Sí habrá Feria de Abril para los socios que han perdido sus casetas por dos sentencias

Las 70 familias que han sido desposeídas recientemente de las tres casetas del recinto ferial de Sevilla de las que venían disfrutando desde 2022, en virtud de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se las han devuelto a su anterior propietaria, podrán disfrutar de la Feria de Abril de este año. Así lo han decidido los jueces del alto tribunal andaluz, que han desestimado la ejecución provisional que había pedido la parte que ganó los pleitos por entender que “la inminencia de la celebración” del evento —comienza el 14 de abril— provocaría “perjuicios irreparables” a los actuales socios. Estos han pagado ya las tasas preceptivas para la renovación del uso de los recintos y han realizado el desembolso económico que requieren los preparativos de montaje, bar, seguridad o actuaciones musicales.

“Este año de momento estamos tranquilos”, explica a este diario Rafael Labat, abogado y socio de la caseta 173. Labat se muestra menos seguro de lo que pueda pasar el siguiente. La sentencia que les arrebata la caseta es susceptible de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, un paso que los propietarios de todos los módulos afectados están esperando que dé el Ayuntamiento porque eso les facilitaría a ellos litigar ante el alto tribunal. El consistorio aún no ha confirmado que lo vaya a hacer. “Si se recurre no creo que la resolución esté antes de la próxima feria, en cuyo caso, si se vuelve a pedir la ejecución provisional, el Ayuntamiento tendría que ver cómo resuelve”, añade el letrado.

Los magistrados que integran la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla —los mismos que dictaron la primera sentencia que devolvía la caseta 173 de la calle Juan Belmonte a sus anteriores propietarios— dan la razón en este caso al Ayuntamiento y a los socios de la caseta desde hace dos años. El consistorio de Sevilla fue quien en 2022 desposeyó a la familia recurrente de la caseta de tres módulos por no haber presentado la renovación de la licencia dentro del plazo previsto en la Ordenanza Municipal que regula la Feria de Abril (OMFA), y la distribuyó entre tres socios que estaban en la lista de espera para obtener caseta. Para evitar ahora la ejecución del fallo, el Ayuntamiento alegó cuestiones procesales, como que la sala carecía de competencia para resolver y que no podía ejecutarse por estar pendiente el recurso de casación ante el Supremo.

La Administración local también planteó cuestiones de fondo. Entre ellas, que la caseta 173 de la calle Juan Belmonte fue adjudicada a la entidad que le correspondía según la lista de espera, que había renovado su solicitud y abonado las tasas para la feria de este año, que “a estas alturas del año los titulares de casetas ya han concertado todos los contratos necesarios para el evento” y que “la salida de dicha entidad le causaría un perjuicio grave evidente, toda vez que habría de resolver todos esos contratos y compromisos, con las correspondientes consecuencias jurídicas y económicas”. El abogado que representa a esa caseta argumentaba, en la misma línea, que en la resolución oficial del Ayuntamiento publicada oficialmente el 4 de marzo de 2024, ellos aparecían como titulares de la licencia municipal y cifraba los gastos generados y ya comprometidos en 40.000 euros. También recordaba que el perjuicio económico no solo alcanzaría a las tres casetas objeto de litigio, sino a las ocho que fueron adjudicadas en 2023 y que debieron ceder su posición en beneficio de las citadas tres casetas.

La familia que pidió la ejecución provisional esgrimió, por su parte, que ya “había soportado el daño personal de no haber tenido la caseta de feria a su disposición los últimos años”. El tribunal rechaza los argumentos procesales del consistorio y los titulares de la caseta 173, pero sí admite que la ejecución provisional les “produciría perjuicios colaterales irreparables a la fecha en la que estamos” y señala que esa medida no podrá acordarse “cuando sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación”.

El fallo solo se refiere a la caseta 173, la primera en recibir la sentencia que acordaba devolver la titularidad a la anterior familia propietaria, dictada el pasado 22 de febrero, y la única sobre la que se ha pedido la ejecución provisional, según confirman los abogados de las otras dos casetas, la 175 y la 177, que recibieron un fallo en similares términos, aunque dictado por otra sección, el 13 de marzo. En la primera sentencia se daba la razón a la familia que había perdido su caseta en 2022 por no haber presentado dentro del plazo previsto la renovación de la licencia, alegando que el Ayuntamiento, durante los años de la pandemia en los que no hubo feria, suspendió los plazos estipulados para realizar los trámites, y se comprometió a informar de los nuevos plazos por vía telemática.

El TSJA considera que el consistorio “indujo a error” a esta familia. “La expresa manifestación de la Administración de que hará esta comunicación por correo electrónico, no puede ser desconocida o retirada si no es contrariando y vulnerando la doctrina de los actos propios”, señalaban los jueces. A la alegación del Ayuntamiento de que la pérdida de la caseta se debía a la negligencia de la antigua propietaria, puesto que el resto de titulares de la casetas de la feria sí habían renovado en tiempo y forma, la sala respondió que “el hecho de que haya un número ínfimo de solicitantes que no hayan seguido la conducta previsible de abono en el nuevo plazo, frente a los que abrumadoramente sí lo hayan observado, no desmerece que haya podido padecer el recurrente un error generado desde la Administración”.

Posible solución

Semanas después, la sección que debía resolver sobre los recursos interpuestos sobre las casetas 175 y 177 —distinta de la que dictó la anterior, pero en la que se encontraba el mismo ponente, Victoriano Valpuesta― se adhirió a los mismos argumentos para fallar en contra de los actuales propietarios. Una circunstancia que podría generar precedentes y favorecer la recuperación de las casetas a las familias que las perdieron durante la pandemia por presentar los pagos de las tasas o la renovación de las licencias fuera de plazo.

“Vamos a tratar de que el año que viene podamos seguir disfrutando nosotros de la caseta”, explica un socio de Juan Belmonte 177, que también se vería beneficiada del rechazo a la ejecución provisional solicitada para sus vecinos de la 173. Mientras esperan a ver si el Ayuntamiento recurre al Supremo, Labat se plantea distintos escenarios para la feria de 2025. Entre ellos, en el caso de que no se haya resuelto la casación o ese recurso no prosperara, baraja la opción de que el consistorio les otorgue una de las 300 casetas con las que el alcalde se ha comprometido a ampliar el recinto ferial, precisamente para dar salida a unas listas de espera de una media de 30 años. “Lo hemos hablado con el Ayuntamiento, pero no sabemos nada”, apunta. Aunque con una mirada en el futuro, lo que toca ahora es apurar esta feria.