Otro juez ordena devolver dos casetas más de la Feria de Sevilla a una misma familia

Los peores presagios de los socios de las casetas 175 y 177 de la calle Juan Belmonte del recinto ferial de Sevilla se han cumplido. La Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor de una conocida familia de la capital hispalense que perdió su caseta, de tres módulos, en 2022 por haber presentado fuera del plazo que marca la ordenanza municipal que regula la Feria de Abril la renovación de la licencia. Se adhiere así a la sentencia que el pasado 22 de febrero había dictado el mismo tribunal en relación con la caseta 173 en la que ordenaba su devolución a los recurrentes por entender que el Ayuntamiento de la capital andaluza les había inducido a error al haberse comprometido a informar de los tiempos para presentar los trámites por correo electrónico.

Esta nueva sentencia, que asume toda la argumentación de la anterior, se dictó el pasado 13 de marzo, una premura que sorprende a las familias afectadas ―alrededor de 70 entre las tres casetas―. “Está claro que quieren que salga antes de que empiece la feria [el 14 de abril]”, dice el presidente de la caseta 177, Alberto Pérez. Esta rapidez puede, no obstante, jugar a favor de los afectados, porque las fechas, en este caso, son importantes, tal y como detalla Arantxa García, abogada de la caseta 175.

“Esta sentencia es nula”, advierte. García explica que los socios de los módulos 175 y 177 recurrieron en reposición el 12 de marzo ―un día antes de que se redactara la sentencia que les afecta― la decisión de incorporar en el expediente de su caso el fallo contrario a la caseta 173 de 22 de febrero, al que ha tenido acceso este diario. “No solo no se resuelve ese recurso, sino que el 13 de marzo, el mismo día en el que está dictada la nueva sentencia, el presidente del Tribunal, Victoriano Valpuetsa, firma una providencia en la que señala para ese mismo día la votación y fallo de la que nos afecta”, indica García

La letrada también llama la atención sobre el hecho de que el presidente del Tribunal fuera el ponente de la primera sentencia y forme parte de la que ha dictado el segundo fallo, que asume los argumentos, y que en esta ocasión firma Carlos Martins Pires. García ya ha confirmado a este diario que van a pedir la nulidad del fallo y que irán en casación hasta el Tribunal Supremo.

Más allá de las irregularidades procesales ―de ”atropello judicial”, lo define García― y de fondo que pueda tener esta última sentencia, el fallo confirma que la resolución del TSJA sienta un precedente que puede alterar el statu quo no solo del reparto de las casetas sino de los recursos que, como señaló un portavoz municipal a este diario: “Nunca habían prosperado hasta ahora”.

El consistorio puntualiza que este caso en concreto se circunscribe a la época de la pandemia, en la que la Feria se suspendió. En 2020 y 2021, la Delegación de Fiestas Mayores remitió a los socios un correo electrónico en el que advertía de que se suspendía el plazo de presentación de solicitudes “hasta nueva orden”. Esta precisión y el hecho de que el consistorio también informara de que “también remitirá un escrito a todos los titulares de las casetas comunicando la apertura de plazo de solicitudes para la próxima Feria a través de correo electrónico”, es lo que justifica, a juicio de los magistrados del TSJA, que la familia recurrente hubiera estado esperando ese correo electrónico con los plazos, que están recogidos en la Ordenanza Municipal de la Feria de Abril.

“Esto entonces abriría la puerta a que nadie pagara el IBI, porque siempre hay una comunicación previa por parte del Ayuntamiento, pero el no recibirla no exime del pago”, alega Javier Talegón, abogado de la caseta 177 y que tiene muy claro que en este caso se está poniendo “por delante del cumplimiento de la ley, un uso y costumbre que además perjudica el interés general sobre el particular”.

A los socios de las casetas les preocupa la aparente pasividad del Ayuntamiento, que no ha anunciado todavía que vaya a recurrir en casación ante el Supremo, dado que la sentencia va en contra de la decisión de quitarle la propiedad de una caseta a sus propietarios por haber presentado la solicitud de renovación dos días después de finalizado el plazo legal. Hacerlo allanaría el camino para las familias a las que se les concedieron los tres módulos que tenía la caseta original, puesto que este trámite no es precisamente barato. “Queremos que el Ayuntamiento se tome esto en serio”, reclama García. “No queremos que nos reúna con técnicos, queremos sentarnos con los responsables del servicio jurídico”, añade.

Antes que la casación al Supremo, está la posibilidad de que la ejecución de una sentencia, que todavía no es firme, se realice antes de que empiecen las fiestas. De hecho, la familia ganadora ya la ha pedido para el caso de la caseta 173. “Perder la caseta a las puertas de la Feria sería un drama”, señala Pérez. Entre las tres casetas se habría desembolsado ya unos 120.000 euros solo en contratar catering, grupos de música, decoración, según el escrito de oposición a la ejecución de la sentencia presentada por los socios de la 173. “Hay colegas que viven en el extranjero y que ya han comprado el billete para venirse”, abunda. “Estamos en vilo”, añade. Por los plazos de resolución, la decisión final podría producirse el mismo lunes de Feria, calculan, lo que supondría poner patas arriba la organización de las casetas.

En este caso, el Ayuntamiento sí ha presentado escrito de oposición a la ejecución provisional de la sentencia que afecta a la caseta 173. Quien coloque la pañoleta ―el frontal de las casetas que las identifica a cada una― está siendo escrutado por miles de familias. Las que obtuvieron la suya en los últimos años, precisamente porque otros la perdieron por no pagar o presentar la renovación a tiempo, como el caso de Encarna Vega y sus 12 hermanos ―que después de 42 años de disfrutar de la suya, la perdieron en 2020 por no pagar a tiempo― y las 1.385 que están en lista de espera, tanto de familias como de entidades, con una media de 30 años, como la de los socios de la 177, que estuvieron 29 años en la cola.