El SEPE tiene sin resolver 68.000 solicitudes de ERTE en Cataluña hasta octubre

La irrupción de la pandemia de coronavirus el pasado mes de marzo puso de manifiesto de forma crítica las deficiencias que ya llevaban años sufriendo algunos servicios públicos. Una de las que más notó el impacto fue la del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que de la noche a la mañana tuvo que dedicar todos los esfuerzos a tramitar las prestaciones del paro para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que las empresas presentaron por la caída de la actividad. La avalancha fue tal, que desbordó el servicio y afectó a las prestaciones. En octubre, 68.000 solicitudes de ERTE todavía no habían sido resueltas.

Sindicatos y grupos políticos denuncian una falta de personal y de medios que se arrastra desde la última crisis. Pese a que en los últimos meses se ha mejorado en las tramitaciones, en los datos de entre marzo y octubre todavía consta que casi 68.000 solicitudes de ERTE en Cataluña no se han resuelto. Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, entre marzo y octubre 1,3 millones de personas cobraron una prestación de ocupación, 809.424 de las ellas en concepto de ERTE. En este periodo, el SEPE abonó nóminas por valor de 361 millones de euros. De éstos, 176 millones ERTEs. Solo en el mes de octubre, el último con datos disponibles, 463.219 personas recibieron una prestación (207.444 en expediente temporal).

Si los datos del Ministerio muestran las prestaciones abonadas, los de la Generalitat indican los expedientes presentados y los trabajadores a los que afectan: entre marzo y octubre, se presentaron 105.462 expedientes que afectaron a 877.110 personas, y solo en octubre, 32.836 estuvieron en un expediente. Al cruzarlos, los datos de una y otra administración muestran que, entre marzo y octubre, constan 67.686 solicitudes para beneficiarse de una prestación que todavía no se han resuelto. El Ministerio de Trabajo indica que estas solicitudes no corresponden todas a personas que no hayan cobrado, ya que las empresas pueden haber presentado solicitudes sobre trabajadores que finalmente no se han incluido en ERTE, o pueden haber presentado solicitudes por duplicado. Sin embargo, el Ministerio no aporta el dato de cuántas son las personas que, siendo beneficiarios de una prestación, no han cobrado todavía.

El colapso del SEPE no solo dejó a miles de personas sin cobrar, sino que puso al límite a una plantilla insuficiente y envejecida. Hasta el verano, las tramitaciones estuvieron marcadas por los errores que las empresas hacían al presentar los expedientes (DNI equivocados, domiciliación a bancos que ya no existen o nombre de la empresa mal especificado). La tramitación de los expedientes, uno a uno y a mano, en hojas de Excel, fue costosa y requirió de los esfuerzos de toda la plantilla, cuando habitualmente los ERTE los tramita un equipo reducido.

La dedicación de todos los trabajadores a esta tarea obligó a dejar la atención telefónica en mínimos, lo que provocó una gran indignación entre los usuarios, y retrasó el resto de servicios del servicio. Todo ello se gestionó a distancia, mediante un teletrabajo con sistemas informáticos que, denuncian los sindicatos, están anticuados.

“El trabajo se ha multiplicado por seis. Ahora el principal problema ya no es la tramitación de ERTE, ya que hay menos expedientes y las empresas se equivocan menos, y con el tiempo hemos mejorado la gestión, con filtros automáticos para detectar errores en los expedientes. Ahora el problema es la demora en la resolución de las prestaciones”, explica Miguel Ángel García, trabajador en una oficina de Barcelona y delegado de la CGT. Destaca que, en la provincia de Barcelona, donde el número de expedientes es muy elevado, se ha llegado a tardar cuatro meses en cobrar el paro. “La última solicitud que he resuelto, era del 29 de septiembre, y no este señor no cobrará hasta enero”, señala.

En Barcelona el retraso es enorme: el SEPE está resolviendo solicitudes de prestación de desempleo de, como máximo, el 10 de octubre, lo que significa que las que se presentaron a partir de ese día, ni se han revisado ni, por supuesto, resuelto. “Hemos avanzado porque en verano hay menos solicitudes y en octubre nos permitieron mandar expedientes a otras provincias que tienen menos carga de trabajo, y empezaron a pagar las horas extra”, explica el sindicalista. Sin embargo, calcula que, a día de hoy, todavía hay 100.000 solicitudes de prestaciones sin resolver, lo que no significa que haya 100.000 personas sin cobrar, porque ante la falta de respuesta pueden haber presentado varias solicitudes.

La plantilla del SEPE en la provincia de Barcelona era, antes de la pandemia, de 400 personas en 45 oficinas. El Ministerio puso un refuerzo de 200 trabajadores más, el grueso de los cuales se incorporaron en abril, pero al no estar especializados y sin tiempo para hacer formación, los nuevos empleados (cuyo contrato acaba a final de año, y los sindicatos no tienen una notificación formal de que se vaya a renovar) se han dedicado a subsanar errores con atención telefónica.

Empezaron a resolver solicitudes de desempleo hace dos semanas. La carga de trabajo es, “muy alta”, aunque los interinos la han rebajado. Cada empleado del SEPE en la provincia de Barcelona tiene que resolver 24 solicitudes al día, “aunque acaban siendo unas 35”, dice García. Además, se atienden unos 1.000 ciudadanos en las oficinas de Barcelona. La demanda es mayor. De hasta 450 citas al día de las que se atienden 60, porque la plantilla está resolviendo solicitudes o arreglando ERTE. El SEPE ha tenido que priorizar el trabajo mecánico a la atención al usuario, porque el 60% de las visitas no acaba en una prestación: los usuarios tienen dudas o piden información.

Margarita Rico, representante de CC OO del SEPE en Barcelona, atribuye la situación a una política de recortes que se arrastra desde la última crisis económica. El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado en varias ocasiones al Gobierno por el colapso del SEPE. También desde el PP, el partido que estuvo al frente del Gobierno en buena parte de este periodo, se admite el impacto de estos recortes.

Llanos de Luna, diputada del PP por Barcelona, sostiene que la administración ha colapsado por esa falta de medios y de personal para tramitar esa avalancha “impresionante” de expedientes temporales. Ex delegada del Gobierno y alta funcionaria como abogada del cuerpo superior de técnicos de la Seguridad Social, la diputada calcula y así lo pidió en una enmienda en los Presupuestos que se necesitan al menos 700 funcionarios en toda Cataluña. “Hemos pedido material. Los funcionarios han tenido que tramitar esos expedientes con sus propios ordenadores caseros sin capacidad suficiente. Ha sido un caos”, afirma citando por ejemplo “el desastre de gestión” y “la barbaridad” de tener que realizar —eso si, en toda España— casi a mano el volcado de datos en un Excel. O que las empresas hayan tenido que tramitar de todo el papeleo de esos expedientes en octubre.

Teresa Cunillera, delegada del Gobierno, dice que ninguna administración estaba preparada para gestionar semejante avalancha de trabajo, pero recalca que en septiembre habían resuelto el 75% de los ERTES. Eso sí: confirma la falta de plantilla en Cataluña. “Son muy reducidas porque no cubrimos las plazas”, dijo en TV3. “La gente no quiere venir: nos cuesta cubrir y nos lo tendríamos que hacer mirar como catalanes porque hemos dejado de ser un destino atractivo”. De Luna apunta dos argumentos para resolver esa falta de cultura funcionarial que observa en Cataluña: quien quiere hacer carrera en la administración opta por la Generalitat porque cobra más y la inmersión lingüística supone un freno para los traslados.