Académicos denuncian el “pésimo” estado del archivo histórico de la Delegación del Gobierno en Cataluña

El archivo histórico de la Delegación del Gobierno en Cataluña languidece en un estado precario de preservación y de documentación. Desde hace doce años, 12.300 carpetas de uno de los fondos administrativos más importantes de España se encuentran almacenadas en un aparcamiento de Barcelona. “Es exagerado decir que es un archivo; es un almacén, y en un estado de conservación y clasificación pésimo”, asegura Javier Tébar, director del Archivo Histórico de Comisiones Obreras. “Es difícil imaginar otro archivo de tanta relevancia conservado tan mal”, corrobora Carme Molinero, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

El archivo de la Delegación del Gobierno abarca un periodo que va de 1866 a 2009. Manel Risques, historiador de la Universidad de Barcelona (UB), es uno de los principales expertos sobre el antiguo Gobierno Civil de Cataluña. Fue gracias a su intervención que se introdujo un sistema básico de clasificación para el llamado “Fondo Antiguo”. Asegura que se perdieron los documentos de la primera mitad del siglo XIX –la que corresponde a los primeros pasos del sistema administrativo provincial en España– y afirma haber sido testimonio en 1985 de pilas de legajos del siglo XIX dispuestas para ser incineradas, extremo que pudo evitarse. “Incluso cuando hacía frío, los ordenanzas quemaban papeles para calentarse. Todavía hoy no hay un archivero profesional al frente, no hay prácticamente ningún tipo de clasificación, más allá de conceptos generales. Y cuando abres una carpeta, no sabes lo que te encontrarás”, dice Risques.

En 2008, con motivo de las obras de reforma del Palau de la Duana –todavía en curso–, sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona, el archivo fue trasladado a un aparcamiento propiedad del Estado en la calle Doctor Trueta. Se adaptó una sección del garaje para las estanterías, además de habilitar un despacho y una rudimentaria sala de consulta. “Lo que debía ser una solución provisional se ha convertido en algo que parece ser de por vida”, comenta Molinero. La Delegación informa que está previsto el retorno del archivo al Palau de la Duana en mayo de 2021, cuando deberían finalizar los trabajos de reforma.

El registro de archivos históricos del Ministerio de Cultura alerta desde hace años de los déficits del fondo documental de la Delegación del Gobierno. “La dotación de medios humanos y materiales es insuficiente para el correcto tratamiento archivístico de la documentación”, avisa el Ministerio: “No se dispone de personal con conocimientos técnicos para el tratamiento y organización de la documentación, especialmente la de carácter histórico [...] No se dispone de instalaciones adecuadas para la correcta conservación de la documentación en cuanto a la climatización o protección contra el fuego, no se dispone de equipos para la microfilmación de la documentación histórica”.

Los responsables del archivo aseguran que la conservación del material es óptima, y que hay instalados dos deshumidificadores. Añaden que la clasificación de los expedientes es correcta, ordenada por temática y por años, y que a medida que analizan carpetas, precisan más su contenido. Estos responsables comentan que la solicitud de información por parte de investigadores es respondida en no más de cuatro días de media, y con precisión. Los pocos papeles que no se facilitan, dicen, es porque las personas mencionadas en los documentos no han permitido su consulta según la ley de protección de datos. Los expertos cuestionados por EL PAÍS coinciden en negar que esto sea cierto. El equipo al cargo del archivo sí admite que no cuentan con personal experto en archivos.

“Es un caos”

El censo del Ministerio de Cultura también advierte que “se desconoce si se han realizado transferencias a otros archivos”. La Delegación especifica que parte de sus fondos fueron transferidos al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Un investigador que ha trabajado a fondo con el archivo del antiguo Gobierno Civil durante el tardofranquismo y la transición es el profesor de la UAB David Ballester: “Pides hora, dices lo que quieres y en función de lo que han encontrado, te lo muestran. Aquello es un caos. Dependes mucho del factor suerte”.

Ballester subraya que las complicaciones aumentan con los informes policiales, de los que en muchos casos se desconoce su ubicación. Ricard Vinyes, catedrático de Historia Contemporánea de la UB, explica que solo ha visto la misma dejadez con el fondo documental de la Policía Nacional en Barcelona. “Es igual el color político, los delegados del Gobierno no hacen uso del archivo ni dejan que nadie haga uso de él interpretando de forma arbitraria la ley de protección de patrimonio”.

Tanto Vinyes como Tébar y Ballester expliquen que los académicos y doctorandos se encuentran con graves limitaciones y largos tiempos de espera para conseguir la información requerida. “Es chocante que el archivo tenga una consulta dificilísima, con funcionarios que ponen palos en las ruedas”, afirma Vinyes, que fue también Comisionado para la Memoria del Ayuntamiento de Barcelona. Tébar recuerda una visita al archivo en 2011 con el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Este había tramitado unos documentos para una investigación, pero una vez allí, un funcionario se la denegó esgrimiendo una copia de la ley de Patrimonio.

Tébar dice que el archivo general del Ministerio del Interior también actúa de forma arbitraria, con plazos de espera que pueden superar el año, pero concede que la documentación está bien preservada y clasificada. El director del archivo de Comisiones Obreras pone como ejemplo del desorden en la Delegación del Gobierno el hecho de que en 2008 habían desaparecido una serie de informes policiales franquistas de los investigados por Actividades Contra el Régimen, unas fichas que él había consultado pocos años antes. Tébar cree que estos documentos continúan en el archivo, pero que probablemente no se supo dar con ellos de nuevo.

Sin archivo provincial

Los académicos consultados constatan que el mejor espacio para la base documental de la Delegación del Gobierno sería un archivo provincial de Barcelona, de titularidad estatal y gestión compartida con la Generalitat. Carme Molinero apunta a conflictos de competencias entre administraciones para que el archivo provincial no haya tirado adelante pese a décadas de propuestas. Una alternativa, según esta profesora de la UAB, sería ordenar la documentación con la colaboración de la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental y cederla al Archivo Nacional de Cataluña. Ricard Vinyes es del parecer que su destino más indicado sería el Archivo Municipal de Barcelona o el de la Diputación, aunque es pesimista sobre esta opción: “Un archivo es un espacio de poder. Por eso determinadas instituciones quieren tener su propio archivo. Los archivos de una ciudad, por ejemplo, nunca se ceden a los nacionales. Con el de la Delegación sucede lo mismo, pero este no cuenta con la estructura archivística para gestionarlo”.