La oposición exige al Govern que cumpla y pacte el retoque de los presupuestos

Hace más de un mes de la aprobación de los presupuestos catalanes y la oposición aún sigue esperando a que el teléfono suene para sentarse a negociar las modificaciones necesarias para atender la emergencia sanitaria, tal y como se comprometió el vicepresident Pere Aragonès. El Govern ni tan siquiera se ha puesto en contacto con los comunes, sus socios en la votación. El Ejecutivo insiste en que “compartirá” su plan, pero los partidos reclaman mayor implicación y celeridad. Algunos departamentos de la Generalitat también piden acelerar el plan.

Aragonès, en el debate de aprobación de los presupuestos, el pasado 24 de abril, había abierto la mano a que la oposición tuviera un papel activo en el retoque de las cuentas. Sin embargo, los mensajes por parte del Govern han sido confusos. Cuatro días después, la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, inscribía los cambios en el ámbito del Govern. “La mayoría de las modificaciones presupuestarias no tienen por qué pasar por el Parlament y se aprobarán, tal y como dice la normativa, en el Consell Executiu”, aseguró.

“El Govern debería ir abandonando la política de aprobar decretos y pactar con la oposición las modificaciones necesarias de forma global”, pide la diputada del PSC, Alícia Romero. El plan de la Generalitat, por ahora, pasa por no hacer ningún recorte e intentar arañar algunos recursos que se desprendan de la recalendarización de obras que no se han realizado en los meses de parón por la Covid-19.

Economía espera que el grueso del dinero para hacer frente tanto a los gastos generados por la pandemia como a la reactivación económica llegue de las transferencias especiales del Estado, de fondos finalistas para sectores específicos como el transporte público o del dinero que venga de la UE. El vicepresidente dio a entender en el pleno del Parlament del pasado jueves que cuando lleguen esos nuevos recursos sí se hablará con los grupos, aunque ese debate entonces se podría retrasar hasta agosto, a pocos meses de que sea necesario, por ley, iniciar la elaboración de los Presupuestos del siguiente ejercicio.

En esa misma sesión se aprobó una moción del PSC en la que se insta al Govern a modificar los presupuestos en dos meses. Ese calendario en principio sería semejante al que tiene sobre la mesa la Comisión para la reactivación económica y protección social (Coreco). Fuentes de Vicepresidencia explican que la idea es que ya a mediados de julio se tengan listas las primeras conclusiones, que serían “compartidas” con los grupos, aunque sin especificar cuál sería el margen para modificaciones. El problema, es que algunas partidas, no deberían esperar tanto. El Departamento de Empresa presentó un plan para el sector de la automoción que requiere una inversión de 20 millones de euros y que se antoja urgente ante la crisis suscitada por Nissan. Y muchas consejerías están utilizando los remanentes del año pasado para intentar lidiar los costes imprevistos por la crisis.

La oposición también se siente ninguneada en los otros órganos creados por el Govern para abordar la crisis. En el pleno pasado, todos los grupos forzaron la creación de una comisión de estudio, un debate que ya comenzó con la discusión sobre si es un espacio para la “reconstrucción”, el reset, la construcción o la reactivación. Problemas dialécticos aparte, tanto Ciudadanos como el PSC afearon al president Quim Torra que no los haya tenido en cuenta y, aunque agradeciera su mano tendida cuando ofrecieron sentarse en foros de ese tipo, eso jamás se concretara.

“Ustedes se vistieron de responsables aquí en el pleno, aceptando de buen grado nuestra propuesta, pero luego detrás de los focos respondieron con evasivas”, dijo la líder de Ciudadanos, Lorena Roldán. El jefe de filas del PSC, Miquel Iceta, defendió que esta comisión de estudio no competirá con otros órganos pero si criticó la falta de diálogo de un Govern que en Madrid no para de pedir que le dejen participar en las decisiones de Pedro Sánchez.

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