“Pierdo 15.000 euros al mes por cada tienda cerrada”

El martes, Aina Rubí no las tenía todas consigo. Por Whatsapp comentaba con sus compañeros la evolución diaria de la Rt —la velocidad de transmisión del virus— y las sensaciones no eran positivas. La tasa de contagio subía y se aproximaba al 0,90, el umbral fijado por el Govern para frenar su plan de desescalada ante el riesgo de que la curva epidémica vuelva a descontrolarse. Una línea roja para el comercio, medroso de afrontar tan limitado la campaña navideña en la que se juega más del 30% de la facturación anual. El miedo de Rubí llegaba por partida doble: como responsable de la joyería familiar y presidenta de la asociación de comerciantes de L’Illa. La mayoría de las tiendas de los centros comerciales llevan cerradas desde el 30 de octubre.

“El año está siendo pésimo y además ya nos hemos perdido dos semanas de una campaña de Navidad en la que pensábamos que facturaríamos la mitad, porque este año habrá mucha venta online”, explicaba antes de que el Govern anunciara que, efectivamente, el inicio de la segunda fase de la desescalada, prevista para este lunes, tendrá que esperar.

Los argumentos de Rubí no son diferentes de los del resto de afectados por el cierre forzado de los centros comerciales. Acusan al Govern de crear un agravio comparativo con el resto de tiendas, pero, sobre todo, no entienden por qué ellos no pueden levantar la persiana y, en cambio, grandes superficies como El Corte Inglés o Ikea sí tiene ese permiso, pese a hacerlo con aforo limitado. Advierten de los efectos que puede tener el cierre sobre los 70.000 empleados del sector y sobre su viabilidad económica si desaparecen las pymes, que ocupan tres de cada cuatro locales en los centros comerciales.

“Los grandes han podido abrir todos y los pequeños no hemos podido abrir ninguno”, se queja Jordi Casas, cogerente de la cadena de zapaterías Casas. “Los centros comerciales, que tienen el aforo controlado, no pueden abrir. No entendemos esta condena. Han actuado con brocha gorda cuando tenían que aplicar cirugía fina”, explica este botiguer, que tiene 10 de sus 60 tiendas en centros comerciales. Aprovechando que concluían dos contratos han decidido cerrar dos locales. “Por cada tienda que no podemos abrir perdemos 15.000 euros de promedio cada mes y eso con todos los descuentos que nos hayan podido hacer en los alquileres. Es insoportable”, lamenta.

Excepto el sector de la alimentación, que ha resistido bien a la crisis, las tiendas sufren como nunca la caída del consumo. Hasta octubre, el comercio al detalle acumulaba una caída del 8,9%, aunque áreas como las del equipamiento de la persona se dejaba ya un 33%, según el Idescat.

El conjunto de las grandes superficies está en una situación similar. Arrastran una reducción del 10% hasta octubre, aunque ese desplome aumenta al 23,8% si no se tiene en cuenta la alimentación. Los centros comerciales acumulan 17 semanas de cerrazón administrativa en 2020, con unas pocas excepciones. Solo pueden abrir las tiendas de alimentación, las de productos de higiene y de otros servicios esenciales. Y también aquellos locales que ofrezcan algún servicio de comercio electrónico o cuya puerta de acceso dé directamente a la calle, como es el caso de Rubí. “Es igual, el tráfico se ha esfumado. Esta mañana han entrado cinco personas cuando antes podían ser 25 o 30. Teníamos dos tiendas en L’Illa y las hemos unido en una”, relata.

La asfixia del alquiler

El problema que agrava la presencia en centros comerciales es el del alquiler, que puede llegar —señalan los empresarios consultados— a cuadriplicar los costes de una tienda en el exterior. En una situación de bonanza, la capacidad para atraer compradores que tienen los centros comerciales compensa la inversión mensual. Pero en la situación actual, con una pandemia mundial y la obligación de cerrar las instalaciones, la situación se antoja financieramente asfixiante.

Algunos operadores de grandes superficies vieron desde el principio que, si apretaban mucho a sus inquilinos, les acabarían ahogando y rebajaron rentas. Otros se sumaron a esa vía tras un decreto de la Generalitat que obligaba a rebajar los alquileres de forma proporcional a las restricciones impuestas, con un máximo del 50%. “Teníamos por encima de un 80% de acuerdos cerrados para rebajar las rentas antes de que el Govern aprobara su decreto”, explica Víctor García, responsable en Cataluña de la Asociación de Centros Comerciales. Pero el alquiler se ha convertido en un coste fijo igualmente difícil de soportar.

El joyero Francesc Casanovas conoce bien el impacto de las restricciones. De sus 20 tiendas, 17 —las que están en centros comerciales en Cataluña— están casi cerradas. Casi porque para intentar evitar la ruina total han activado un servicio de click & collect, compra por internet y recogida en tienda que actúa como respirador asistido. “Nos da un 30% de facturación y nos permite que la empresa sobreviva”, explica el gerente de la cadena Fina Garcia. Y apunta sus números de noviembre: “Hemos perdido 100.000 euros, 60.000 por alquileres. Si a eso le añades lo que hemos dejado de ganar en facturación, el total es de 130.000 euros. Marzo y abril todavía fueron peores”.

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