La cárcel propone el tercer grado para el extesorero de CDC

La junta de tratamiento de la cárcel de Brians II ha propuesto clasificar en segundo grado penitenciario o régimen ordinario a los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull y conceder la semilibertad con restricciones al también condenado Daniel Osàcar, extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los tres cumplen condenada por aquel caso desde el 25 de junio y la propuesta ha de ser ratificada antes de dos meses por la Generalitat, algo que sucede en casi todos los casos.

Los abogados de los tres reclusos presentaron diversos recursos para evitar la entrada en prisión de sus clientes, pero la justicia rechazó las peticiones. Fèlix Millet, expresidente de la institución musical, fue condenado a 8 años y 20 meses de cárcel por malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo. En el caso de su mano derecha, Jordi Montull, la pena fue de 6 años y ocho meses y de tres años y medio de cárcel para Osàcar. La sentencia declaró probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas y condenó a esta formación ya desaparecida a devolver el dinero.

La propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel de Brians II es un trámite al que se somete cualquier preso que entra a cumplir condena. Para que sea efectiva ha de ser ratificada en el plazo máximo de dos meses por la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia de la Generalitat, algo que sucede en el 95% de los casos.

Si se confirmase finalmente, el extesorero de CDC, de 84 años, podría disfrutar del régimen abierto que le permitiría pasar fuera de la cárcel algunos días de la semana. En el caso de Millet, también de 84 años, y de Montull (77), se deberían ceñir al régimen ordinario en el que están la mayoría de los reclusos. La clasificación penitenciaria se revalúa cada seis meses, según la evolución experimenten durante los días de cumplimiento.

Los tres únicos condenados por el saqueo del Palau de la Música contra los que la justicia ordenó su encarcelamiento se resistieron a acatar la decisión e invocaron su edad avanzada, estado de salud o que habrían solicitado el indulto al Gobierno. Sin embargo, el tribunal sentenciador, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, desestimó todos esos argumentos al recordar que ninguno de ellos estaba hospitalizado ni ingresado en una residencia y que, por tanto, tenían que entrar en la cárcel para cumplir la pena.

La situación del estado de alarma en la que se encontraba España cuando se conoció la sentencia firme del Tribunal Supremo sí llevó al tribunal a aplazar el encarcelamiento, pero se fijó el 25 de junio como fecha límite para entrar en prisión, como así sucedió.

“No existe base alguna para afirmar que la vida del penado pueda correr riesgo vital por su estancia en prisión, siendo cosa distinta que deba continuar con su tratamiento y revisiones médicas, y, todo ello sin perjuicio de que cuantas veces precise asistencia médica deba dispensarse en prisión o ser trasladado de forma inmediata a un centro hospitalario si lo precisase”, dijeron los jueces para rechazar la petición de Osàcar de evitar la prisión.

En términos parecidos se expresaron con Millet. “Los informes médicos no revelan que padezca una enfermedad grave con padecimientos incurables –concepto distinto a enfermedades crónicas que de por sí no tienen curación-. Ningún informe médico acredita que las enfermedades de las que está aquejado comporten un riesgo vital”, dijeron los jueces. “Ninguno refiere un hipotético tiempo de supervivencia con relación a sus patologías. El penado no está ingresado en ningún centro hospitalario, siendo que en su domicilio recibe el tratamiento médico y ambulatorio”, añadieron.

Un registro de los Mossos d’Esquadra en julio de 2009 al Palau de la Música acabó destapando que CDC se financió de manera irregular durante al menos una década y la condenó a devolver los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que percibió de la constructora Ferrovial. El partido que fundó Jordi Pujol y que lideró Artur Mas aún no lo ha hecho y argumentan que están en concurso y que no podrá pagar. En el caso de Millet y Montull, además de las multas de 4,1 y 2,9 millones, la justicia les condenó también a devolver 23 millones de euros de los que se lucraron al Consorci, la Fundació y la Associació del Palau.