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Los 180.000 habitantes y 24 alcaldes del sur de Sevilla explotan contra la Junta por el deterioro extremo de la sanidad

Los regidores se encerrarán para revertir que el 50% de las plazas de médicos están sin cubrir

Maria Baena y su marido, Antonio Rodríguez, afectados por los graves retrasos de la sanidad, este jueves frente al ambulatorio de Gilena, cerca de Osuna.
Maria Baena y su marido, Antonio Rodríguez, afectados por los graves retrasos de la sanidad, este jueves frente al ambulatorio de Gilena, cerca de Osuna.García-Santos
Javier Martín-Arroyo

Con una huelga convocada para la próxima semana y listas de espera eternas, el progresivo deterioro de la sanidad andaluza tiene picos insoportables para la población. El más acuciante está al sureste de la provincia de Sevilla, donde 180.000 personas, población similar a la de San Sebastián, esperan hasta dos años para un diagnóstico y tres semanas para la cita con su médico de cabecera. Los hospitales y ambulatorios están bajo mínimos, con solo el 50% de los médicos necesarios. Y lo peor es que la situación empeorará a medida que avance el año por la fuga de facultativos y la Junta de Andalucía (PP) no ofrece soluciones.

Tras decenas de manifestaciones y marchas en los 24 pueblos afectados, los alcaldes socialistas, populares y de IU han dado un golpe sobre la mesa y se encerrarán durante 24 horas en julio en un edificio para presionar a la Junta, según acordaron el pasado jueves en una reunión en Osuna (18.000 habitantes), cabecera de esta maltratada área sanitaria. La provincia de Sevilla pierde cada dos días un médico que opta por otra provincia o región, o por emigrar al extranjero, según el Colegio de Médicos sevillano.

El centro de salud de Osuna solo tiene seis médicos y otro a media jornada, de los 14 que deberían atender a los pacientes. Es decir, menos de la mitad estipulada. “En Estepa tenemos una paciente con cáncer de mama diagnosticada en enero, pero como se la trasladó al Hospital Virgen del Rocío [de Sevilla], ellos consideran la fecha de llegada del paciente, es decir, abril. Es una inequidad flagrante del sistema y espero que [el cáncer] no esté extendido y puedan operarla. Una mujer de la capital con patología mamaria entraría directamente en lista y en los pueblos cuenta cuando se deriva”, lamenta un médico del centro de salud de Estepa que pide anonimato. Sobre esta desigualdad, fuentes de la Junta niegan la mayor y aseguran de forma genérica que la demanda quirúrgica “queda registrada desde el momento en que se inscribe en el registro”.

María Baena, vecina de Gilena, protesta porque su marido, Antonio Rodríguez, padece sarcoidosis pulmonar, pero por culpa de la falta de especialistas en el hospital de Osuna se ha pasado 10 meses sin cita con el médico internista, a falta de cardiólogo, “una locura para un enfermo crónico”. El pasado viernes por fin recibió una llamada y ahora espera que no se la cancelen, como ya le ha pasado.

Concentración de vecinos de Gilena (Sevilla) este jueves frente al ambulatorio.
Concentración de vecinos de Gilena (Sevilla) este jueves frente al ambulatorio. García-Santos

Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna (PSOE), alerta con otro ejemplo: “La Junta no es consciente de lo crítica que es la situación. Tenemos a personas desamparadas hasta dos años sin diagnosticar, de baja sin trabajar, y la Inspección les llama para decirles que se reincorporan o les dan la incapacidad”. La Consejería andaluza de Salud y Consumo ha aplazado hasta septiembre la toma de posición de 25 médicos que habían pedido abandonar la Campiña sur sevillana. ¿Qué ocurrirá con la atención asistencial en otoño? “No te sé decir qué pasará con esta población (…) La medida de retrasar el traslado de médicos no es un parche, aunque puede ser visto como un aplazamiento, pero el Ministerio [de Sanidad] también tiene responsabilidad en la falta de médicos”, arguye Regina Serrano, delegada de la Junta en Salud para Sevilla.

La fuga de médicos que acaban su formación es una plaga en Andalucía por las condiciones poco atractivas de sueldo y formación, además de la presión asistencial que soportan. Las comunidades gobernadas por el PP han pedido al Ministerio de Sanidad que permita a los médicos sin la especialidad acabada ―residentes MIR― que trabajen en atención primaria, pero el Gobierno central considera esta contratación “ilegal” por incumplir una directiva europea. Andalucía ha contratado al año unos 4.000 médicos licenciados pero sin el MIR aprobado desde 2020 para cubrir las vacantes por vacaciones en los centros de salud.

Los alcaldes se apoyan en la Marea Blanca por la sanidad pública, que ha movilizado a los vecinos, cada vez más indignados. “Ahora viene un verano catastrófico por la nefasta gestión sanitaria. El maltrato laboral viene de tener 15 guardias al mes y 70 pacientes al día, y así los médicos huyen porque con tanto estrés, eso no es medicina”, se queja Juan Monedero, su representante en la zona. “Al médico le gusta investigar y la Junta quitó la unidad de investigación y las sesiones clínicas donde hablaban y trataban de casos complejos. Si no se pueden formar ni investigar, no hay incentivos para quedarse en esta área, al sur de Córdoba o al norte de Málaga”, añade.

En el centro de salud de Estepa, los médicos ven desde el pasado lunes más de 45 pacientes al día, pese a que la Junta acordó hace un año con los sindicatos un tope de 35 enfermos en la agenda programada para médicos de familia y 25 para los pediatras. “No te da tiempo de ver las historias clínicas y los programas de enfermos crónicos los sobrellevamos, pero sin una correcta evolución porque vamos a salto de mata. Tenemos una compañera en Marinaleda que cubre dos cupos, por lo que ve más de 70 pacientes al día”, explica el doctor del centro de salud de Estepa que pide preservar su identidad. La Junta advirtió a los médicos que serían sancionados por hablar con la prensa, para así evitar las noticias críticas con su gestión sanitaria. Serrano minimiza el problema: “El incumplimiento del pacto [con los sindicatos] no es ilegal ni tampoco irregular. El problema sería si todos los días [los médicos] vieran más de 60 pacientes”.

La reunión de los 24 alcaldes el pasado jueves estaba preñada de frustración y rabia, también de alcaldes del PP, como la regidora de Écija, Silvia Heredia: “Todo es una cuestión de dinero para cambiar las condiciones laborales de los médicos, un problema que tiene el sistema sanitario andaluz hace mucho tiempo”. Daba la impresión de que el vaso de la paciencia se ha desbordado para estos regidores. “De 41 médicos, tenemos 17 y cinco han pedido el traslado. ¡Nos quedaremos con 12! Es un cáncer que se extiende y debemos pasar a la acción”, animaba José Ramón Parrado, alcalde de Casariche (IU).

Los alcaldes y concejales reunidos en Osuna, el pasado jueves. / CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE OSUNA
Los alcaldes y concejales reunidos en Osuna, el pasado jueves. / CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

Al menos en cinco de los 24 municipios se producen concentraciones semanales para protestar por el deterioro progresivo de su sanidad, donde no llega la medicina privada y no hay alternativa. A pesar de ello, el sector privado de la sanidad sigue avanzando en Andalucía, donde los ciudadanos asegurados crecieron un 20% de 2018 a 2023 hasta alcanzar los 1,8 millones del total de 8,5 millones. Los conciertos del Gobierno de Juan Manuel Moreno con la sanidad privada también están al alza y en 2024 ya suman 579 millones.

La Junta asegura que trabaja en un nuevo decreto para que los médicos de familia destinados a las 94 zonas calificadas de difícil cobertura, alejadas de los núcleos urbanos y mal comunicadas, tengan más puntos en la bolsa de trabajo y 150 euros más en su sueldo mensual. Pero no está claro cuándo estará listo dicho decreto y si llegará a tiempo para salvar la crítica situación del sureste sevillano, reconoce Serrano.

Blas Nogales tiene un hijo de 25 años con déficit de atención y retraso madurativo al que anulan citas y “cambian de psiquiatra todo el tiempo”. “Es una inestabilidad enorme porque mi hijo toma seis pastillas al día varias veces y engorda y adelgaza de peso, por lo que hay que cambiarles la dosis y los padres no somos psiquiatras. En mi última queja avisé de que culparía al presidente de la Junta si pasaba algo, porque pondría una denuncia judicial. Me mandaron una excelente carta de disculpa, pero me han vuelto a anular la última cita”, relata con sabor amargo.

En el mermado centro de salud de Osuna el último episodio que agravó la situación sucedió hace un mes y medio, cuando un usuario agredió física y verbalmente a una médica, que desde entonces está de baja, víctima de la crispación con brotes violentos que recaen sobre los facultativos. Marea Blanca culpa a la Junta de “un proceso de recortes salvajes en hospitales comarcales, además de en la atención primaria”, extendido por toda la región. En el área de Campiña Sur en Córdoba, con seis municipios, la situación “está cada vez peor”, denuncia la portavoz Mari Carmen Moreno. “En el hospital de Montilla están cerrando consultas. Ni las bajas ni las vacaciones están siendo sustituidas, igual que en el de Cabra y Puente Genil”, ilustra.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.
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