La Junta de Andalucía se ve obligada a rectificar el contrato millonario para concertar pruebas con la sanidad privada

La Junta de Andalucía se ha visto obligada a rectificar el contrato de poco más de 200 millones de euros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para concertar distintos servicios con la sanidad privada y aligerar las listas de espera, que se han disparado en el último año y medio. La consejera de Salud, Catalina García, reconoció este lunes que deberá redactarse un nuevo pliego para corregir las “infracciones legales insubsanables” destacadas en un fallo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Administración autónoma que acordó la anulación del procedimiento de adjudicación, aviniéndose al recurso presentado por una empresa de radiodiagnóstico cordobesa.

La redacción del nuevo pliego, conforme a las modificaciones propuestas por el tribunal que controla los contratos de la Junta, se espera que esté lista y que se saque a licitación la próxima semana, según sostuvo la consejera. Esta rectificación, que afecta únicamente a la contratación del servicio de asistencia sanitaria para pruebas diagnósticas a usuarios del SAS en centros sanitarios y servicios privados de Andalucía y provincias limítrofes de otras comunidades autónomas, retrasará en unos 20 días la tramitación del acuerdo marco que asciende a 734 millones de euros, y que incluye también la derivación de las pruebas quirúrgicas, que no ha sufrido alteraciones, puntualizan fuentes de la Consejería de Salud. El nuevo contrato mantendrá el mismo valor estimado total que el que contenía anomalías y ha sido anulado: 201.111.854 euros.

Este revés —que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS hizo público el pasado 23 de noviembre, 13 días después de que el tribunal administrativo dictase su resolución contraria a los pliegos que regulaban los conciertos para pruebas diagnósticas con entidades privadas― llega menos de una semana después de que la oposición (salvo Vox) reclamara la dimisión de la consejera de Salud tras conocerse que más de un millón de andaluces estaban en lista de espera. Los datos, que se conocieron con un año y medio de retraso porque, por “un problema técnico”, la Junta no los actualizó desde junio del año pasado, son especialmente preocupantes en el caso de los pacientes que llevan más de un año esperando a ser operados, que se han triplicado.

La Junta se anticipó a las cifras y a principios de octubre dio a conocer que iba a conceder dos contratos públicos por 734 millones para que la sanidad privada realice operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en los próximos cuatro años, a partir de 2024 y reducir así la abultada lista de espera. Desde el Gobierno andaluz se ha justificado el incremento de los pacientes que esperan cita para pasar por el quirófano en la falta de médicos y en las consecuencias de la covid, pero los sindicatos apuntan directamente a la mala gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno y ponen precisamente a ese aumento en las listas de espera como ejemplo de que las políticas de derivación de pacientes a la sanidad privada no contribuye a resolver el problema

La modificación de los pliegos a la que viene obligada la Junta tiene su origen el recurso interpuesto por la entidad Resonancia Abierta de Córdoba contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el acuerdo marco para la concertación de los servicios de pruebas diagnósticas. La empresa ha declinado hacer alguna valoración sobre la decisión adoptada por el tribunal administrativo, que primero aceptó la medida cautelar de suspensión del procedimiento solicitada por ella y que después lo declaró nulo. En ese pliego, que ahora se rectificará, se incluye la adjudicación de un total de 34 lotes, por el citado importe de 201 millones de euros.

La recurrente tampoco ha querido explicar qué términos de la licitación consideraba contrarios a la legislación, pero el hecho de que el tribunal administrativo haya anulado el contrato ha dado más munición a los partidos políticos y los sindicatos del sector en sus críticas hacia la gestión de la sanidad por parte del Gobierno andaluz. El líder de la oposición, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, interpelaba al presidente andaluz en su cuenta de X: “Señor Moreno, ¿esta resolución que tumba ‘por defectos legales insubsanables’ su plan de conciertos privados es un nuevo ‘error técnico’ de su gestión de la sanidad pública andaluza?”, para luego pedirle, en unas declaraciones a la cadena Ser, que fue quien adelantó la información, que “dejara de transferir recursos a la sanidad privada e invierta esos fondos en nuestra sanidad pública”.

En términos similares se ha manifestado Antonio Macías, responsable del área de Sanidad de UGT en Andalucía: “Son 200 millones que se podrían destinar directamente a la sanidad pública para reducir las listas de espera, pero es dinero que va a regar a las empresas privadas”. “La anulación del contrato demuestra, además, que no solo no saben gestionar la sanidad pública, es que tampoco saben gestionar las ayudas que dan a los empresarios privados”, abunda.