La Síndica denuncia que Barcelona eliminó ayudas sociales en plena pandemia

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha denunciado que, pese a la declaración de pandemia, el Consistorio no convocó durante 2020 algunas ayudas dirigidas a las familias como la subvención del pago del IBI para familias monoparentates y personas viudas con pocos recursos. Vilà asegura que esta ayuda se otorgaba desde 2012 y su supresión ha sido durante el pasado 2020 un motivo reiterado de quejas ante la Sindicatura. Según la defensora del pueblo, no ha sido la única ayuda que no se ha convocado en 2020. “El fondo extraordinario para ayudas puntuales de emergencia social para niños de 0 a 16 años no ha sido convocado después de cinco años consecutivos en los que se había aprobado la convocatoria. En 2019 se destinaron 12.870.000 euros dirigidos exclusivamente a menores”, ha denunciado.

Vilà ha hecho estas denuncias durante la presentación del que será su último informe anual, el de 2020, ya que no puede presentarse a la reelección en el cargo. La Síndica considera que el Consistorio justifica no haber convocado las ayudas a la subvención del IBI debido a la situación de crisis sanitaria que “ha dejado en una posición de vulnerabilidad a muchas personas a las que el Ayuntamiento ha tenido que atender destinando más recursos sociales que los que estaban previstos para paliar la situación de vulnerabilidad de personas y familias con rentas bajas”. Vilà ha asegurado que el Ayuntamiento quiere volver a hacer efectiva la convocatoria en 2021. Aun así, entiende que el gobierno municipal ha adoptado una serie de medidas extraordinarias llegando a otorgar desde la declaración de estado de alarma hasta 28.360 ayudas por un importe de más de 13 millones de euros para cubrir necesidades básicas como alimentación y alojamiento.

Durante 2020, la Sindicatura ha llevado a cabo 3.543 actuaciones de las que 1.988 fueron quejas; 1.518, consultas; 35, actuaciones de oficio y dos, visitas a barrios. De todas las actuaciones realizadas en un 78% de los casos se ha dado la razón a la ciudadanía. Los distritos que concentraron más quejas fueron Eixample, Sant Martí, Ciutat Vella y Sant-Montjuïc.

Una de las principales quejas presentadas a la defensora ha sido la que hace referencia a las dificultades de la ciudadanía para contactar con los servicios municipales en plena pandemia, la imposibilidad en muchas ocasiones de obtener una cita previa para registrar documentos, las dificultades de acceso al aplicativo del Instituto Municipal de Hacienda, la presentación de recursos ante un expediente sancionador o la tramitación de las altas del padrón municipal. El Ayuntamiento informó a la Síndica de que antes de la covid-19 el plazo medio de asignación de una cita previa era de cuatro días y en plena pandemia se alargó a siete. “Comprobamos llamando al 010 que la cita previa para registrar un documento superaba los 14 días naturales”, denuncia.

En el informe de 2020 la Síndica vuelve a incidir en la falta de vivienda en la ciudad y considera que el alojamiento de familias con menores en pensiones o residencia durante meses “no es adecuado”. Durante el 2020 ha disminuido el número de solicitudes presentadas en la Mesa de Emergencia social por pérdida de vivienda pasando de “614 nuevas solicitudes atendidas en 2018, a las 486 atendidas el 2019 con una caída en 2020 hasta las 210 solicitudes”. La Síndica asegura que esta caída se debe a la moratoria de desahucios impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Pese a ello, Vilá denuncia que el tiempo de espera de una vivienda de emergencia puede superar fácilmente los dos años. Durante 2020 se han asignado una media de 12,66 viviendas mensuales. “Barcelona continúa siendo una de las capitales más caras de España para vivir: la media del recibo mensual en el mercado del alquiler alcanzó los 979 euros mensuales”, denuncia. La Síndica asegura que con estos precios muchas familias se ven obligadas a convivir con otras, lo que genera situaciones de “sinhogarismo oculto”.

Respecto a la incidencia de la covid en la ciudad, la Síndica destaca que las zonas más empobrecidas, con más densidad y con más paro coinciden con las que más se vieron afectadas por la pandemia.

Vilà ha destacado que el llamado “urbanismo táctico” por el equipo de gobierno ha sido el origen de diferentes quejas. “Se observan usos confusos en ciertas intervenciones como por ejemplo el corte lateral de Via Laietana, que es utilizado de forma desordenada por bicicletas y peatones. Esta simultaneidad de modas de movilidad, sumada a tramos de acera estrechos y falta de elementos de seguridad que limiten la calzada en algún segmento, genera confusión y que se perciba como un trayecto menos seguro”, ha destacado. La Síndica critica la eliminación de aparcamientos de carga y descarga o que algunas intervenciones obliguen a recolocar los contenedores. “En muchas ocasiones estas intervenciones no resuelven de manera clara la accesibilidad para personas con movilidad reducida”, ha lamentado y ha recomendado incrementar la comunicación por parte del Consistorio.

Respecto al transporte público ha pedido más frecuencia de paso ya que denuncia que ha habido situaciones de “aglomeración y falta de distancia entre pasajeros”.

Por último, ha destacado que entre 2019 y 2020 la Síndica ha recibido 326 quejas relativas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La Síndica pide más comunicación, más oferta de transporte público y más aparcamientos comunicados con la red de transporte.