“Les interesa lo suyo y sus propios intereses y, mientras, desmantelan la sanidad pública”

“Nada ha mejorado, todo ha ido a peor”. Era la conclusión generalizada de los miles de andaluces que el pasado 28 de octubre se manifestaron en toda la comunidad en contra del deterioro de su sanidad pública. Seis meses después, en la cuarta marcha convocada por Marea Blanca en todas las capitales de la región esa reflexión se repite entre la miriada de asistentes, pero al hartazgo por seguir esperando 20 días para tener cita con el médico de cabecera o por seguir sin pediatras en los centros de salud de las zonas rurales, se ha sumado este domingo la indignación por el anuncio de nuevos contratos con la privada para reducir unas listas de espera quirúrgicas disparadas y la rabia en plena resaca del intento de uno de los principales responsables de ese caos, el exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán. de fichar por la aseguradora Asisa. “¡Qué poca vergüenza! Les interesa lo suyo, sus propios intereses, ni los ciudadanos y mientras desmantelan la sanidad pública”, se lamentaba con una sonrisa de circunstancias Andrea, paciente de la sanidad pública en la manifestación de la capital andaluza.

Ella era una de las 2.500 personas que han asistido a la marcha de Sevilla y que se suman a las 5.000 de Granada (la más multitudinaria), las 1.650 de Málaga, las 1.500 de Córdoba, la 1.100 de Jaén, las 975 de Cádiz y las 400 de Almería, según los datos facilitados por la Policía Nacional y trasladados por la Delegación del Gobierno. El portavoz de Marea Blanca, Sebastián Martín Recio resumía las razones para esta movilización ―la cuarta desde que el popular obtuvo la mayoría absoluta en 2022― a la que también se han sumado formaciones políticas como PSOE, Sumar o Adelante Andalucía, los sindicatos CC OO y UGT y la organización de consumidores Facua: “Existe una estrategia dirigida a potenciar la sanidad privada a expensas del deterioro de los servicios públicos”, haseñalado, en referencia a los millones derivados a conciertos con entidades privadas para tratar de atajar unas listas de espera quirúrgicas disparadas.

La Junta de Andalucía anunció a principios de octubre de 2023 la firma de dos macroconciertos de 734 millones con la sanidad privada para atajar las listas de espera, cuyas cifras llevaban entonces sin publicarse un año. Ese acuerdo millonario fue la diana de las terceras manifestaciones de Marea Blanca a finales de ese mes. En diciembre se conocía que más de un millón de andaluces estaba a la espera de una cita con especialista o de una operación quirúrgica, los peores datos desde que se recogen esas cifras. En febrero, ante la imposibilidad de sacar adelante esos macroconciertos, la Consejería de Salud anunciaba que se destinarían 283 millones de euros para aliviar esas listas de espera, y que el 42% de esa cantidad se distribuiría en contratos a dedos con entidades privadas.

“Se está trasladando una desconfianza hacia la capacidad de la sanidad pública, dando a entender que solo a través de la privada se pueden resolver los problemas y eso genera una dependencia del sector privado”, enfatizaba Martín Recio. Sergio García, radiofísico del Hospital Virgen del Rocío y miembro de la Asociación Defensa de la Sanidad Pública, ilustraba de manera fáctica las afirmaciones del portavoz de Marea, mientras iba de la mano de su hijo en la manifestación de Sevilla: “Mientras se destinan 200 millones a la privada para reducir las listas de espera, en el Virgen del Rocío han aprobado un recorte de 13 millones de euros en persona. Cada vez se dedican más recursos a la privada y menos a la pública”.

García también se muestra indignado por el intento de fichaje del ex número dos de Salud por Asisa, aplazado hasta agosto después de que la Junta, tras el revuelo generado por este intento de puerta giratoria, determinara en un informe que su paso al sector privado antes del 29 de julio incurría en incompatibilidad por los contratos que esté había suscrito con el grupo asegurador cuando él era gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Estoy indignado, pero es lo normal. Son comisionistas que trabajan para la privada y que los meten en la pública para fortalecer al sector privado, mientras recortan en la pública”, sostenía.

El mismo enfado mostraba Pepi Ramos, ama de casa de 60 años. Como muchos de los manifestantes de Sevilla ella viene desde un pueblo de la provincia, donde la falta de médicos y el tiempo de espera para coger cita no ha parado de agravarse desde la pandemia. Ella vive en Trajano (800 vecinos), una pedanía de Utrera (51.402 habitantes). “No tenemos pediatra [en Andalucía casi medio millón de menores de 14 años, el 39% del total, no tienen pediatra asignado, según las cifras del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía], solo disponemos de médico dos horas al día, como tardamos entre 12 y 20 días en que te vea, pues nos vamos por urgencias, y el pobre tiene que echar horas extra”, explica. Ella no puede pagarse un seguro privado porque no tiene “poder adquisitivo”. Remedios y Joaquín, un matrimonio de Sevilla, sí han tenido que recurrir al seguro para atender “un asunto médico que no podía espera. Y eso que somos contrarios, pero no había más remedio”. Desde 2019 y hasta 2022 el mercado se seguros en la comunidad se ha incrementado del 19,55% al 22,09%.

Abandono de profesionales y usuarios

El Gobierno andaluz es consciente de que la percepción de la sanidad por parte de los ciudadanos se penaliza en las urnas, pero fuentes del PP sostienen que el descontento no es generalizado y que depende del distrito sanitario en el que se viva. Los andaluces, sin embargo, son los más disgustados del país con su sistema público de salud, según el último Barómetro sanitario del CIS de 2023. Sus usuarios le conceden un 5,85 de nota, por debajo de la media española que es del 6,27. Las cifras son peores que cuando Juan Manuel Moreno llegó a la Junta de Andalucía. En 2018, la puntuación era del 6,15 y la estatal del 6,27.

Una percepción que también comparten los profesionales sanitarios. “Llevo 40 años en el SAS y nunca había tenido que esperar 20 días para ser atendido ni se había privatizado la salud mental”, indica Luis González, médico psiquiatra desde la manifestación de Sevilla. “Más que un problema de privatización, es un problema de desmantelamiento de lo público. Los profesionales nos sentimos abandonados por la salud pública, pero también los usuarios”, advierte. González también cuestiona la justificación que el Gobierno andaluz da al problema de la sanidad pública: la falta de médicos. “Hay más médicos que antes, el problema es que el sistema público es incapaz de retenerlo con contrarios de corta duración y malos salarios”.

Él, como Remedios y Joaquín o Ramos, o Sofía Sánchez, de Espartinas, o Mari Carmen de Estepa, han acudido a las cuatro manifestaciones organizadas por Marea Blanca. “Solo están pendientes de sus intereses, la sanidad privada para los amigos y la pública para los que no podemos pagarnos otra cosa”, opinaba Sánchez. “El Gobierno puede no querer enterarse, pero sí se enteran los pacientes y los profesionales”, advertía Nuria López, secretaria general de CC OO en Andalucía. “Si no nos atiende está demostrando una torpeza política que le va a costar caro”, advertía Martín Recio.