La juez revela deficiencias de seguridad en la química que explotó en Tarragona

La compañía química Iqoxe aplicó un programa de producción intensiva que puso al límite su fábrica de La Canonja, hasta que el pasado 14 de enero un reactor estalló. La deflagración provocó la muerte de dos trabajadores y de un vecino del barrio de Torreforta, a más de dos kilómetros de distancia del punto de la explosión. Un auto redactado por el juzgado de instrucción 1 de Tarragona trata de poner luz sobre las causas que desencadenaron el accidente y apunta directamente a una presunta mala gestión realizada por Iqoxe.

La juez recoge que desde que la fábrica de La Canonja fue adquirida por Iqoxe en 2014, “se produjo un incremento significativo de la capacidad de producción” sin atender a las exigencias de seguridad que ello conllevaba. Tras medio año de investigación, la juez revela una política empresarial de “reducción de costes”, de lo que resulta, según los indicios, “un deficiente mantenimiento de las instalaciones y el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial exigibles a este tipo de empresas”. El auto judicial, que levanta el secreto de sumario que pesaba sobre el caso, alude también a “un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con las debidas garantías de seguridad”.

Después de la violenta explosión se multiplicaron las dudas sobre las causas que hicieron que el reactor volara por los aires sin que, al llegar al límite de la presión, se activaran los automatismos de seguridad que detienen el proceso de producción. Entonces, representantes de los trabajadores ya señalaron que la empresa operaba las instalaciones al límite de su capacidad, sacrificando personal para aumentar la rentabilidad del negocio. El auto de la juez instructora abunda en esta hipótesis y desvirtúa un informe independiente, encargado por Iqoxe, y que señala que el origen de la explosión era “imprevisible”. Iqoxe presentó este martes, apenas tres días antes de que se levantara el secreto de sumario, un documento realizado por el Instituto Químico de Sarrià (IQS) y que defiende que la deflagración fue el efecto de “una concatenación de circunstancias no detectables que llevan a una reacción química súbita, inesperada e imprevisible por ser desconocida”. El estudio del IQS asume que la explosión tuvo como origen el material que se estaba produciendo, el MPEG 500, y no el óxido de etileno, utilizado para fabricarlo. Según la tesis del estudio, a causa de un cúmulo de circunstancias este producto utilizado en la industria farmacéutica y la construcción, que hasta ahora no se consideraba “un material peligroso”, sufrió un proceso de “descomposición violenta” que acabó provocando la explosión del reactor donde se fabricaba.

Las conclusiones aportadas por la instrucción judicial chocan con la tesis de la imprevisibilidad que abona el IQS y señala la posible concurrencia de los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y daños. Además, la juez también apunta a un delito contra los derechos de los trabajadores. “De las diligencias e investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, se investigan las deficiencias detectadas en la seguridad, la insuficiencia del personal de vigilancia, las condiciones laborales y defectos en el mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria”, recoge el auto judicial.

Irregularidades detectadas

Tras seis meses de instrucción, el juzgado ha tirado el hilo de varias irregularidades detectadas en Iqoxe. En este sentido, además de la explosión del reactor, se ha abierto una segunda pieza para investigar delitos relacionados con el medio ambiente. La juez descubre que la empresa venía realizando una actuación negligente en la gestión de los deshechos, “al realizar vertidos directos al mar porque la depuradora no tenía la capacidad suficiente para tratar la gran cantidad de residuos que producía la fábrica”.

Tras darse a conocer el auto, la dirección de Iqoxe emitió un comunicado donde muestra su “satisfacción” porque se haya levantado el secreto de sumario sobre el caso. “Esta decisión permitirá el conocimiento de la instrucción y, por tanto, la posibilidad de ejercer el derecho legítimo de defensa”, reza el texto difundido por la empresa.