Girona reclama planificación ante un alud de proyectos de instalaciones de energías renovables

Ecologistas, alcaldes, el sector primario, el turístico y profesionales y entidades del Empordà se han unido ante la “avalancha” de proyectos que se pretenden implantar en un territorio libre hasta ahora de parques eólicos y fotovoltaicos. Exigen a la Generalitat una planificación previa ante el temor de que quede alterado un entorno privilegiado. Sus habitantes luchan hace décadas contra el troceo del territorio. Han visto como grandes infraestructuras como la AP-7, la N-II, el AVE, y la línea de Muy Alta Tensión (MAT) han hecho desaparecer campos y bosques.

La decena de parques eólicos con unos 50 aerogeneradores y la quincena de huertos solares con unas 7.400 hectáreas de placas fotovoltaicas que han llegado a la ponencia de energías renovables de la Generalitat preocupan de nuevo. También las 60 torres de alta tensión a lo largo de 18 kilómetros para evacuar la electricidad planteada en la subestación de Santa Llogaia d’Àlguema. La sociedad civil cree que la fragmentación en pequeños parques busca dividir un proyecto con gran impacto ambiental que así se podrá tramitar en partes individualmente “menos impactantes”.

La plataforma Iaeden pide la derogación del decreto 16/2019, una moratoria a todos los proyectos aprobados y una planificación energética de Cataluña, y promover los parques necesarios para cubrir el resto de la demanda en ubicaciones adecuadas y con consenso. Creen que las renovables “quieren imponerse de forma caótica sin planificación, sólo respondiendo a los deseos de las grandes energéticas”. Los municipios pequeños buscan ayuda en entes supramunicipales y piden que los molinos se sitúen junto las infraestructuras que cruzan la comarca.

Para el alcalde de Capmany, Joan Fuentes, los seis parques con 21 molinos para los que se ha pedido permiso hipotecarían el 33% del municipio. “El modelo de pueblo que tenemos, con 18 casas de turismo rural y 8 bodegas quedaría muy perjudicado”. También el Consejo Regulador de la DO Empordà muestra su inquietud y reclama “acelerar un nuevo Plan General de la Energía consensuado” que detalle criterios de protección ambiental, agraria, biodiversidad, integración paisajística, distribución territorial y planificación urbanística”. A la alcaldesa de la Jonquera, Sònia Martínez, su POUM le ha permitido suspender licencias para redactar un plan especial para eólicas.

De fotovoltaicas por el momento se han previsto unas 7.400 ha. en 14 municipios. En Ordis, un pueblo de 8 km2 con 370 vecinos prevén instalar 111.104 placas en 56,9 ha. A la alcaldesa, Anna Torrentà, le preocupa el reciclaje de las placas y cómo quedarán los campos. Para autoconsumo les bastarían 6 ha. Los promotores han contactado con los dueños de los terrenos y les han ofrecido hasta 3.000 euros/año por hectárea. La oferta económica puede tener una doble afectación, puede ser una salida para agricultores cuyos campos no dan tanto, pero también puede hacer que ganaderos que alquilan las tierras las pierdan y acaben cerrando sus granjas.

También en el mar el proyecto “Parc Tramuntana” previsto en el Golfo de Roses ha topado de frente con la plataforma “Stop al macroparque eólico marino”. La entidad pide un modelo energético de futuro sostenible y autosuficiente, sin proyectos faraónicos de multinacionales que “explotan el territorio sin tener en cuenta sus valores medioambientales, paisajísticos, sociales y económicos”.