El Govern incluye el aumento del 2% de salario de los altos cargos en un decreto contra la covid-19

El Govern ha incluido en un decreto ley que contiene medidas sociales y económicas para luchar contra el Covid-19 el aumento del 2% del salario de los altos cargos –directores y secretarios generales– así como el incremento del 0,9% de las pensiones tanto de los funcionarios como de los consejeros que reciben esos ingresos durante 18 meses después de abandonar su cargo. El Pleno del Parlament ha aprobado la convalidación de ese decreto por 65 votos a favor, 4 en contra y 65 abstenciones y su posterior tramitación como proyecto de ley. La mayoría de grupos de la oposición han recriminado al Ejecutivo que se haya incluido el incremento en esa norma.

El aumento del 2% de los ingresos es aplicable a todos los funcionarios públicos. El Gobierno de Pedro Sánchez extendió también la medida a sus altos cargos. Ciudadanos, primer partido de la oposición, ha interpretado con el decreto-ley en la mano que el incremento del 0,9% de las pensiones beneficia a Artur Mas y José Montilla. El diputado Dimas Gragera lo ha tachado de “vergonzoso” y ha acusado al Govern de actuar sin "fair-play”. Ciudadanos se ha abstenido pero a la par ha registrado una proposición de ley para suprimir las oficinas de los expresidentes. Ese objetivo es recurrente en su grupo parlamentario.

“Es indecente subir salarios cuando cobran 120.000 euros. O que paguemos a un fugado de la justicia o hayamos pagado cinco millones de euros a Pujol”, ha afirmado. El Govern ha negado tajantemente esa interpretación y ha asegura que las pensiones de los expresidentes no registrarán ninguna subida porque están en consonancia con los ingresos del presidente de la Generalitat que este año ha visto congelado su salario.

Daniel Serrano, portavoz popular, ha considerado que las medidas que contiene el decreto son un parche y ha calificado de “chantaje político” que se incluya “por la puerta de atrás” ese aumento salarial. “No es de buen gusto colar privilegios”, ha lamentado. El PP ha sido el único grupo que ha votado en contra. Los de izquierda, desde el PSC a los comunes pasando por la CUP, se han abstenido lamentando que las medidas del decreto son insuficientes y subrayando la falta de diálogo del Govern.

David Cid, de los comunes, y Alicia Romero, socialista, han reprochado a Pere Aragonès que exija diálogo al Gobierno de Pedro Sánchez mientras en Cataluña es incapaz de descolgar el teléfono para abordar los decretos, reformular los presupuestos aprobados en abril o sentar las bases de la reconstrucción. Cid ha expresado su sorpresa de que el decreto contemple ese incremento salarial a los altos cargos justo ahora en que los diputados han renunciado a aumentar su salario. Y ha advertido de que tampoco figuraba en el presupuesto incluir el aumento del 0,9% de las indemnizaciones para los consejeros destituidos. El diputado ha reprochado al Ejecutivo la incoherencia que implica que los grupos parlamentarios que le representan en Madrid voten en contra del estado de alarma cuando muchas de las medidas que incluye el decreto dependen de que aquel esté en vigor.

El decreto, que será tramitado a través de un proyecto de ley, incluye medidas relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias con bonificaciones y nuevos plazos o reducciones para distinto tipo de gravamen; como el canon del agua, el impuesto de sucesiones o de el bebidas azucaradas. Paralelamente, se crea una prestación para la acogida familiar de urgencias por parte de la Generalitat para niños con familiares aislados por la pandemia.