Sin trabajo no puedes abrir una cuenta en este banco

Joy, nombre ficticio, lleva 17 años viviendo en España. Es nigeriana y tienen 40 años. Durante este tiempo ha sido explotada por una mafia de su país. Nunca necesitó una entidad bancaria porque lo poco que ganaba acababa en manos de sus explotadores. Vive con miedo y luchando por preservar su identidad. En diciembre del año pasado consiguió salir de las garras de la banda organizada. Una asistenta social reunió la documentación para que durante unos meses pudiera optar a la renta garantizada de ciudadanía. “Ya lo tenía todo y solo necesitaba abrirme una cuenta. Fui a un banco y me dijeron que sin contrato de trabajo no podía abrírmela”, lamenta Joy. Después de pedir la apertura de una libreta en hasta cuatro entidades diferentes y ver como se la denegaban, no le quedó otra que volver a pedir ayuda. Algunos bancos comenzaron a darle posibilidades: “Me pedían comisiones anuales de 120 euros o incluso me obligaban a hacerme un seguro de vida solo por abrirme una libreta”. Al final pudo obtener una, sin condiciones abusivas, en una banca ética.

El caso de Joy no es único en la ciudad. Al Ayuntamiento de Barcelona han llegado varias quejas de personas migradas a las que no se les permite abrir cuentas bancarias. El Consistorio se ha dirigido al Banco de España para que garantice el acceso universal a los servicios bancarios ya que sin estos es complicado poder cobrar una nómina o pagar un alquiler o suministros de facturas. “Algunas entidades nos dicen que no pueden abrir una cuenta a personas originarias de algunos países por protocolo de blanqueo de capitales. Algo que es totalmente falso tal y como nos ha informado el Banco de España”, denuncia Marc Serra, el concejal de derechos de ciudadanía.

El pasado 2019, el Consistorio y 18 entidades recogieron 411 denuncias de discriminación. Una cifra muy superior a las 265 registradas en 2018. Con esta información se ha redactado el informe anual del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona 2019. El 33% están relacionadas con casos de racismo y el 25% de LGTBIfobia. El Consistorio destaca que este aumento de casos entre un año y otro se debe, entre otros factores, a la incorporación de más entidades en la elaboración del estudio. La Oficina para la No Discriminación (OND) critica que el número de situaciones contabilizado es solo la punta del iceberg ya que la “normalización de la discriminación” junto con la “invisibilización” del fenómeno es una práctica generalizada. Además, la frecuencia con la que reiteradamente se repiten las discriminaciones hace imposible que las víctimas puedan denunciarlas constantemente debido al “desgaste emocional y la inversión de tiempo y dinero que implica”. Algunas de las víctimas también manifiestan una falta de confianza en los cuerpos de seguridad e incluso miedo a las represalias, sobre todo, en personas que no disponen del permiso de residencia.

Los hombres de entre 25 y 39 años son los que más denuncian las discriminaciones. La mayoría de casos registrados por la OND, el 73%, son discriminaciones efectuadas entre particulares o empresas. Según el informe de las 68 denuncias presentadas por actitudes discriminatoria en la administración pública -sobre todos en infraestructuras relacionadas con la salud mental- 23 eran contra personas que presentaban alguna discapacidad. El informe ha registrado 47 denuncias contra actitudes de los agentes de diferentes cuerpos de seguridad de las que 33 era por motivos de “racialización y origen étnico”. En las empresas privadas la mayoría de discriminaciones también son por raza u origen (49 de las 162 quejas presentadas), seguido de discriminación por la lengua utilizada (29), la orientación sexual e identidad de género (24) y la discapacidad (23).

En cambio, entre particulares el grueso de las discriminaciones se centran en la orientación sexual (84 de las 173 denuncias), seguidas de las denuncias por racismo (56) y por discriminación por posición económica (10). Entre las denuncias a particulares destaca una de un joven en situación irregular que fue interceptado por una de las patrullas ciudadanas que el pasado verano peinaban el metro alertando de carteristas. La denuncia asegura que la intervención de estas autodenominadas brigadas de seguridad ciudadana acabó con, previo ingreso en el CIE de la Zona Franca, la expulsión del país del denunciante.

El concejal de derecho de ciudadanía asegura que el Consistorio ha llevado 20 casos de racismo a los tribunales. “Pero no solo queremos denunciar. Hemos activado los servicios de mediación en algunos casos muy satisfactoriamente. Recuerdo el caso de unos turistas franceses de origen magrebí a los que no dejaron entrar en un bar. Hablamos con el propietario y acabamos realizando una formación con el camarero que impidió el acceso a estos jóvenes para que no se vuelva a repetir una actitud de este tipo", advierte Serra.