El impacto de la covid-19 amenaza de muerte a la cooperación internacional
Las ONG auguran una gran caída de ingresos a medio plazo, entre 2021 y 2022
El impacto de la crisis sanitaria de la covid-19, que ha obligado a desembolsar grandes cantidades de dinero para paliar sus efectos y reubicar partidas para afrontar los rebrotes, ha puesto en jaque a uno de los eslabones más débiles de la acción social: la cooperación internacional. El sector, que depende, en buena medida, de ayudas públicas, y ya arrastraba las consecuencias de los recortes de la última década, ha quedado herido de muerte tras el azote del coronavirus. Las ONG avisan de que la pandemia comprometerá los recursos para algunos proyectos y auguran una gran caída de ingresos a medio plazo, entre 2021 y 2022
”Es evidente que la crisis de la covid-19 comprometerá los proyectos internacionales de las ONG. A nosotros, la pandemia nos obligó a confinar a los voluntarios. Por otro lado, nos dio la posibilidad de abrir otro proyecto y ayudar en las residencias de ancianos”, apunta Oscar Camps, director de Proactiva Open Arms, la entidad que rescata de las aguas del Mediterráneo a migrantes que intentan llegar a las costas europeas. Open Arms volverá pronto al mar, pero Camps sabe que nada volverá a ser igual. Las ONG asumen que, con la crisis económica que ha provocado la pandemia, los gobiernos recortarán las subvenciones a proyectos internacionales.
Según el último informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España (ONGD), los ingresos de las ONG destinadas a cooperación fueron en 2018 —último año del que tienen datos— de 624 millones de euros, muy lejos aún de los 810 millones de 2010. De los 624 millones, el 52% de estos ingresos provinieron de fondos privados y el resto (299 millones) de fondos públicos.
La directora de la coordinadora estatal de ONGD, Maite Serrano, alerta de que la crisis de 2008 supuso para algunas ONG una reducción del más del 80% de las subvenciones. “En los momentos de crisis, la tendencia de algunos países es la de mirar solo hacia dentro de las fronteras, olvidando que tenemos una responsabilidad global. Los primeros cálculos que hemos hecho nos dicen que la reducción de ingresos no se dará este año sino en 2021 y 2022”, lamenta. Y señala que España solo destina el 0,18% de la renta nacional bruta “a la ayuda global al desarrollo”. “Estamos por debajo de Hungría y el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez era llegar al 0,5% antes del final de mandato. Espero que siga vigente”, sostiene.
Serrano espera que las subvenciones de la Unión Europea se mantengan, pero ya ha detectado que algunos gobiernos autonómicos y locales han reconvertido las ayudas internacionales en fondos para la luchar contra las consecuencias de la covid-19 en su zona. La coordinadora estatal de ONGD ha arrancado el compromiso del Ministerio de Exteriores para crear un gabinete de crisis y evitar que se debiliten las ONG. “Si se produce esa merma de ingresos acabará repercutiendo en centenares de proyectos”, advierte Serrano.
Pepa Martínez, directora de la Fede, el lobby catalán que aglutina 120 ONG, avisa que las entidades ya “están ahora evaluando cómo afecta o afectará la crisis sanitaria a los diferentes países, y reformulando o adaptando sus proyectos a la nueva situación”. En Cataluña, la mayoría de ONG son pequeñas o medianas y dependen de las subvenciones públicas. “El sector lleva años trabajando para revertir los recortes de la crisis del 2008, y no sido hasta este año que se había conseguido llegar a los niveles de hace 10 años”, explica. El gobierno catalán destina una partida presupuestaria a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y este organismo es el que distribuye esta aportación entre las ONG por la vía de las subvenciones. “Nuestro sector sufrió uno de los mayores recortes en la crisis anterior. En 2010 [año en que se registró un máximo de inversión pública] se destinó el 0,45% de los presupuestos de la Generalitat (56,7 millones) a la aportación al desarrollo. Al año siguiente, 2011, la aportación fue del 0,20% (34,4 millones) y en 2012, cuando prácticamente la política pública desapareció, fue del 0,09% (18,7 millones). Los presupuestos aprobados este año nos devuelven a porcentajes de 2011”, explica Martínez. Y recuerda: “Durante la crisis anterior, los socios fueron los únicos que mantuvieron las ayudas a las entidades. Las empresas y las administraciones abandonaron sus compromisos”.
Oscar Camps reconoce que la crisis sanitaria ya se ha notado las cuentas de Open Arms: “En febrero se averió nuestro barco. Necesitábamos dos millones de euros y pusimos en marcha una recolecta. La campaña quedó parada con 400.000 euros que, además, destinamos a la lucha contra la covid-19 en las residencias”. Camps señala que sería un error que las administraciones perdieran de vista los proyectos internacionales: “Hay que hacer frente a la situación en España, pero sin olvidar que somos el mundo rico. Si nosotros estamos sufriendo, imagínate el resto”.
Operaciones más costosas
En junio de 2016 Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que rechazaba las subvenciones de la Unión Europea y de sus 28 gobiernos en protesta por el pacto que alcanzó la UE con Turquía para retornar migrantes al país asiático. Desde entonces, se subvencionan con aportaciones privadas. La directora de operaciones de MSF, Teresa Sancristóval, asegura que la covid-19 acabará cambiando las reglas del juego: “Por un lado, muchos de los fondos destinados a problemas como la hambruna o la malaria, se destinarán a la covid-19, pero esos problemas no desaparecen y se agudizarán. Además, ahora las operaciones son más costosas. Los aviones son más caros, caben menos pasajeros, hay cuarentenas al entrar en algunos países, los equipos de protección individual son más caros”. Sancristóval asegura que una posible reducción de las subvenciones afectaría indirectamente a MSF: “Si otras ONG suspenden proyectos por culpa de la financiación, el problema se hará cada vez más grande. Que nosotros no dependamos de la subvenciones no significa que nuestros recursos sean infinitos”.
Otras entidades, cuya misión principal es la denuncia y sensibilización, incluso dentro de nuestras fronteras, también temen las consecuencias de la crisis sanitaria. “El problema con el que nos encontramos la mayoría de entidades es que ya vamos muy justas y cualquier reducción sería dejarnos sin recursos cuando más se necesitan”, lamenta Edoardo Bazzaco, de SOS Racisme.
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