Más de 22.000 empresas catalanas cerraron en marzo por el coronavirus

Dos semanas de crisis del coronavirus bastaron para que desaparecieran 22.006 empresas en Cataluña en el mes de marzo. Supone una reducción del 8,5% y es una buena muestra de cómo la actual crisis del coronavirus se está cebando con la economía de a pie de calle: comercios y sociedades de hasta cinco trabajadores, trabajadores autónomos incluidos. Los más débiles para resistir un golpe duro aunque la salida pueda ser rápida.

Las primeras medidas para frenar la propagación del coronavirus fueron letales para el tejido empresarial. Además de la desaparición de sociedades, a finales de mes ya se habían acogido a regulaciones temporales de empleo (ERTE) más de 77.500 empresas en Cataluña. En el caso de los cierres, el sector más afectado fue el pequeño comercio —3.066 tiendas menos—, que ha sufrido, con la excepción de los establecimientos de alimentación, la paralización obligada de su actividad por el estado de alarma. Las empresas de comida y bebidas cerraron en una proporción muy similar, seguidas por las del comercio al por mayor (1.679). El derrumbe se prevé todavía mayor en abril.

La estadística de mortalidad empresarial es de la Generalitat y ha sido incluida en las previsiones que ha realizado la Cámara de Comercio de Barcelona para estudiar el impacto económico de la pandemia. En el mejor de los escenarios, su servicio de estudios estima que la economía caerá este año un 7,3%. En el peor, el desplome alcanzará el 10,1% del PIB, una previsión casi dos puntos más pesimista que la de la Generalitat.

El mazazo sobre el mercado laboral será contundente: el empleo caerá un 5% en el mejor de los casos y un 7% en el peor, por lo que la tasa de paro se situará en una horquilla de entre el 15% y el 17%.

La buena noticia del análisis cameral es que Cataluña sería junto a Madrid la comunidad autónoma con un mejor entorno para salir de la actual crisis. Ese argumento se basa en dos factores: la alta posibilidad que tienen sus empresas de practicar el teletrabajo y el hecho de que entre su ecosistema empresarial hay más grandes corporaciones, con mayor capacidad de aguante, que en otros territorios.

Como han previsto otras instituciones, la Cámara de Comercio no estima que la recuperación alcance a niveles precoronavirus este mismo año e incluso no descarta que pueda dilatarse hasta 2022. Y eso pese a que calcula un salto intertrimestral en el tercer trimestre del año de casi el 10%. El problema es que la economía se contrajo un 4,1% entre enero y marzo y la Cámara de Comercio prevé que el golpe sea todavía mucho mayor entre abril y junio, cuando caería un 10,8%, una tasa “sin precedentes históricos de ningún tipo”, ha apuntado el director del servicio de estudios de la Cámara de Comercio, Joan Ramon Rovira, quien ha explicado que las estimaciones se basan en un confinamiento limitado a dos meses y con una lenta y gradual “nueva normalidad” a partir de septiembre.

La recuperación que visualiza la corporación no es lineal, sino divergente por sectores económicos. La agricultura será la primera en recuperar la normalidad, allá en junio, pero la construcción y la industria no tomarán una velocidad de crucero hasta julio y el comercio será el que se alcance ese punto más tarde, en octubre. De ahí, que los dos sectores con más peso en la economía catalana, el turismo (23%) y la industria (18%) vayan a ser de los que más caídas acumulen durante todo el ejercicio: un 20% y un 5,1%, respectivamente. La inversión de las administraciones públicas, que se cree que crecerá este año un 3%, apenas podrá equilibrar el desfase.

El presidente de la entidad, Joan Canadell, ha demandado un fuerte plan de choque del Estado, que podría situarse entre los 50.000 y los 60.000 millones de euros. Canadell ha afirmado que esa inyección podría suponer que España superara niveles de endeudamiento del 110% sobre el PIB, por lo que ha dicho que el Gobierno español podría pedir un rescate de la Unión Europea para que esta controlara “en qué se gastan" los recursos, de forma que fueran dirigidos a inversiones “no competitivas”.

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