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Colau exige al nuevo Govern una Ley de Barrios y el impulso de la L9

El Ayuntamiento de Barcelona también reclama más inversión en vivienda y sanidad o actuaciones contra el cambio climático

Obras de la L9 del metro en la Ronda Guinardó junto al Hospital de Sant Pau.
Obras de la L9 del metro en la Ronda Guinardó junto al Hospital de Sant Pau.Albert Garcia (EL PAÍS)
Clara Blanchar

Tras las elecciones del 14-F, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya tiene preparada la lista de asuntos urgentes para trasladar al futuro Govern. Sea cual sea. Entre las cuestiones pendientes y los incumplimientos de la administración autonómica con la capital, cita el tramo central de la L9 del metro, una nueva Ley de Barrios, más inversión en vivienda y sanidad o actuaciones contra el cambio climático. “El historial de inversiones y deudas del Govern no es para estar orgullosos; pediremos la comisión bilateral para ponernos al día”, manifestó el teniente de alcalde de Economía, Jaume Collboni.

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En la comisión de Economía, Collboni se mostró confiado en mantener un “diálogo fructífero”. “Hemos visto mejoras, no lo negaré, pero hay muchas cuestiones e inversiones pendientes con datos preocupantes. Desde la lealtad institucional y el rigor, gobierne quien gobierne, pediremos al Govern lo que a la ciudad le corresponde. Y que fije las inversiones en el presupuesto”, advirtió Collboni antes de enumerar las principales demandas.

Una nueva Ley de Barrios. Tras impulsar el Plan de Barrios para reducir las desigualdades en la ciudad, Colau reclama al futuro Govern que reedite la Ley de Barrios que puso en marcha el gobierno tripartito de Pasqual Maragall en 2004 para rehabilitar zonas urbanas degradadas. “Necesitamos una nueva Ley de Barrios, que han dejado de hacer los Gobiernos de Convergència y ahora de coalición, para invertir en las zonas con más necesidades”, señaló Collboni.

La L9 del metro. Las obras del tramo central de la Línea 9, 11 paradas desde La Sagrera hasta Zona Universitaria, llevan una década paradas. La última previsión de la Generalitat es acabar en 2029, casi tres décadas después de empezar. En materia de infraestructuras, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, señala también que está pendiente terminar la L4 de La Pau a La Sagrera, la L10 en la Zona Franca y la L3 entre los dos barrios de La Trinitat. Y destaca que después de medidas implementadas en Barcelona, como la Zona de Bajas Emisiones, el aumento de carriles bici y bus o las pacificaciones, le corresponde al Govern ejecutar actuaciones que impactan en la ciudad, como los aparcamientos en estaciones de cercanías o aumentar los buses interurbanos o los carriles bus-vao en los accesos. “La Ley de la Financiación del Transporte Público está aprobada pero se incumple en creación de tasas o impuestos”.

Cambio climático. Sanz reprocha al Govern saliente: “Tenemos un pacto por la contaminación, pero hoy no hay ninguna actuación para reducir la contaminación que cuelgue de la Generalitat y esté ejecutada”. “La Ley del Cambio Climático está aprobada, pero falta desarrollar todo lo que se deriva del texto, cuestiones como exigir límites a los planes de crecimiento del puerto y el aeropuerto, el impuesto al carbono, los plásticos de un solo uso...”, lamenta.

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Más pisos públicos. En los últimos años, repiten en el Ayuntamiento, “la Generalitat solo ha impulsado dos promociones de vivienda pública en la ciudad, 31 pisos en total, frente a las 73 promociones y más de 3.600 pisos que impulsa el Ayuntamiento con ayuda de una aportación extraordinaria de 73 millones de euros del Estado”. “La desinversión en una competencia como la vivienda, que es de la Generalitat, es flagrante, y en infraestructuras, clama al cielo”, afirmó Collboni el miércoles. Sanz añade que, en los consorcios de Vivienda, Educación y Servicios Sociales, donde la Generalitat debe aportar el 60% y el Ayuntamiento el 40%, “no se cumplen los equilibrios”. Como ejemplo cita la aportación de pisos de las dos administraciones a la Mesa de Emergencia.

Fondos covid. El número dos de Colau se refirió al reparto de los 3.200 millones que ha recibido la Generalitat para afrontar la crisis de la covid: “Queremos saber cómo se están distribuyendo, dado el gobierno municipal no ha recibido fondos extraordinarios durante la crisis ni de la Generalitat ni del Estado”.

Deuda de las guarderías. La Generalitat comenzó a pagar hace un año la deuda acumulada desde 2012 en la financiación de las guarderías, que había alcanzado más de 63 millones de euros. Las previsiones apuntan a que no se cubrirá hasta finales de la década, recuerdan fuentes municipales. Collboni recordó que los avances se produjeron “después de una sentencia del TSJC que reconoció la deuda del Govern con los municipios”.

Recuperar las urgencias y dinero para residencias

El ejecutivo municipal afirma que “la crisis ha puesto de relieve las carencias de la atención primaria en Barcelona por los recortes en sanidad”. Collboni recuerda que hay ambulatorios con las urgencias cerradas: Guineueta y Rio de Janeiro (Nou Barris), La Pau (Sant Martí) y Numància (Sants). El Ayuntamiento destaca el “incumplimiento” de convenios también sobre residencias y centros de día. “De 10 equipamientos que había que construir (1.200 plazas de residencias y 320 de día) solo se han construido cuatro”. Sobre los fondos FEDER, Collboni apuntó que está pendiente de restituir la preasignación financiera de los fondos, que ascienden a 40 millones.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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