El Gobierno catalán se inclina por aplazar las elecciones a la segunda mitad de mayo

El derecho a la salud enfrentado al derecho al voto. Las elecciones catalanas convocadas para el 14 de febrero con la tercera ola de la pandemia en pleno apogeo, vuelven a poner sobre la mesa la colisión de derechos fundamentales que vivieron los Gobiernos vasco y gallego el año pasado, cuando tuvieron que optar por aplazar las elecciones de abril a julio. Un espejo ante el que se miran ahora el Govern y los partidos catalanes. El Ejecutivo apuesta por poner la nueva fecha en la segunda mitad de mayo y el PSC es la única formación que defiende mantener el calendario actual. La decisión se tomará mañana viernes.

Si bien la situación y el conocimiento sobre el virus era diferente entre abril del año pasado y ahora, las experiencias gallega y vasca parecen no haber sido suficientes para evitar un aplazamiento en Cataluña, que cada día gana más verosimilitud. Tanto el Govern como los partidos siempre habían insistido en que la decisión final responderá al criterio sanitario, y el informe oficial, entregado el pasado lunes, muestra que el pico de contagios y la presión asistencial se solaparían con la campaña. El escenario más benigno para el 14-F apunta a 3.000 nuevos casos al día y 610 pacientes en la UCI, lindando el colapso. Si no hay cambios de última hora, y según fuentes del Govern, el Ejecutivo catalán defenderá el aplazamiento hasta la segunda mitad de mayo, a más tardar la primera semana de junnio. Los partidos bien podrían proponer otra fecha o dar esta por buena.

Hasta ahora el debate se ha centrado en las consecuencias epidemiológicas que tendrían los comicios. Expertos como Magda Campins, jefa de Epidemiología del Hospital de Vall d’Hebron o Antoni Trilla, su homólogo en el Hospital Clínic, llevan días insistiendo en que el riesgo es alto y ven complicado que se pueda votar. “Si hay contacto hay contagios”, resume Dani López, biofísico del grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña que calcula la evolución del virus para la Generalitat. Esos datos muestran que entre unas 100.000 y 200.000 personas estarían infectadas o confinadas por ser contactos estrechos el 14-F.

Hay un problema de base y es que la posibilidad de posponer unas elecciones ya convocadas no se recoge en la ley orgánica del régimen electoral, recuerda Alba Nogueira, catedrática en derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. En estos meses, lamenta, el legislador no hizo ninguna modificación para poder dar base legal a la situación sobrevenida. De ahí el empeño, entonces y ahora, de los Gobiernos autonómicos de intentar buscar el consenso político y tener algún blindaje. Es el presidente autonómico quien convoca, pero es necesario el visto bueno de la Junta Electoral Central, que pese a ser la autoridad en el campo, según Nogueira, suma más atribuciones que “son alegales”.

Proceso garantista

Nogueira y Braulio Gómez, director del Deustobarómetro, recuerdan que cientos de personas con covid-19 no pudieron votar en julio por estar confinadas, violando un derecho fundamental. “No fue un proceso garantista”, denuncia Gómez, que explica que la decisión de impedir la participación fue administrativa, sin ningún tipo de aval judicial que justificara la prohibición.

El Ejecutivo catalán se impuso la condición de que se garantizara el voto de todo el mundo. Entre los cambios introducidos destaca que los votantes pudieran llevar sus papeletas desde casa, usar pabellones mejor ventilados, sugerir franjas horarias de votación para los infectados o dar equipos de protección individual a los miembros de las mesas.

El PSC se ha quedado solo defendiendo “la confianza” en esas medidas y en mantener los comicios el 14-F, con el resto de grupos acusándole de actuar pensando en blindar la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Los socialistas solo ven justificado un aplazamiento si hay confinamiento estricto. Ciudadanos, la CUP y los comunes se oponen. El president en funciones, Pere Aragonès, no ha querido mostrar cuál es su propuesta, pero ayer dijo que el colapso del sistema sanitario es otra “línea roja”.

Organizar unas elecciones cuesta en Cataluña unos diez millones de euros. Además, aplazarlas puede implicar, como sucedió en Galicia y el País Vasco, que tenga que reiniciarse el proceso electoral, para así blindar los derechos del sufragio pasivo. Son necesarios al menos 54 días para, por ejemplo, actualizar el censo electoral y los partidos tendrán que volver a presentar sus candidaturas. Con el calendario en la mano, esto sería en la segunda mitad de mayo. Claro, si la situación de la pandemia lo permite.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Buscador de restricciones: ¿Qué puedo hacer en mi municipio?

- Así evoluciona la curva del coronavirus en el mundo

- Descárguese la aplicación de rastreo para España

- Guía de actuación ante la enfermedad