El comité de empresa de Nissan acusa a las administraciones de facilitar la marcha de la empresa

El comité de empresa de Nissan ha culpado hoy a las administraciones de parte del cierre que la multinacional japonesa prevé efectuar en diciembre de tres de sus tres fábricas en Cataluña, que supondrá el despido de unos 3.200 trabajadores. En una sesión monográfica celebrada en el Parlament, tanto el presidente de la representación de los trabajadores, Juan Carlos Vicente, como del secretario general del sindicato mayoritario en la compañía Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, han defendido que la salida se explica por no haber tomado las decisiones más óptimas a nivel administrativo --”A lo mejor no se han hecho bien las cosas, porque sino no se iría”, han apuntado -- y porque la normativa laboral en España es más permisiva que en otros países: “Cierran en España porque es más fácil que en otros sitios”, ha dicho Vicente, quien ha demandado una modificación de la reforma laboral.

Ruiz ha demandado un cambio de actitud de la clase política para evitar el cierre de la empresa, en lo que confirmaba las acusaciones a la clase política: “Necesitamos recuperar la confianza de todos vosotros, la ciudadanía os vota pero necesitamos políticas valientes”. Esa afirmación ha sido remachada con un “estamos decepcionados con las administraciones”. Todos los diputados que han intervenido en la Comisión de Empresa han criticado la decisión de Nissan y una mayoría ha rechazado la negativa de la empresa a que sus ejecutivos asistieran a la comisión, para lo que fueron convocados. La CUP ha llegado a reclamar un informe para presentar una demanda contra ellos por negarse a comparecer.

Los representantes sindicales han hecho un recorrido cronológico de las decisiones tomadas por la dirección de Nissan en España que afectaban a la fábrica del Consorcio de la Zona Franca para demostrar una línea titubeante, con errores y en la que los trabajadores siempre habrían intentado hacer lo necesario para que la planta no perdiera competitividad. Ha citado desde las promesas de la compañía hasta los esfuerzos suscritos por los trabajadores para sumir más carga de trabajo con menos reconocimiento salarial e, incluso, asumir despidos, como ocurrió con el ERE de mayo de 2019 que supuso el recorte de 600 empleos. Asimismo, han cuantificado en 154 millones de euros las ayudas recibidas por Nissan en los últimos veinte años que han defendido que “han caído en saco roto”. “Os pedimos que os pongáis las pilas”, ha reclamado Vicente.

Ruiz ha ido más allá cuando ha acusado a la multinacional japonesa de aprovechar el estado de alarma por la crisis sanitaria para llevar a cabo el cierre. “Han dicho ahora o nunca porque así no afectará a las plantas de Renault”, el socio europeo de Nissan.

Tras el comité de empresa, y tras la negativa a comparecer de la dirección del grupo automovilístico, ha comparecido la consejera de Empresa Àngels Chacón, quien ha subrayado la importancia del sector de la automoción y ha asumido que la decisión del cierre será “muy difícil de revertir”. En su opinión, el traumático fin de las instalaciones catalanas responden a una cadena de “decisiones no acertadas” sobre vehículos que acabaron fabricándose en Barcelona, a los problemas continuos de dirección --el escándalo de su expresidente Carlos Ghosn-- y a un momento de reconversión del sector de la automoción a nivel global.

Caso omiso a las administraciones

Chacón ha lamentado que, pese al plan presentado por las administraciones españolas en marzo, Nissan ni lo ha tenido en cuenta ni el Ministerio de Industria o el Departamento de Empresa han obtenido respuesta. Ha recordado que el plan de ayudas contemplaba casi de 100 millones de euros, de los que la Generalitat asumía unos 30 millones para el sector auxiliar de Nissan, tal y como avanzó este diario.

Asimismo, Chacón ha asegurado que en los últimos 20 años la Generalitat habría concedido 32 millones de euros en ayudas a la multinacional japonesa para proyectos en Cataluña. De estos, ha dicho, 18 millones eran ayudas directas y otros 14 millones obedecían al ahorro de intereses por créditos concedidos con condiciones ventajosas. “Estamos plenamente convencidos de que las instalaciones son competitivas y que con la asignación de un nuevo modelo se garantizaba la viabilidad de la planta”, ha dicho, cuestionando la posición de la dirección de Nissan, que asegura que la actual tasa de uso de la planta era tan baja que ni un vehículo nuevo permitía prever la rentabilidad.

El consejero de Trabajo, Chakir el Homrani, ha reclamado, tal y como reclaman los sindicatos, el retorno de la autoridad administrativa de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ya que no disponer de ella elimina la “capacidad de incidencia” de las administraciones públicas. “En 2012 se eliminó la autorización administrativa de los expedientes de regulación, y eso también es política industrial. Estamos en un momento de repliegue de mucho tejido industrial y, o tienes capacidad de poder influir directamente, o lo que acabamos aceptando es ser meros espectadores y creo que no nos lo podemos permitir”, ha aseverado el consejero, quien ha subrayado la no existencia de “argumentos claros, puestos negro sobre blanco”, para el cierre de Nissan ni para el expediente de regulación de empleo que quiere llevar a cabo la empresa en Cataluña.