Cataluña da el primer paso para limitar los precios de los alquileres

Un proyecto de ley apoyado por Junts, ERC, la CUP y los comunes prevé congelar y bajar los alquileres de los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes

Viviendas públicas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Viviendas públicas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).Europa Press

Cataluña dio este miércoles el primer paso para poner fin a las subidas abusivas de alquiler y para empezar a rebajarlos. El Sindicato de Inquilinos presentó ayer en el Parlament un proyecto de ley que cuenta con el aval de Junts per Catalunya, ERC, la CUP y los comunes. La norma prevé congelar y bajar los alquileres de los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes. El consenso llega después de meses de desencuentros entre los socios del Govern, y su aprobación depende también de su convivencia en el ejecutivo, ya que tiene que tramitarse antes de que termine la legislatura.

En los últimos cinco años, el precio de los alquileres ha incrementado 30 veces más que los sueldos, según denunció ayer el Sindicato de Inquilinos a las puertas del Parlament. En Barcelona la situación ha llegado a máximos: antes de la pandemia del coronavirus, el precio medio de una vivienda superaba los 1.000 euros, un incremento del 40% en los últimos cinco años.

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El proyecto de ley presentado ayer quiere poner fin a esta tendencia. El redactado, que se basa en el Código Civil catalán, ha sido acordado por la consejería de Justicia y el Sindicato de Inquilinos, y su aprobación está garantizada por cuatro grupos de la cámara siempre que la legislatura no se agote antes. La norma se tramitará mediante la lectura única —es decir, de forma urgente— de forma que el Govern prevé aprobarla a tiempo. El proyecto de ley fue aplaudido por los sindicatos y las entidades sociales.

La norma, a la espera de que sea aprobada por los grupos parlamentarios, plantea dos grandes medidas. La primera es que los nuevos contratos de viviendas en alquiler no podrán superar el precio acordado en el anterior contrato. De esta manera, el propietario tendrá que informar a los nuevos inquilinos de cuál era el precio anterior. Con esta medida, que prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros si no se facilita esta información, la norma busca evitar que se registren subidas de alquiler abusivas en las viviendas.

La otra gran medida establecerá que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres que hay en su zona, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el que establece el índice de precios de la Generalitat, que es el precio medio de la zona. Esta medida obligará a la rebaja generalizada de precios de alquiler que están actualmente muy por encima del índice que estableció la Generalitat. El Sindicato de Inquilinos calcula que la mitad de las viviendas alquiladas tienen un precio por encima de la media.

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El proyecto de ley prevé excepciones a estas dos grandes medidas en algunos casos. Por ejemplo, en proyectos de gran rehabilitación, obras de mejora, relación de parentesco entre propietario e inquilino y otros regímenes de rentas, según se desprende del texto propuesto. También quedarán exentos de esta regulación las viviendas de obra nueva durante los primeros tres años, en los que no tendrán que fijar el precio según el índice de referencia.

“Proyecto histórico”

El texto reconoce además a las organizaciones de inquilinos como parte en la mediación de conflictos. El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, consideró ayer que el proyecto de ley es “histórico” aunque todavía es una propuesta “de mínimos”. De aprobarse, afectará a cinco millones de personas que viven en las 60 ciudades en las que se aplicará la norma. Los ayuntamientos, sin embargo, tendrán que formular la continuidad de la regulación al cabo de un año de la aprobación de la ley, de tal manera que podrá modificarse según la ciudad.

La propuesta llega después de más de un año en el que la carpeta de la regulación de los alquileres ha sido uno de los puntos de desencuentro entre Junts y ERC en el Govern. En la primavera del año pasado, la oposición en el Parlament rechazó la convalidación de un decreto preparado por la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC) para limitar los precios del alquiler también según el Código Civil catalán y mediante el índice de precios de referencia. El decreto no prosperó, como tampoco pudo salir adelante la propuesta de Junts per Catalunya, un decreto sobre vivienda que el consejero de Territorio, Damià Calvet, retiró antes de que perdiera la votación. La competencia electoral en el contexto de los comicios municipales frustró un diálogo entre los socios del Govern y las entidades. Más tarde, en diciembre pasado, Calvet logró sacar adelante un decreto de medidas urgentes sobre vivienda. Calvet había criticado la propuesta de Capella que ayer se presentó reformulada, y llegó a asegurar que no se puede fijar un precio máximo, aunque ahora el grupo de Junts per Catalunya avala la propuesta.


Sobre la firma

Josep Catà Figuls

Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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