lo social número 19 de Barcelona, cobrará la mitad de los 1.500 euros que percibía como camarero.

“A los 54 años, mi vida es la de un jubilado, y no la quiero”, lamenta antes de sacar a pasear —ha de ser “un paseo corto”, por el dolor— a su perra Alma, un pastor belga al que dedica la mayor parte del tiempo. Tormo, que también echa de menos su afición al hockey patines, recuerda con amargura el paso por el ICAM, que revisó su baja laboral. “No te tratan como a una persona: eres un expediente. No te dejan ni hablar. El médico es como un androide programado, piensa que le engañas. Puede haber alguien que quiera estafar, sí, pero la gente no va allí a perder el tiempo, va porque está enferma”.

No es, ni de lejos, una opinión aislada. Forma parte de un eco persistente, que reverberó con ímpetu en 2015 cuando una mujer, Natividad López, acampó a las puertas del ICAM por el alta que recibió después de sufrir un infarto y un ictus. Aquella protesta dio origen a una plataforma de afectados —PAICAM— que sigue luchando contra un modelo de evaluación que, en su opinión, prima los criterios económicos por encima de los sanitarios.

Javier Medina, uno de los miembros del movimiento, señala que parte del problema reside en el convenio entre el INSS y la Generalitat para que el SGAM se haga cargo de las evaluaciones. El texto detalla que el 40% del crédito asignado —un total de 60 millones anuales— “queda condicionado al cumplimiento de los objetivos de racionalización del gasto”. Y precisa cómo debe contenerse el gasto en incapacidades temporales a partir de distintos indicadores.

El exconsejero de Salud Toni Comín admitió, a finales de 2016, que una parte de los ingresos de la Generalitat “contravienen las funciones asistenciales con criterios economicistas”. Y añadió que debían abandonarse prácticas en las que “a los médicos se les exija por convenio que intenten hacer bajas más cortas” sin tener en cuenta “solo criterios médicos”. Más tarde llegó el referéndum del 1-O, Comín huyó a Bélgica y, durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se firmó la renovación del convenio, con una vigencia de cuatro años. Caducó el pasado enero y está pendiente de renovación.

“Somos más estrictos que el médico de cabecera”

Uno de los rasgos de la SGAM, coinciden las fuentes consultadas, es su opacidad. La exdiputada de ICV en el Parlament Marta Ribas recogió el guante de las protestas de 2015. Constató sensaciones, como que el organismo era “muy restrictivo” al prolongar bajas o conceder incapacidades. Pero no pudo comprobar, por ejemplo, el rumor según el cual los médicos eran incentivados para actuar así. Las protestas también llevaron a Cristina Pujol a hacer de la SGAM su trabajo de final de grado en relaciones laborales por la UPF. Pujol pudo entrevistar a media docena de trabajadores del organismo en Girona.

La mayoría admitió que los usuarios tenían una pobre opinión del servicio, pero la atribuyeron a una “reacción inadecuada” cuando no se cumplían sus expectativas. A preguntas de la investigadora, negaron haber recibido presiones de sus jefes para conceder más o menos incapacidades, pero afirmaron que tienen mecanismos para ser “más imparciales”. Pujol preguntó si se consideraban “más estrictos” al conceder incapacidades. Tres respondieron que sí. “Somos más estrictos que el médico de cabecera”; “sí, intentamos ser más justos y gestionar bien los recursos económicos”; “podemos evaluar mejor sin las presiones a las que están sometidos los médicos de cabecera”.

La mayoría coincidieron también al señalar que, en la atención primaria, se protege en exceso a las mujeres embarazadas a la hora de tramitar su baja.