Temporero con papeles pero sin derechos

Más de 19.000 temporeros de la fruta extranjeros, un 71,5% del total, trabajan con contrato en Cataluña. Pero sus derechos distan mucho de los de cualquier ciudadano español. Relatan situaciones de explotación laboral que callan por no perder el jornal o el permiso de trabajo: altas de un día, bajas médicas que no se tramitan, contratos simulados por los que no cotizan, horas extras sin pagar, amenazas continuas de despido si les ven descansar demasiado…

-Me dicen que descanse, pero yo quiero trabajar.

Yallow (el sobrenombre que pide para hablar) no está tan contento como ayer. En un mensaje breve de Whatsapp muestra su preocupación porque el jefe de su empresa le ha dicho que descanse unos días tras el alta post covid. Este gambiano de casi 1,90 metros, 43 años y 15 años de vida europea trabaja actualmente en una de las mayores fábricas hortofrutícolas de la zona sur de Lleida, en plena temporada de recogida de nectarinas y melocotón. En su cabeza, día no trabajado es igual a día no cobrado. Nunca ha tenido en la mano una baja laboral, como la que le dieron ayer las voluntarias y voluntarios de Open Arms al salir del pabellón municipal de Torres de Segre, en Lleida, donde ha pasado 14 días de cuarentena.

-¿Pero quién me paga estos días, y cómo? pregunta al coordinador de la misión. Está inquieto, no tiene cuenta corriente y el sueldo mensual lo cobra en un cheque. ¿El gobierno me pagará igual?

Los despidos baratos y la flexibilización de contratos de la reforma laboral del gobierno popular en 2012 afecta de lleno a los temporeros. Bajo el yugo de la pérdida del jornal cualquier conato de protesta no pasa del murmullo. Levantar la voz es perder la batalla, y, para muchos de ellos, incluso la posibilidad de perder la guerra propia por la regularización. En Cataluña, 19.230 personas venidas de fuera estaban dadas de alta en el Sistema Agrario del Régimen General de cotización en Cataluña en julio. Son el 71,5% del total, aunque sus derechos laborales no siempre son equiparables a los de sus compañeros españoles. Este porcentaje es mucho mayor que en otras comunidades, como Murcia (54%), Comunitat Valenciana (42%) o Andalucía (15%).

Las reclamaciones sociales y políticas de regularización masiva de estas semanas no van con ellos. Supuestamente, son los privilegiados, han prosperado entre los que llegaron de forma irregular. Yallow es uno de los 19.000. Actualmente, tiene los deseados papeles: un permiso de trabajo renovable cada año con el que encadena contratos temporales como cualquier español. Cada vez que firma hace cuenta con las fechas y visualiza el día en que llegue a cotizar un año entero, y así poder solicitar el arraigo social. Para conseguirlo soportará las irregularidades que todos conocen y que han vivido a menudo. Los agricultores de la zona aseguran que pagan de acuerdo al convenio y que cumplen con la normativa.

Pero los temporeros consultados, dicen, han visto de todo, aunque siempre lo atribuyen a otros para evitarse problemas. Los casos más corrientes que refieren son bajas médicas que no se tramitan y no se pagan; papeles firmados que simulan un contrato pero que no son enviados a la Seguridad Social y que se convierten en papel mojado cuando el trabajador comprueba que no ha cotizado un solo día, multitud de horas extras impagadas o compraventa de contratos anuales por hasta 5.000 euros.

Yallow no quiere nada de esto para su hija Esther, de 20 años, que estudia construcción en Gambia, al igual que hizo él. Se le cambia la cara y la voz baja varios tonos cuando se le plantea la posibilidad de que ella quiera venir a Europa como llegó él, en patera. “No. Nunca. Mi hija primero tiene que acabar sus estudios, y vendrá aquí solo con contrato, con una invitación para trabajar. Nunca ilegal”, enfatiza la palabra contrato con varios golpes de nudillos en la mesa. De nuevo las palabras legal, contrato, papeles. Yallow quiere pagar los impuestos que le toquen. Los temporeros extranjeros, como el resto de migrantes, abonan el IVA en cada barra de pan, paquete de tabaco o fruta que compran, y quienes tienen papeles también el IRPF en sus nóminas. Con ambos impuestos indirectos se financian los sistemas públicos de sanidad, educación, o los intereses de la deuda del gobierno español. Incluso aportan presupuesto al ministerio de Interior y a sus políticas de contención de fronteras.

Yallow no quiere que nadie le pueda reclamar nada a su hija. Plataformas como Fruita amb Justícia social precisamente exigen poder contratar sin papeles, más inspecciones y más protección para estos trabajadores. Él se conforma con que Esther no pase por lo que ha tenido que aguantar él cuando emigre a España. Y todas las previsiones apuntan a que lo hará. 22.948 gambianos salieron del país en 2018 en su intento de alcanzar Europa, según datos del Gobierno de Gambia, recogidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De estos, el 93% eran personas desempleadas. La cifra de paro roza el 35% y se eleva al 42% entre la población joven de un país donde la media de edad es de 21 años.

Yallow tardó cuatro años en poder volver hablar con su familia tras llegar a Europa. Ayer, justo antes de salir del pabellón ya con un informe de alta, llamó a su hija para decirle que volvía al tajo, pero callándose que, aun contribuyendo como los compañeros españoles, por mucho tiempo aún no tendría sus mismos derechos.