Torra ve una invasión de sus competencias en el estado de alarma decretado por Sánchez

Frente de los Gobiernos vasco y catalán contra la decisión del presidente Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma, consagrado en la Constitución, para hacer frente a la emergencia por el avance de los contagios por coronavirus. El líder catalán, Quim Torra, ha llamado esta tarde a su homólogo vasco, Iñigo Urkullu, para cambiar impresiones sobre la gestión de la pandemia. Ambos Ejecutivos comparten la idea de que se trata de un artículo 155 “encubierto” y han pedido más apoyo por parte del Gobierno central.

“He llamado al lehendakari Urkullu para valorar el avance de la pandemia”, ha escrito Torra en un mensaje de Twitter. “Coincidimos en que no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo, no recentralización”, ha dicho el president.

Urkullu, por su parte, ha instado al presidente del Gobierno a que “las medidas que el Consejo de Ministros pudiera adoptar tuvieran en consideración el modelo territorial del Estado, la configuración en base al ordenamiento jurídico y el autogobierno”. “Me resultaría extraño que hubiera otras directrices o medidas del Gobierno español, pero estoy a la espera de las que se adopten en el Consejo de Ministros”, ha añadido, tras valorar “la coordinación existente en el ámbito sanitario”, ha dicho en Vitoria, tras una reunión con su gabinete de crisis y gestión de la pandemia.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya se había pronunciado en ese sentido. En una entrevista en Radio Euskadi ha explicado que“sería una sorpresa que el Gobierno anulara las competencias autonómicas en materia de Seguridad y de Salud y que avocara para sí todas las atribuciones”. Erkoreka considera que “sería un 155 en esta materia que no estaba anunciado”.

Estas son las medidas clave del estado de alarma

El decreto aprobado este sábado por el Gobierno regula la limitación al movimiento de los ciudadanos en toda España

En una rueda de prensa este sábado, la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central se avenga a cerrar las fronteras de Cataluña para paralizar la extensión del coronavirus. “No permitiremos que se vulneren nuestras competencias y más viendo que el Gobierno español responde tarde y mal”, ha criticado.

Torra, el pasado viernes, había ya pedido el cierre de fronteras, que necesita del visto bueno del Gobierno. “La evolución de los contagios nos exige ser más drásticos. Creemos que nos tenemos que anticipar a una evolución demasiado rápida de la enfermedad en nuestro país y por eso creemos que hay que confinar toda Cataluña. Se trata de restringir las entradas y salidas de todo el país. Creemos que hace falta dar un paso adelante”, dijo el president. Budó ha declinado explicar a qué altos cargos del Gobierno se le planteó ayer el confinamiento de Cataluña antes de anunciarse la voluntad de aplicar esa medida en rueda de prensa.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha salido en defensa del Gobierno y ha reivindicado que centralice la toma de algunas decisiones, tal y como se entiende del borrador del decreto en el que trabaja el Consejo de Ministros. “Aunque algunos parecen no saberlo, el coronavirus no conoce los estatutos de autonomía. La cadena de mando tiene que tener un mando único. No se pueden aceptar 17 escenarios de decisiones porque eso nos hace enormemente ineficaces e ineficientes”, ha escrito en Twitter.

La comparación entre el artículo 155 de la Constitución, con el que se intervino el autogobierno en Cataluña en 2017, y el 116, donde se menciona el estado de alarma, es tendenciosa. El 155 es el instrumento mediante el cual el Gobierno, previo permiso del Senado, puede adoptar medidas para obligar al Ejecutivo de una comunidad autónoma a cumplir funciones que haya abandonado y que atenten contra el interés general. El estado de alarma, por su parte, es regulado por una ley orgánica y cierra su ámbito de acción a las catástrofes naturales, crisis sanitarias, problemas de abastecimiento o paralización de servicios esenciales. Se declara mediante un decreto, por un máximo de 15 días y el Congreso debe validarlo.