ERC y Junts se desentienden de su ley de voto en el exterior

A dos meses para que se acabe la legislatura, las posibilidades de que prospere la ley de voto electrónico para los catalanes en el extranjero son mínimas. Se trata de una de las primeras iniciativas que el Ejecutivo de Junts y ERC llevaron a la Cámara, en octubre de 2018, aprovechando el alud de quejas por la ineficiencia del sistema de voto rogado en las elecciones el 21-D. La mesa y la junta de portavoces, con mayoría independentista, no han querido elevar el texto al pleno pese a que está en capilla desde hace un año y nueve meses. Si no se vota, decaerá.

"Ahora retomamos el camino interrumpido por el Estado con el 155″, aseguró el entonces conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, cuando anunció, el 16 de octubre de hace dos años, la aprobación del anteproyecto de ley en el Govern. La redacción había comenzado inicialmente en el Departamento de Gobernación, cuando lo capitaneaba la convergente Meritxell Budó en el Ejecutivo de Junts pel Sí, pero pasó a manos de ERC cuando se hizo el cambio en la gestión de la competencia de los procesos electorales.

Las prisas del Govern por “restituir” una ley afectada por la intervención del autogobierno no tuvo tanto eco en el Parlament y lleva más de un año sin ningún tipo de movimiento ni reivindicación por parte de las fuerzas independentistas, que elección tras elección no dudan en cargar contra el sistema de voto rogado y cómo, según ellos, hace perder miles de votos independentistas.

En las pasadas elecciones catalanas, el 21 de diciembre de 2017, 224.844 catalanes en el extranjero tenían derecho a voto y solo lo ejercieron 39.521, el 17%. No son pocas las historias de personas que reciben las papeletas semanas después del día de las elecciones. El sucesor de Maragall, Alfred Bosch, también cargó contra el Gobierno central tras el 26-M. “Basta de tener que rogar el voto para poder ejercer un derecho fundamental”, dijo tras pedir que se “dedicarán todos los esfuerzos para cambiar” el mecanismo.

El articulado aprobado por el Govern llegó a la Comisión de Acción Exterior el 30 de octubre de 2018 y en la documentación se incluía un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en el que si bien se cuestionaba la eficiencia del mecanismo —había dudas sobre cómo garantizar la privacidad y la identidad, por ejemplo— no se definió que la norma fuera inconstitucional.

Para el funcionamiento del voto electrónico en el exterior se tenían que establecer unos convenios con el Estado para poder acceder a los datos de los catalanes registrados en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA), que gestiona la Oficina del Censo Electoral. Algo que, desde Ciudadanos, consideran de “alto riesgo” teniendo en cuenta lo delicada que es esa información. “Seguimos sin saber nada de los datos del 1-O”, critica la diputada naranja Susana Beltrán.

La ley fijaba que el elector en el extranjero recibiría unas credenciales en su correo electrónico o en su teléfono móvil. A la hora de votar, su identidad se comprobaría adjuntando imágenes, incluyendo la del documento de identidad. Se trata de un cambio tecnológico que difícilmente se podría implementar de cara a las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán en cuatro meses.

La tramitación de la ley se frenó el 12 de diciembre de 2018, pendiente de la votación de tres enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos, PSC y el PP. De ahí se iniciaba la ponencia del texto. La Junta de Portavoces y la Mesa (con mayoría independentista) nunca ha puesto en el orden del día la celebración del debate de esas enmiendas. Los comunes, según su portavoz Susana Segovia, ven “positiva y necesaria” la ley. La CUP también la ve con buenos ojos. Así pues habría podido superar la primera votación.

Los temas electorales, sin embargo, necesitan mayorías cualificadas para ser aprobados de manera definitiva. Así como sucede con la renovación del gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o de la elección de un nuevo Síndic de Greuges, el independentismo no cuenta con los apoyos suficientes. Ni en el departamento de Acción Exterior, ni en los grupos parlamentarios de Junts y de ERC explicaron ayer por qué se perdió el impulso de una ley promovida con tanto entusiasmo y prisa.