Opinión
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El drama de TV3

Si la legislatura de Torra no habrá servido para ensanchar la base independentista, hay razones para creer que tampoco habrá servido para mejorar la calidad de la democracia en Cataluña

Pilar Rahola, en uno de los programas del programa 'FAQS'.
Pilar Rahola, en uno de los programas del programa 'FAQS'.

A la luz de los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el exconsejero de Justicia de la Generalitat Carles Mundó consideraba el pasado 4 de agosto “muy evidente” en una columna de La Vanguardia que la legislatura del presidente Quim Torra, presidida por la gesticulación de tipo maximalista (cuya ultimísima muestra es el pleno exprés del Parlament sobre la monarquía), “no habrá servido para reforzar el apoyo a la independencia”. En tal caso, una pregunta interesante es para qué habrá servido entonces.

El Círculo de Economía lo tiene claro. En el contexto del inmediato reparto de los fondos europeos de la covid-19 y de la necesaria transformación precipitada por la pandemia, en una nota publicada el 23 de julio —”Un objetivo histórico para Europa, España y Cataluña”— el Círculo afirmaba que Cataluña ha perdido durante los últimos años tiempo y ambición en la esfera económica, y sostenía que “Cataluña no se puede permitir seguir cautiva de una parálisis política que tiene consecuencias en múltiples dimensiones de la vida del país”.

Una prueba de la parálisis es que no se han renovado decenas de cargos públicos que nombra el Parlament

Una de las pruebas de la parálisis política imperante es que no se han renovado decenas de cargos públicos que preceptivamente debe nombrar el Parlament. El catálogo comprende un buen número de organismos públicos. Unos son más conocidos, como el Síndic de Greuges (el mandato de Rafael Ribó caducó en marzo de 2019 y después de tres lustros ejerciendo el cargo al hombre no se le ha ocurrido dimitir ni tampoco jubilarse, a pesar de sus 75 años ya cumplidos) o la Sindicatura de Cuentas (popularizada por la investigación sobre Laura Borràs), y otros son más recónditos, como la Agencia Catalana de Protección Social o el Consejo Asesor de Protección de Datos.

Entre estos organismos se encuentran los que se encargan de gestionar y regular los medios de comunicación públicos. Todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) tienen el mandato caducado y la guerra abierta entre JxCat y ERC, que tiene aquí uno de sus frentes, ha impedido los intentos de renovación. El reciente amago de la presidenta en funciones del Consejo, Núria Llorach (órbita JxCat), de defenestrar al director de Catalunya Ràdio y confeso aspirante a presidir la Corporació, Saül Gordillo (órbita ERC), es una muestra del nivel de patetismo que pueden alcanzar los enfrentamientos entre socios de gobierno.

Un organismo menos visible que el Consejo de Gobierno de la CCMA es el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), que es la autoridad presuntamente independiente de regulación de la comunicación audiovisual de Cataluña y tiene como principios de actuación la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, y de la neutralidad y la honestidad informativas. Todos sus miembros, incluido su presidente, Roger Loppacher, tienen el mandato caducado. En este caso la novedad es que uno de sus miembros… ¡dimitió por voluntad propia! Se trata de Salvador Alsius, el único periodista profesional de los cinco miembros de que consta el CAC, que esgrimió sus 72 años para retirarse.

Que la autoridad “independiente” de regulación esté formada por ex altos cargos de los partidos (una exconsejera del PSC, un exlíder del PP, una ex directora general y un ex director y ex secretario general de gobiernos convergentes) ya resulta curioso. Pero si había alguna brizna de autenticidad en la “independencia” de esta autoridad, Salvador Alsius la echó por tierra en la entrevista que dio a Nació Digital a raíz de su dimisión. En esa entrevista Alsius consideraba que “se ha levantado una muralla, que ahora ya es infranqueable, en que hay una parte del país que ni de coña vería TV3 para nada”, y ponía el ejemplo de una amiga argentina, votante de Ciudadanos, que se negaba a ver el programa FAQS aunque el propio Alsius estuviera de invitado. Según Alsius, “muchos programas están sesgados por la manera de hacer de sus tertulianos, es una evidencia”. He aquí el auténtico drama de TV3. Si hasta ahora el CAC no ha encontrado ningún reparo en lo que Alsius considera “una evidencia” solo tiene una explicación: que la autoridad independiente también está sesgada. Después de la dimisión de Alsius, el semanario El Triangle lo expresó con inusitada candidez: “El independentismo pierde peso en el CAC pero mantiene el control del ente” (gracias al voto de calidad del presidente). En resumen: si la legislatura de Torra no habrá servido para ensanchar la base independentista, hay razones para creer que tampoco habrá servido para mejorar la calidad de la democracia en Cataluña.

Albert Branchadell es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.