La Generalitat paraliza hasta 2023 los sensores antiaccidente en la petroquímica de Tarragona

El plan para instalar una red de sensores que detecten riesgo de accidente en la petroquímica de Tarragona queda en suspenso. La Generalitat alega “falta de presupuesto” para cumplir con el compromiso que asumió diez meses atrás para poder reaccionar ante situaciones de emergencia química como la que se vivió en la empresa Iqoxe. El consejero de Interior, Miquel Sàmper, se excusó este miércoles en comisión parlamentaria que “de nada sirven las buenas palabras y los buenos planes si no hay una dotación oportuna”. El despliegue de la red de avisos tiene un coste de 1,5 millones de euros.

La explosión de una fábrica de la empresa Iqoxe en La Canonja, el pasado 14 de enero, puso al descubierto la peligrosidad que esconde la alta concentración de empresas petroquímicas en el polígono de Tarragona, el complejo químico más grande del sur de Europa. Murieron dos trabajadores de la compañía y la onda expansiva también mató a un vecino del barrio de Torreforta, a más de dos kilómetros de la fábrica, al quedar sepultado en su casa por el derribo que provocó una pieza metálica que salió despedida del reactor.

Tras el accidente, la Generalitat reaccionó anunciando una revisión de los protocolos de seguridad de la industria, rebautizó el plan de emergencias para transformar el Plaseqcat en Plaseqta y prometió desplegar una red de sensores para detectar cualquier fuga química o indicios de sustancias tóxicas sobrevolando los municipios y las zonas residenciales cercanas al polígono. Diez meses después de la explosión, la red de sensores sigue paralizada y su despliegue no estará completado, al menos, hasta 2023. “No es fácil encontrar los recursos para hacerlo, el Gobierno tiene un orden de preferencias”, alegó Sàmper. La Generalitat cifra en 1,5 millones de euros el coste de instalar los sensores en los polígonos norte y sur del complejo petroquímico de Tarragona. Una factura que incluye la contratación de seis técnicos para que supervisen los valores desde la sala de control del Centro de Coordinación Operativa.

En la misma comisión, la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer, reconoció que los sensores son la “fuente fiable para saber lo que está pasando en las empresas” y abundó que la buena gestión de la emergencia exige “tener información de primera mano”. En los días posteriores a la explosión, el sistema de sensores se presentó como un mecanismo esencial para, en caso de accidente químico, no depender de la información que faciliten las industrias. Tras el estallido en Iqoxe, Protección Civil denunció la opacidad de la compañía, lo que comprometió la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias.

“De verdad no vamos a tener dinero para los sensores perimetrales y la contratación de los técnicos de guardia?”, interrogó la diputada del PSC Rosa Maria Iborra. Raquel Sans, de ERC, preguntó al consejero cómo debe afrontar el retraso en la aplicación de medidas antiaccidente la población que se halla baja el influjo de las químicas, más de 360.000 personas.

Mientras, sigue abierta la investigación judicial para aclarar las causas del suceso. El consejero Chakir El Homrani, responsable de Trabajo y Asuntos Sociales, también compareció en la comisión y alegó que la investigación sobre las presuntas irregularidades laborales cometidas por la compañía se está dilatando en el tiempo porque se trata de “un accidente de trabajo muy complicado”. Y añadió que toda la información previa al accidente que podía estar almacenada por los discos duros y sistemas de seguridad de la empresa quedó destruida, supuestamente como consecuencia de la violencia de la explosión.