La Junta se compromete a crear un protocolo para que los vecinos de Coria puedan vincular sus enfermedades con la inhalación de tóxicos

Los 4.000 vecinos de la barriada del Guadalquivir, en Coria del Río, llevan dos décadas expuestos a altos niveles de benceno, tolueno, eibenceno o xileno. En este tiempo, varios han desarrollado leucemia, otros padecen cefaleas, náuseas, mareo, desorientación, depresión e irritación respiratoria… Sin embargo, y pese a que varios informes del Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente advierten de que la inhalación de estos gases puede provocar este tipo de enfermedades, ellos no pueden probarlo desde un punto de vista médico. La razón: no existe un protocolo que permita a los profesionales sanitarios atribuir el desarrollo de este tipo de dolencias, la mayoría crónicas, al contacto con esos hidrocarburos tóxicos.

Este vacío, esencial para que los vecinos de la barriada puedan recibir una indemnización en el caso de que prospere el proceso penal que investiga el origen de la emanación de los gases y sus responsables, podría llenarse en breve. La Consejería andaluza de Salud se ha comprometido con la Asociación de vecinos afectados por los tóxicos a desarrollar ese protocolo sanitario de exposiciones medioambientales para implantarlo en el Hospital Virgen del Rocío, donde están siendo tratados más de un centenar de ellos. Un paso adelante del que la presidenta de los afectados, Rogelia Gómez, recela, porque lleva muchos años sobreponiéndose a las promesas esquivas y a las palabras vacuas de las administraciones. “Cuando se apruebe lo creeré. De todas maneras, vamos tarde. Ya hay mucha gente que no va a vivir para contarlo ni para verlo”.

Este compromiso ha llegado después de la reunión que este lunes han mantenido representantes de la asociación con la delegada territorial de Medio Ambiente y el director general de Salud pública y Ordenación farmacéutica de la Consejería para abordar asuntos relacionados con los distintos frentes judiciales que los vecinos tienen en marcha para conseguir que paren se limpien los suelos de la gasolinera de donde emanan los gases tóxicos y que se depuren responsabilidades. “Se ha trasladado a los vecinos el refuerzo de la vigilancia epidemiológica de manera prospectiva por parte del Distrito Sanitario, la formación de los profesionales del centro de salud de la localidad en el conocimiento de los síntomas asociados a una intoxicación por compuestos orgánicos volátiles, así como del circuito de alerta operativo”, ha indicado la Consejería en un comunicado.

“El médico forense no tiene un protocolo en que basarse. ¿Cómo cuantificamos que una persona haya sufrido un cáncer si no consigo acreditar que ese cáncer se ha producido como consecuencia de la exposición al tóxico? ¿Cómo consigo acreditar que esa persona o ese menor con náuseas y con dolor de cabeza durante tres años ha originado su dolencia por la exposición de los tóxicos? El protocolo es lo que te permite es conectar causa y efecto”, explica la abogada de la asociación, Sara Domínguez, que también ha estado presente en la reunión. “El Instituto de Medicina Legal no tiene nada en lo que basarse para acreditar la relación”, abunda, sobre la ausencia de este tipo de guías a nivel nacional.

La Consejería de Sanidad, en la figura de su antigua responsable, Rocío Hernández, cesada por la crisis de los cribados de cáncer de mama, así como su predecesora y actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García, y otros altos cargos de ese departamento, además del antiguo gerente del Virgen del Rocío, constan como responsables en la querella que a mediados de junio presentó la asociación por la inacción prolongada de la administración ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos. “No se trata de denunciar un daño consumado, sino de poner fin a una situación de desprotección jurídica”, sostenía entonces Domínguez. La Consejería de Sanidad ha acordado establecer un grupo de trabajo entre el Virgen del Rocío u el Instituto de Medicina legal para desarrollar ese protocolo y se ha invitado a la asociación de vecinos afectados para que proponga los especialistas deberían estar presentes en ese equipo.

A los vecinos les urge que ese documento esté listo lo antes posible. “El problema se origina en 2017 y estamos en 2025 y la fase de instrucción de nuestro procedimiento se está acabando”, advierte la abogada, sobre el proceso penal que sigue en fase de instrucción desde 2018.

Cuando estalló el escándalo, 138 vecinos que presentaban afecciones relacionadas con la inhalación de los gases tóxicos consiguieron ser atendidos de manera exclusiva por el departamento de Medicina Interna del Virgen del Rocío. En tiempos de Catalina García, la Consejería de Salud se comprometió a realizar un estudio epidemiológico para analizar los síntomas y los efectos de esa exposición, pero nunca se han presentado los resultados. Los afectados, mientras tanto, han realizado su propio estudio calle por calle, y no hay una en la que no se presenten casos de infarto o problemas cardiacos, diagnósticos de cáncer y otras enfermedades compatibles con los compuestos orgánicos vitales. Si el protocolo se desarrollara a tiempo, podría ayudar a vincular de manera directa la causa y el efecto. Pero ese tiempo es el que ha ido esfumándose hasta cumplir dos décadas y en la barriada el aire continúa siendo irrespirable y asfixia el día a día de los vecinos. “Nadie ha hecho nada, ¿por qué va a cambiar ahora?”, se pregunta Rogelia, que ha aprendido a no dejarse tentar por el optimismo.

Objetivo, Aljarafesa

El protocolo no es el único compromiso que han conseguido arrancar en la reunión de este lunes a mediodía. La Consejería de Medio Ambiente ha señalado que presentará el informe que constate que la empresa provincial de aguas, Aljarafesa, reparó un colector, cuyas grietas pudieron haber filtrado la contaminación a la red de alcantarillado de la barriada. Esta es la principal hipótesis que tiene la asociación de vecinos para poder pedir la imputación en el procedimiento penal de la compañía de aguas, algo que aún no han conseguido por la falta de informes oficiales. La asociación interpuso la querella contra la entidad propietaria de la gasolinera, Zamarrilla Inversiones S. L., de cuyos suelos emanan los gases tóxicos, pero considera que unas grietas en un colector propiedad de Aljarafesa extendió los problemas. “Hemos pedido al juzgado que indague sobre quiénes son las personas físicas que debían de velar porque esa fisura no se hubiera producido”, explica la letrada.

Medio Ambiente ha asegurado que esas grietas se arreglaron, pero la asociación de vecinos recela, dado que esas obras son de mucha envergadura y ni hubieran pasado desapercibidas para los vecinos, ni el Ayuntamiento de Coria -también investigado en el proceso penal- hubiera perdido la oportunidad de publicitarlas, algo que no ha ocurrido. “El hecho de que haya existido una fisura, aunque se haya reparado, ya es un delito, por lo que Aljarafesa debería estar en el procedimiento como investigada”, añade Domínguez. Para ello, sería necesario que la Consejería remitiera ese informe antes de que se cierre la fase de investigación penal, algo de lo que también duda Rogelia.

Lo que no han podido sacar en claro los vecinos es el grado de contaminación del aire, que a lo largo del verano ha sido medido por una unidad móvil de la Consejería de Medio Ambiente. En el encuentro les han indicado que los resultados son provisionales y que los definitivos estarán disponibles en diciembre. Ni Rogelia ni el resto de habitantes de la barriada necesitan comprobar los datos. La sensación a metal que se agarra en sus gargantas y que luego llega hasta el cerebro en forma de jaquecas, mareos e insomnios no ha desaparecido en todos estos meses, ni en todos estos años. Muy al contrario, la sensación de asfixia se acentúa con las altas temperaturas y en mitad de la madrugada. Los vecinos que acompañan a Rogelia, uno de ellos, Sergio González, primer residente del barrio que ha obtenido la incapacidad reconocida por inhalación de tóxicos, salen del encuentro con cierta esperanza. Su presidenta ya no cree en las palabras, por eso se aferra al centenar de páginas de informes médicos, policiales y judiciales que avalan su lucha y que lleva bien apretados contra su pecho.