Acampada contra un alta médica

Encajonada en una tienda de campaña de tela, sobre un colchón hinchable y decenas de piezas de ropa y mantas a su alrededor, Nati López pasa la tarde de su décimo quinto día acampada a las puertas de la sede del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM, en sus siglas en catalán). La joven lleva más de 15 días (desde el 6 de octubre) apostada en la calle para reclamar que el Departamento de Salud le revoque el alta médica que le otorgaron hace unas semanas, un año y medio después de sufrir un ictus cerebral. El Tribunal Médico del ICAM, encargado de evaluar las incapacidades laborales, la considera apta para trabajar. Ella discrepa. “Ojalá pudiera trabajar y volver a tener una vida normal, pero no puedo. Tengo pérdidas de memoria, falta de sensibilidad en el lado derecho, migrañas, no consigo retener información y no soporto los ruidos fuertes ni los cambios de luz. ¿Quién va a contratar a una persona que tiene que ir al médico al menos tres veces por semana?”, reflexiona. No puede trabajar pero tampoco le conceden la incapacidad permanente, denuncia.

Una fiambrera con macedonia custodia la puerta de trapo que la separa del fresco otoño barcelonés. Tres sillas plegables y un baño portátil —también padece problemas intestinales— completan la residencia que se cobija de la lluvia y el sirimiri de los últimos días bajo una lona azul. Los transeúntes se acercan y preguntan a Nati por su caso. cuenta, por enésima vez —su historia ha levantado mucha expectación mediática y vecinal—, la larga agonía que la ha llevado a las puertas del ICAM o, como ella lo llama, “el Guantánamo sanitario”.

Historial

 Con sólo 33 años, la joven tiene un historial médico de varios cientos de páginas. Un infarto de corazón hace tres años y un ictus cerebral hace uno y medio capitanean su historia clínica. La chica, vecina de L'Hospitalet de Llobregat y contable administrativa de profesión, se recuperó más o menos bien del infarto y volvió a su trabajo en una multinacional, aunque tenía que llevar pañales de vez en cuando por la incontinencia que le provacaban las úlceras intestinales que aún sufría. “Tenía un buen trabajo. No soy una ni-ni. Cobraba bien y coticé durante 10 años. Dejé de trabajar porque me estaba encontrando muy mal”, recuerda. Trabajó hasta poco antes del accidente cerebrovascular. Aunque a simple vista la rehabilitación haya hecho milagros y apenas tenga secuelas motrices, el ictus la dejó tocada. Visita semanalmente a una retahíla de especialistas: cardiólogos, neumólogos, neurólogos, digestólogos, neuropsicólogos, psiquiatras y ginecólogos (toma anticoagulantes y la menstruación la postra en la cama durante una semana).

En el momento del ictus, Nati estaba en paro, así que cuando le dieron la baja por 18 meses la joven cobraba una parte proporcional de la prestación que tenía: 320 euros mensuales con los que ha vivido, no sin apuros, casi 18 meses. Su abogada pidió la incapacidad permanente en febrero pero no se la dieron porque, según el ICAM, “todavía no se había agotado la posibilidad de mejora ni los recursos terapéuticos”.

El asunto se recurrió en los tribunales y siguen a espera de juicio pero, paralelamente, en septiembre, la joven recibió una carta del ICAM en la que, además de denegarle la incapacidad permanente, le daban el alta médica. Estaba apta para trabajar. “Me quedé sin ingresos, sin nada, y yo no puedo trabajar. Qué más quisiera, pero no puedo. Me están condenando a la indigencia. Son inhumanos”, protesta la joven.

Su abogada, Marta Barrera, del Colectivo Ronda, espera que las medidas de presión favorezcan, al menos, una reunión con la dirección del ICAM para llegar a un acuerdo. Con todo, aseguran, el caso de Nati no es una excepción. Su despacho recibe numerosas consultas para pleitear con el ICAM, una institución a la que acusan, además, de regirse por criterios economicistas y otorgar más altas médicas para alcanzar los objetivos económicos que le marca la Administración.

 Pocos visos de acuerdo

Por su parte, la subdirectora general del ICAM, Consol Lemonche, niega la mayor y señala que el conflicto con Nati es “un caso particular sin trascendencia colectiva”. Lemonche rechaza, además, que reciban presiones para dar más altas y apunta que ellos sólo hacen un informe y la decisión final de si el paciente es alta, baja o incapacidad permanente depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En el caso de Nati, añade Lemonche, “se vio que el ictus ya estaba resuelto en junio de 2014, pero se alargó la baja hasta ahora, cuando se vio que no hay patología que le impida trabajar y no era necesario seguir de baja”. La responsable del ICAM, que reconoce que preparó un dossier con su caso a petición del Departamento de Salud, concluye: “Lo que hemos valorado con todos los informes que se le han hecho, a los que podemos acceder desde la historia clínica compartida, son sus antecedentes y su situación actual y vimos que estaba bien”.

Con pocos visos de llegar a un acuerdo, Nati se mantiene en sus trece. Con cansancio acumulado y agotada por las picaduras de mosquitos y una fístula en el ombligo que le acaba de salir, insiste en que no se va a ir. Dice que lo más duro de sus dos semanas a la intemperie no son las condiciones en las que vive, sino “la realidad, la crueldad y las injusticias” que ve pasar en el ICAM. Algunos pacientes se paran a hablar con Nati al salir del Tribunal Médico, se sientan en la que han dado en llamar “silla de la depresión” y le cuentan sus penas a la joven. “Esto es un drama, son historias distintas y a la vez muy parecidas a la mía”, apunta. La joven apunta que, puestos a quedarse en la calle, es mejor empezar cuanto antes y protestando. “A mí me ha dado un ictus pero no soy idiota. De aquí no me voy”, sentencia.