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El fiscal pide casi seis años de cárcel para el exalcalde de Tarragona por financiación irregular del PSC

Josep Fèlix Ballesteros avaló el pago de facturas por 270.000 euros a una empresa afín al partido

Marc Rovira
Josep Félix Ballesteros, en una imagen de 2019.
Josep Félix Ballesteros, en una imagen de 2019.JOSEP LLUÍS SELLART

La Fiscalía pide cinco años y ocho meses de cárcel para el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, por su presunta relación en el caso Inipro, una trama para financiar el PSC a través del pago de facturas irregulares. Ballesteros, que siempre ha defendido su inocencia, sigue de concejal en el consistorio pero está dado de baja temporalmente del partido. En la misma situación se encuentra quien fue su mano derecha en el Ayuntamiento, Begoña Floría, también acusada.

El escrito de acusación de la Fiscalía, avanzado por Diari de Tarragona, es el último paso antes de sentar en el banquillo de los acusados a quien fue alcalde de Tarragona durante 12 años. En las últimas elecciones, Ballesteros perdió ante Pau Ricomà, de Esquerra Republicana. El equipo de gobierno de los republicanos, en coalición con los comunes, también ha formalizado la acusación contra Ballesteros por el caso Inipro, así como la CUP, que eleva hasta los 13 años la petición de pena para el exalcalde.

El caso Inipro lleva años danzando por un juzgado de instrucción de Tarragona. En enero de 2016, Josep Fèlix Ballesteros declaró ante el juez y explicó que ordenó pagar más de 270.000 euros en facturas irregulares emitidas por una empresa afín al PSC. Lo hizo, declaró, porque temía que el consistorio incurriera en un delito de enriquecimiento injusto. “Validar una factura cuando un servicio se ha prestado es una obligación”, alegó Ballesteros, que insistió en su inocencia.

Trabajos ficticios

La Fiscalía mantiene otra versión de lo ocurrido. Entiende que los pagos son constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. En base a un contrato firmado el año 2010, la empresa Inipro debía prestar servicios al Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST) para promover el asociacionismo de colectivos desfavorecidos, como la población de origen inmigrante. Presuntamente, el contrato se prorrogó al margen de la normativa municipal de contratación. Durante la instrucción del asunto, el juzgado ha resuelto que los trabajos no quedaron acreditados y que lo que realmente escondían era una financiación irregular del PSC.

Ballesteros, que había amagado varias veces con abandonar la política municipal, finalmente repitió como cabeza de lista de los socialistas en Tarragona en las últimas elecciones municipales. Ya estaba imputado judicialmente por Inipro, pero la dirección del PSC avaló su candidatura. La lista socialista empató con ERC en número de concejales y el apoyo de la coalición En Comú Podem fue clave para provocar un vuelco en la alcaldía y mandar a Ballesteros y al PSC a la oposición.

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