Besòs, cronología de una catástrofe ambiental

El incendio se declaró a las 7.36 y en cuestión de segundos las llamas se extendieron sin control sobre 1.100 toneladas de residuos tóxicos. Los trabajadores que cubrían el turno de mañana ese 11 de diciembre de 2019 en la planta química Ditecsa de Montornès del Vallès, a 20 km de Barcelona y colindante con el río Besòs, solo tuvieron tiempo de correr para dar la voz de alarma. Ni si quiera los extintores funcionaban. A las 7.55, unas 21 toneladas de disolventes se empezaron a verter sin control en el caudal. Bastaron 20 minutos para echar por tierra 20 años de recuperación ambiental.

La industria volvió a jugársela al Besòs. El vertido, con contaminantes que superaron más de 10 veces las concentraciones permitidas, acabó con la vida de miles de peces (en el tramo más afectado murieron el 99%). El río, que en los ochenta se ganó el apodo de “cloaca a cielo abierto”, llevaba más de dos décadas de recuperación. Desde el 2000, cuando se puso en marcha el parque fluvial en el último tramo y donde la catástrofe ambiental causó el mayor daño, se han observado 250 especies de pájaros, 12 de mamíferos, 8 de reptiles, 4 anfibios y 8 de peces.

Más de un año después del incendio, la población de peces se ha reducido un 70% hasta su desembocadura en Barcelona, según un estudio encargado por la Generalitat. “Y no se puede poner una fecha para la recuperación total de la fauna acuática en ese tramo”, explica Dolors Vinyoles, doctora en biología de la Universidad de Barcelona (UB) y jefa del equipo de biólogos responsable del estudio.

Los días siguientes al incendio, el Besòs se asemejó más a ese río que la escritora Patricia Gabacho definió en los ochenta como una “criatura marginal, desvalida y castigada por la desidia”. Centenares de peces flotaban entre una visible y pestilente espuma tóxica. A tenor del reguero de irresponsabilidades que acumulaba la empresa lo extraño es que la catástrofe no se produjera antes. Desde 2011, Ditecsa había sido sancionada con cuatro multas por valor de 76.000 euros por incumplimientos en materia de seguridad. “Sabían o aceptaban que en alguna ocasión se llegaría a producir una interacción entre los residuos acumulados y se originaría un incendio que podría afectar a toda la planta”, afirma la Fiscalía de Medio Ambiente en la querella que ha presentado contra el director general, el delegado en Cataluña y al responsable de la planta de Montornés. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, contactar con la empresa.

La denuncia ya ha sido admitida por el juzgado de instrucción 2 de Granollers (Barcelona) y con mucha probabilidad los tres directivos acabarán sentados en el banquillo acusados de un delito contra el medio ambiente y otro relativo a la protección de la fauna y flora. Ambos delitos se castigan con penas que oscilan entre los seis meses y dos años de cárcel. Un informe del pasado julio de la Agencia Catalana del Agua, competente en la gestión del agua en la comunidad autónoma, constató que, en el tramo más afectado, a escasos 300 metros de la planta, todavía persiste un foco tóxico que emana contaminantes. Y no se sabe cuándo terminará.