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La Fiscalía andaluza investiga los fallos en el cribado de cáncer de mama

El ministerio público pide al Gobierno de Moreno que informe sobre lo ocurrido, las medidas adoptadas para la reparación del daño a las víctimas y la prevención de hechos similares

Eva Saiz

La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido investigar los fallos en el cribado de cáncer de mama, tal y como ha informado en un comunicado. El ministerio público ha pedido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que informe de los hechos, las medidas adoptadas para la reparación del daño a las víctimas y sobre la prevención de situaciones similares en el futuro.

En las últimas semanas, la Fiscalía ha recibido distintas denuncias en relación con el escándalo de los cribados que, de acuerdo con la nota emitida, podrían “corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama”. Se trata de los escritos presentados por la Asociación Defensor del Paciente y por Izquierda Unida, precisa el ministerio público.

El 2 de octubre, la Defensora del Paciente interpuso una denuncia en la que se exigen responsabilidades al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por “dejación de funciones” en el programa de detección precoz. Una semana después, Izquierda Unida presentó otra en la que pide que se investigue a los tres últimos consejeros de Salud que ha tenido Moreno —Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández— por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios. Adelante Andalucía también ha remitido otro escrito, que la Fiscalía no recoge en su comunicado, en la que denuncian a la exconsejera de Salud y su predecesora en el cargo —a quien Amama informó de los retrasos en el verano de 2024, poco antes de dejar su puesto—, la actual viceconsejera y la gerente del SAS —investigada en el caso de los abusos en los contratos de emergencia— por los delitos de homicidios y lesiones imprudentes graves, de dejación de funciones del servicio público y de omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

Hasta ahora, el Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha explicado cuál ha sido el fallo que ha provocado retrasos en la comunicación de los diagnósticos no concluyentes en el programa de prevención de cáncer de mama, unos retrasos que han provocado que algunas mujeres hayan desarrollado cáncer antes de haber sido citadas para una segunda revisión que aclarara el pronóstico, porque no se les había informado de su situación. La Junta ha acotado a 2.000 las mujeres afectadas por las irregularidades, concentrando el 90% de los casos en el Hospital Virgen del Rocío, aunque tampoco ha podido precisar cuáles son los criterios para fijar el número en dos millares y por qué se sitúan en el centro hospitalario de referencia sevillano.

Las mujeres de Amama, la asociación de víctimas de cáncer en Andalucía que ha dado visibilidad a las consecuencias de los retrasos, cuestiona ese dato y también asegura que las pacientes se encuentran en toda la comunidad, no solo y principalmente en el Virgen del Rocío. También dudan de que se haya llamado a esas 2.000 mujeres, como asegura la Junta, para citarlas para una segunda mamografía antes del 15 de noviembre.

Aunque no se ha informado de la causa del problema, el Gobierno de Moreno sí ha puesto en marcha una batería de planes de choque para atajar la crisis de los cribados de cáncer de mama, que se han ampliado al resto de cribados que dependen de la Junta y que han llegado hasta el anuncio de la reestructuración del Servicio Andaluz de Salud. Se trata de iniciativas regadas de millones, 100 millones y la contratación de más de 700 profesionales para las medidas que afectan a todos los planes de cribado, pero que se están topando desde el principio con los problemas para poder captar a los especialistas. Hasta el momento, y de acuerdo con fuentes sindicales, puesto que la Consejería de Sanidad no ofrece datos, en el Virgen del Rocío se han contratado a una radióloga a media jornada y por tres meses, a cinco técnicos de rayos, un enfermero, un celador y un auxiliar administrativo. Las mismas fuentes indican que también se ha contratado a un radiólogo en el Hospital regional de Jerez de la Frontera (Cádiz). La dificultad para encontrar a especialistas hace que los sindicatos médicos y los partidos de oposición miren con escepticismo el último gran anuncio de Montero: la contratación en 2026 de 4.400 profesionales en el SAS, 1.200 de ellos médicos. El miércoles, durante un pleno monográfico sobre sanidad en el Parlamento, Sanz anunciaba 16 nuevas medidas para abordar la reforma del sistema público de salud.

La reacción del Gobierno de Moreno a la crisis de los cribados —la más grave desde el inicio de su mandato en 2019— ha sido errática desde el principio. Cuando la Cadena Ser afloró los primeros testimonios a finales de septiembre, se redujeron a “tres o cuatro” los casos y una semana después cesaba la consejera de Salud. El discurso también ha ido variando sobre el origen del problema: se empezó diciendo que las citaciones se hacían en función del criterio de los radiólogos, después se habló de un “fallo de comunicación”, para centrarse luego en la modificación de un protocolo de cribados de 2011 que eliminó la obligación de informar a las pacientes cuyo cribado era no concluyente. Esta semana, Moreno anunció la dimisión del jefe de Radiología del Virgen del Rocío y anunció nuevos ceses porque “la información no llegaba adonde tenía que llegar, porque el SAS tiene una estructura opaca: a veces parece que no ha llegado a él el siglo XXI”.

A la falta de explicación sobre los errores en el programa de prevención de cáncer de mama, se ha sumado este martes la denuncia de Amama de la supuesta desaparición de historiales médicos en las aplicaciones del SAS Clic Salud y Diraya. Tras negar categóricamente el borrado de historiales, la Consejería de Salud reconoció horas después que una caída en el sistema de Clic Salud había impedido “temporalmente” acceder a las pruebas diagnósticas. Fuentes de la Junta justificaban este fallo informático por la avalancha de consultas ante la inseguridad provocada por la denuncia de las mujeres afectadas por los cribados, pero también indicaban que la actualización de la aplicación habría estado dando problemas antes.

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Sobre la firma

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.
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