El Constitucional anula el decreto catalán que protegía el alquiler de las personas vulnerables

El Tribunal Constitucional ha anulado este jueves el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó el Govern en diciembre de 2019, según avanza Efe. Esta norma pretendía mejorar el acceso a la vivienda y, entre otras cosas, obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que hubiesen ocupado ilegalmente alguna de sus viviendas. El Tribunal también ha admitido a trámite el recurso que presentó el PP contra la ley catalana que regula el precio de los alquileres.

El decreto, impulsado por el consejero de Territorio, Damià Calvet, fue un logro de las entidades sociales contra los desahucios, y se fraguó tras meses de desencuentro entre los socios del Govern, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Finalmente, el Govern consiguió convalidarlo en el Parlament gracias al apoyo de los socialistas y los comunes. El decreto reforzaba algunas de las leyes sobre vivienda anteriores, y sobre todo ampliaba la ley 24/2015 en lo que atañe al acceso a la vivienda por parte de los colectivos más vulnerables.

Además de obligar a los grandes tenedores -bancos y fondos de inversión- a ofrecer un alquiler social de siete años a las familias vulnerables que hubiesen ocupado un piso, el decreto ampliaba las reservas de suelo destinadas a vivienda protegida, actualizaba las tarifas para hacer más atractiva la construcción de vivienda de protección social, y permitía la construcción de alojamientos temporales en suelos públicos o privados que estén destinados a equipamientos.

El decreto fue aprobado en diciembre de 2019, y ya en febrero de 2020 el Consell de Garanties Estatutàries, el órgano del Parlament que vela por la constitucionalidad de las normas, avisó de que algunos puntos del decreto eran insconstitucionales. Ahora es el Tribunal Constitucional el que, a través de un recurso del PP en el Congreso, anula el decreto. El principal argumento es la insuficiencia del cauce legal empleado, es decir, haberlo aprobado por decreto y no por ley. En su recurso, el PP consideró que esta norma vulneraba el derecho a la propiedad privada.

El Tribunal Constitucional también ha aceptado a trámite el recurso del PP contra la ley que regula los alquileres en Cataluña, y que fue aprobada el pasado mes de septiembre. La admisión a trámite no implica por ahora la suspensión de la ley, que sigue vigente. El Sindicato de Inquilinos, entidad que impulsó esta legislación, ha convocado una manifestación esta tarde para protestar contra este recurso.