Torra sugiere que la mesa de diálogo sea telemática por la epidemia

Una de las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio por el coronavirus es limitar los viajes y las reuniones de trabajo con muchos participantes. De ahí que ayer el presidente catalán, Quim Torra, propusiera que la segunda sesión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se celebre a través de videoconferencia si es necesario. El compromiso es que el encuentro se haga la próxima semana, en Barcelona, pero aún no tiene fecha.

La voluntad de los Ejecutivos de coalición que presiden Pedro Sánchez y Torra es que la segunda sesión de la mesa de diálogo se celebre antes de que comiencen las campañas electorales en el País Vasco y Galicia. De ahí que el límite sea el viernes de la próxima semana. Pero ninguno de los dos Gobiernos se ha mojado con una fecha exacta.

La crisis del coronavirus no será un impedimento —ni una excusa— para que la reunión se realice, aseguró ayer Torra. “Este país ha descubierto que por videoconferencia se pueden hacer muchas cosas”, afirmó el ‘president’ en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña, en la que se informó de nuevas medidas para pelear contra la expansión del virus. “Por nosotros no será”, insistió.

Torra, sin embargo, no aclaró si participará en la conferencia de presidentes autonómicos convocada por La Moncloa para el sábado para tratar la respuesta a la pandemia. El líder catalán se limitó a decir que “lo valorará”, argumentando que ve necesario “conocer todas las decisiones que se puedan tomar en todos los lugares”.

Ambos Gobiernos se han volcado en la atención a la emergencia de la Covid-19, conscientes de que aún vienen días difíciles. La mesa de diálogo no es un asunto de primer orden en este momento, aunque sí importante. Nadie duda de la necesidad de transmitir el mensaje de que se le dará continuidad tras el primer encuentro, celebrado el pasado 26 de febrero. De ahí que en La Moncloa no vean con malos ojos la propuesta de que se celebre la reunión a través de videoconferencia.

Campaña

La tensión en el Gobierno y en Esquerra, el socio del Govern más interesado en que siga ese foro de diálogo, también se ha relajado ante el hecho de que hay voces que piden aparcar los Presupuestos de este año y trabajar directamente en los de 2021. Esto le quita peso a Sánchez, que estaba obligado a mostrar algún avance concreto en la mesa, para que Esquerra pudiera al menos abstenerse en la votación de las cuentas.

Los republicanos también se pueden centrar sin ataduras en la campaña electoral en ciernes en Cataluña. Tener esa votación de por medio ante lo que será una guerra sin cuartel con Junts per Catalunya les ponía en una posición muy complicada. Con todo, ni en las filas de Junts ni en las republicanas saben cuándo serán los comicios, que técnicamente Torra agendará tras la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat.

ERC tiene que solucionar otro problema: la dimisión del consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, por encubrir a su exjefe de gabinete en un escándalo de abuso sexual en su departamento. Bosch tenía además las competencias de relaciones institucionales y esto le daba no sólo un billete directo a la mesa de diálogo sino también la potestad de convocar las reuniones de la comisión bilateral Estado-Generalitat. Ahora previsiblemente será el nuevo consejero de ERC el que forme parte de la mesa.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó el pasado martes que solo hasta que los republicanos decidan quién ocupará de manera permanente ese departamento —lo hace de manera temporal la responsable de Agricultura, Teresa Jordá— se retomarán los trabajos internos para celebrar la comisión bilateral que está pendiente.

A la falta del sustituto de Bosch se suma la decisión del Tribunal Superior de Cataluña de procesar a Josep María Jové, diputado republicano y también miembro de la mesa de diálogo. La justicia cree que tuvo un papel fundamental en el diseño de la consulta independentista del 1-O, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Los republicanos saben que no pueden perder un milímetro de control en el foro de diálogo, especialmente tras las últimas declaraciones del expresidente prófugo Carles Puigdemont poniendo en duda el recorrido de la mesa.